La investigación es dirigida por el
académico Sergio Aguayo, del Colegio de México
Los Zetas entraron a un municipio cerca
de la frontera con Texas en marzo del 2011. Foto Twitter.
CIUDAD DE MEXICO (AP) — La
venganza fue una de las más atroces que hayan cometido Los Zetas: en marzo de
2011, sicarios del grupo entraron a un municipio cerca de la frontera con Texas
donde vivía un supuesto traidor y, con el apoyo de la policía, secuestraron a
todos los que llevaban su apellido, incluidos mujeres y niños, y redujeron sus
cuerpos a ceniza.
No se sabe el número real de
víctimas de esa venganza, que oscila entre 42 y 300 desaparecidos según las
fuentes, pero un informe divulgado el domingo ofrece por primera vez una
versión avalada por una entidad federal sobre lo ocurrido en el municipio de
Allende, Coahuila, una masacre ignorada durante años.
La investigación, dirigida
por el académico Sergio Aguayo, del Colegio de México, con el apoyo de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y realizada por ocho personas,
se basa en documentos de la CEAV, la fiscalía de Coahuila, las comisiones
nacional y estatal de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de víctimas,
declaraciones públicas de detenidos ante autoridades estadounidenses y solicitudes
de acceso a la información.
Toma el caso de Allende y el
asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, un año antes, como
ejemplos de violencia extrema y desatención de las víctimas.
Se han registrado de 42 a 300
desaparecidos. Foto Twitter.
Ambos crímenes fueron
cometidos por Los Zetas, en zonas estratégicas para el control de las rutas
hacia Estados Unidos, en áreas ricas en gas y petróleo y en estados gobernados
ininterrumpidamente durante casi un siglo por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), donde imperan el miedo y el silencio impuestos por la violencia.
Lejos de ser hechos aislados,
las masacres revelan un mayor nivel de "barbarie" por parte de Los
Zetas y detallan sus vínculos con policías locales, la complicidad de los alcaldes
—"que eran en el mejor de los casos figuras decorativas"_, la
indiferencia y/o ineficiencia de los gobiernos estatal y federal ante los
crímenes y la "pasividad" de las fuerzas armadas ante la hegemonía
del cártel en determinados lugares, sostiene el documento.
Denuncia, además, la falta de
compromiso de las instituciones con la verdad, la única vía para llegar a la
justicia y para dar la debida atención a las víctimas. De ahí que su título sea
"En el desamparo", que es como se quedaron los afectados.
Los crímenes han sido cometidos en zonas
estratégicas para el control de las rutas a los Estados Unidos. Foto Twitter.
El caso de los 72 migrantes,
ocurrido en agosto de 2010, salió a la luz pública porque hubo dos
sobrevivientes —"cosa rara" apunta el informe— y se encontraron los
cadáveres. Que muchos fueran extranjeros lo hizo cobrar relevancia y las
autoridades se vieron obligadas a ofrecer algunas explicaciones, aunque la
Comisión Interamericana denunció en agosto de 2014 que la respuesta del estado
mexicano "osciló entre la indiferencia y la opacidad".
En Allende no hubo hallazgo
de cuerpos. La información comenzó a salir por cuentagotas solo años después.
El fin de semana del 18 al 20
de marzo de 2011, esta ciudad de 23.000 habitantes a 50 kilómetros de la
frontera con Texas fue escenario de una venganza ordenada por los hermanos
Miguel Angel y Omar Treviño —el Z40 y Z42, líderes de Los Zetas ahora
detenidos— contra tres supuestos traidores a los que acusaban de robarles entre
5 y 10 millones de dólares de tráfico de droga y de colaborar con Estados
Unidos. Los tres están presos en Estados Unidos; dos de ellos son testigos
protegidos de la agencia antidrogas, la DEA.
La primera vez que apareció
una mención a que hubo 300 víctimas de esa venganza fue en 2013, en la
declaración de un integrante de Los Zetas en un juzgado estadounidense.
La cifra se repite después
sin dejar claro si fue en un solo hecho o en varios. El expediente del caso de
la fiscalía de Coahuila tiene registradas 42 desapariciones: 26 ese fatídico
fin de semana, pero también incluye 16 ocurridas en otros momentos entre enero
de 2011 y agosto de 2012.
Faltan datos para poder
determinar el número real de víctimas, señala el informe.
Los Zetas llegaron a la zona
en 2004. La violencia se recrudeció en 2006 con la batalla frontal contra el
crimen organizado lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón y las
guerras fratricidas entre los propios cárteles.
Para 2010, Los Zetas tenían
control total del municipio de Allende y a su policía en nómina.
