La organización de padres de
niños fallecidos y lesionados, Manos Unidas, presentó una denuncia ante la
Procuraduría General de la República (PGR) al conocer que dos dueños de la
guardería ABC fueron condenados a 28 años de cárcel con base en un oficio del
IMSS falso.
El abogado de la
organización, Gabriel Alvarado, informó que la denuncia fue presentada el 30 de
agosto ante la Oficina de la Procuradora Arely Gómez, en contra del
exgobernador Eduardo Bours y del ex procurador estatal, Abel Murrieta. En entrevista,
explicó que ambos tenían a su cargo la investigación del incendio que provocó
la muerte de 49 menores el 5 de junio de 2009, por lo que serían responsables
de delitos en contra de la administración de justicia, por la alteración del
lugar de los hechos y la falsificación de documentos.
"Este oficio fue
utilizado únicamente y exclusivamente como para que se fincara o inculpara al
personal del IMSS", acusó Alvarado. "El procurador Abel Murrieta
hacía ver que todo el peso de la tragedia debía recaer sobre el personal del
Instituto (Mexicano del Seguro Social) y de los socios propietarios, y dejaba
de lado todo lo que tuviera que ver con el estado". El pasado 13 de mayo,
un juez de Hermosillo dictó 28 años de cárcel a Sandra Téllez Nieves y Antonio
Salido, ex representante legal y ex administrador de la guardería,
respectivamente, por homicidio y lesiones culposas en agravio de las 87
víctimas.
También condenó a otros 17
implicados, entre ellos funcionarios del gobierno estatal y municipal así como
autoridades de la delegación del IMSS. Según la defensa de los ex socios, pese
a que un juez comprobó que el oficio 23180, con fecha de 26 de julio de 2005 y
en el que se enlistaba una serie de indicaciones para mejorar las condiciones
de seguridad de un inmueble, era falso, el documento sirvió para inculpar a los
empresarios y a cuatro ex funcionarios del Seguro Social.
Alvarado recordó que el
incendio se originó en la bodega contigua, donde la Secretaría de Hacienda
estatal guardaba archivo muerto.
El oficio, consideró, sirvió
como un factor de distracción de las investigaciones, para evitar acusaciones
contra el Gobierno estatal por un posible incendio provocado para eliminar
documentos oficiales. El abogado señaló que desde las primeras diligencias que
llevó a cabo el Ministerio Público estatal existieron irregularidades.
Narró que al dar fe sobre el
portón de acceso a la bodega, el MP dijo que estaba totalmente cerrado. No
obstante, declaraciones de bomberos establecen que el portón fue abatido por
una máquina retroexcavadora, gracias a lo cual ingresaron a la bodega sin hacer
ninguna acción de fuerza.
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Redacción
/ El siglo de Torreón/ 2016-09-13)
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