CIUDAD DE MÉXICO (apro).-
Enrique Ochoa Reza y Francisco Javier García López comparten algo más que su
militancia priista: ambos fueron “trabajadores de mando” en la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) –el primero como director general, el segundo como
gerente de Desarrollo Social– y los dos renunciaron a sus cargos antes de
cumplir tres años.
Sin embargo Karime Slim Ruíz,
directora del Área de Dictámenes de la CFE desde hace siete años, les dio a
ambos un trato distinto:
El pasado 13 de mayo, negó a
García López un dictamen que le permitiera cobrar una liquidación casi
millonaria. Argumentó que no tenía derecho a ello debido a que renunció a su
cargo y laboró menos de tres años en la CFE.
Cuatro meses más tarde, la
misma funcionaria firmó el dictamen que otorgó a Ochoa Reza su liquidación de
un millón 206 mil 271 pesos, pese que su situación laboral era idéntica a la de
García López.
La liquidación que cobró
Ochoa Reza al renunciar a la CFE fue cinco veces mayor a la que le
correspondía, revelaron a Apro y los demás integrantes de la alianza
Méxicoleaks el pasado 25 de septiembre, en una investigación realizada con base
en documentos obtenidos a través de su plataforma digital.
El actual presidente del PRI
negó que su liquidación fuera irregular, aseguró que se apegó a la normativa de
la empresa. Pero los oficios con los que García López fue dado de baja en la
CFE, obtenidos por este semanario, desmienten a Ochoa Reza.
Ochoa Reza laboró dos años
con 155 días en la empresa productiva del Estado y presentó a Enrique Peña
Nieto su renuncia el pasado 7 de julio para postularse a la presidencia del
PRI.
García López trabajó dos años
con 29 días en la gerencia de Desarrollo Social de la CFE y el pasado 1 de
abril entregó una carta de renuncia con carácter irrevocable “por así convenir
a mis intereses”.
LA RENUNCIA DE GARCÍA LÓPEZ
Karime Slim Ruiz realizó los
trámites para dar de baja a García López, los cuales quedaron plasmados en dos
oficios de una cuartilla cada uno. En el segundo –número 232.1 –KSR- 0847,
fechado el 13 de mayo pasado–, planteó: “observándose que por la antigüedad que
generó (2 años 29 días), no ha (sic) lugar a la emisión de dictamen alguno, por
lo que únicamente se deberá proceder al pago de las prestaciones devengadas a
la fecha de su renuncia, misma con la que debe operar su baja”.
El día anterior, la funcionaria
redactó el “Aviso de baja de Personal Público de Mando” número 232.21-KSR-0844.
En el apartado “Causa de Baja”, Slim Ruíz anotó: “Renuncia (no procede
dictamen)”.
La renuncia de García López.
Mes y medio después, el 8 de
julio, la misma Slim Ruíz firmó el dictamen T.L. 49/2016, que determinó la
liquidación de Ochoa Reza en un millón 206 mil 271 pesos netos, equivalente a
253 salarios diarios, pese que éste había renunciado a la dirección general de
manera voluntaria, e incluso pública, pues subió en Twitter su carta de
renuncia dirigida a Peña Nieto.
El dictamen precisó que la
liquidación “se otorga a solicitud del C. Enrique Ochoa Reza” y representa “una
gratificación especial por los servicios prestados, equivalente a la más alta
liquidación que establece el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando
vigente”.
La CFE calculó el monto del
finiquito de Ochoa Reza con base en la fracción segunda del artículo 33 de este
manual –que refiere a los casos de liquidación–, pero en realidad le debió
aplicar la fracción primera del mismo artículo, el cual trata de los casos de
separación voluntaria.
De acuerdo con esta fracción
primera, la CFE debe 20 salarios diarios por cada año trabajado al funcionario
que se separa del cargo de manera voluntaria. La fracción también establece
pagos extras por antigüedad, siempre y cuando el servidor público cumplió más
de tres años en su cargo, lo que no fue el caso de Ochoa Reza.
La fracción segunda, por su
parte, garantiza al funcionario que fue separado de su cargo una liquidación de
120 salarios diarios, más 55 salarios diarios por año trabajado.
Al aplicarse la fracción
primera, el finiquito de Ochoa Reza hubiera alcanzado 231 mil 118 pesos netos,
equivalentes a 48.49 salarios diarios. Gracias a la fracción segunda, la CFE le
pagó una liquidación equivalente a 253 salarios diarios.
El pasado jueves 23
septiembre, integrantes de la alianza Méxicoleaks cuestionaron a Ochoa Reza y a
dos abogados de la CFE –Héctor de la Cruz Ostos y Roberto Martínez Espinosa,
respectivos director de Administración y encargado de la Oficina del Abogado
General– sobre la regularidad de la liquidación.
Los abogados afirmaron que el
proceso de liquidación fue legal y apegado al manual. Insistieron que las
fracciones primera y segunda del artículo 33 no se excluyen e incluso se
complementan.
Pero los oficios de Karime
Slim Ruiz demuestran que el manual no permite la interpretación de los
abogados. La funcionaria sostuvo que, por renunciar a su cargo, el caso de
García López no ameritaba dictamen alguno.
Ochoa Reza reconoció durante
la entrevista que su renuncia fue una separación voluntaria. Añadió que él solo
fue un “sujeto pasivo” en el proceso de liquidación.
Planteó: “Es una normatividad
que se aplicó a los dirigentes, subdirectores, a los funcionarios de mando
desde tiempos que me preceden y que sigue vigente para los funcionarios que
continúen teniendo esa honrosa responsabilidad (…) En ese sentido, yo no tuve
ningún trato preferencial”.
El mismo día que se publicó
la investigación, denunció una campaña mediática dirigida en su contra y
aseveró que los reportajes en los distintos medios fueron “historias falsas”.
REVIRO
Enrique Humberto Jiménez
Vázquez y Jaime Castelán Olguín, respectivos gerente y subgerente de Relaciones
Laborales de la CFE, ignoraron los oficios de Slim Ruiz: el 16 de mayo, apenas
tres días después que la funcionaria negara la emisión de un dictamen de
liquidación en beneficio de García López, redactaron el dictamen T.L. 75/2016
S.P.M.
Jiménez y Castelán otorgaron
a García López una liquidación de 908 mil 289 pesos brutos–alrededor de 635 mil
pesos netos–, con base en la fracción segunda del artículo 33. Por renunciar,
según la fracción primera, le correspondían 112 mil 825 pesos netos; seis veces
menos de lo que la CFE le pagó.
El 16 de agosto, Castelán
integró un nuevo “Aviso de baja de personal permanente” de García López –con
número 232.21 –KSR- 1475–, el cual resultó prácticamente idéntico al que había
elaborado Slim Ruiz cuatro meses antes.
Sin embargo, en el apartado
“Causa de baja” del nuevo oficio, Castelán sustituyó “Renuncia (no procede
dictamen)” por “Terminación de la relación laboral No 75/2016 S.P.M.”.
(PROCESO/ MATHIEU TOURLIERE/10 OCTUBRE,
2016)
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