Ese fin de semana de 2011,
los sicarios recibieron la orden de "checar todos los domicilios de la
familia Garza (el apellido de uno de los supuestos traidores) porque los iban a
levantar (capturar) para matarlos". La policía, mientras tanto, tenía
orden de no patrullar ni atender llamadas de auxilio y "levantar a
cualquiera con apellido Garza para entregarlo a Los Zetas".
Según el informe, en 2011 el
cártel gastaba 61.500 pesos mensuales (menos de 4.800 dólares) en pagos a
policías que iban desde 20.000 pesos (1.500 dólares) del jefe, a los 500 (40
dólares) para los menos comprometidos. El sueldo medio de un agente es de unos
6.300 pesos, menos de 500 dólares.
Los Zetas tenían control total del
municipio de Allende. Foto Twitter.
A cambio, sus
"funciones" habituales eran "ignorar las denuncias"; avisar
si llegaban fuerzas de seguridad o sospechosos de otro cártel, dejar que los
Zetas entraran a la cárcel a sacar a personas o golpearlas; cobrar las
extorsiones y "levantar" a quien indicaran los criminales.
La búsqueda de todo aquel
apellidado Garza, mujeres y niños incluidos, la llevó a cabo ese fin de semana
un comando armado de al menos 60 personas. Policías y sicarios hacían las
detenciones y llevaban a la gente "a dos ranchos donde se concentraba a
los condenados".
Los Zetas incitaron a los
vecinos a robar las casas antes de incendiarlas y demolerlas con maquinaria
pesada. Fueron destruidas 32 casas y dos ranchos. En los ranchos, según
declaraciones de detenidos, era donde quemaban los cadáveres. A veces los
incineraban en toneles.
"Después de cinco o seis
horas se cocinaron los cuerpos (.) quedaba pura mantequilla". Echaron los
restos en una acequia y en un pozo para que "no se viera nada", dice
la confesión de un sicario.
Los maras se unieron a Los Zetas. Foto
Twitter.
El documento del Colegio de
México subraya que esas 49 horas fueron solo un episodio de una "oleada de
violencia" no investigada a fondo que llegó a otros municipios y se
prolongó en el tiempo. Pone como ejemplo la desaparición de cuatro Garzas —una
pareja y sus dos hijos— un año después.
Pese a la gravedad de lo
ocurrido, el caso "fue ignorado" por las autoridades entre 2011 y
2013. Ningún perito de la fiscalía del estado acudió a Allende hasta 2014,
constata el documento.
La investigación critica,
además, la "opacidad" de Estados Unidos que, "rehúsa compartir
información" con Coahuila de sus testigos protegidos. La fiscalía federal
mexicana tampoco quiso aportar datos al informe.
El documento también denuncia
las nulas consecuencias de las recomendaciones del ombudsman mexicano sobre el
caso y la falta de acción de la Comisión de Víctimas.
Sergio Aguayo adelantó que
iniciarán una nueva fase de investigación para entender mejor a Los Zetas, el
papel de los gobiernos de Coahuila previos a los hechos, y para saber qué hizo
la sociedad para resistir cuando "el estado abandonó a las víctimas".
El actual gobernador de
Coahuila, Rubén Moreira, en el poder desde diciembre de 2011, ha avanzado algo
al reconocer la gravedad de los hechos y comenzar a investigar, pero "no
le da prioridad al derecho a la verdad" y a explicar el porqué de la
masacre, indica el documento.
Según los últimos datos del
gobierno federal, Coahuila tiene 1.618 desaparecidos. Las autoridades han
encontrado en los últimos años fragmentos óseos en diversos ranchos que podrían
ser resultado de prácticas como la descrita en Allende. Incluso han reconocido
a la prensa local que los Zetas calcinaban a personas en la cárcel de Piedras
Negras, la frontera más cercana a Allende, aunque hay mucha imprecisión sobre
estos sucesos.
Algunas madres de
desaparecidos en el estado presentes en la presentación del informe cerraron el
acto con reclamos.
"SÍ hay manera de que
nos regresen a nuestros hijos: buscándolos", gritó Yolanda Morán, madre de
un desaparecido en 2008. "Hay mucha simulación. No hacen investigaciones,
no salen a buscar, no identifican los restos que encuentran".
El poeta y activista Javier
Sicilia, asesor de la investigación, destacó la importancia del informe por su
independencia y porque "es la expresión de lo que sucede en todo el
país", masacres que no son hechos aislados.
En México hay oficialmente
27.887 desaparecidos. Las organizaciones de víctimas aseguran que las cifras
reales son mucho mayores.
Mariclaire Acosta, otra
destacada activista resumía así el trabajo que también asesoró: "Se están
poniendo de manifiesto los mecanismos de la impunidad" en México.
(EL DEBATE/REDACCION/ 09 DE OCTUBRE 2016)
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