Aristegui / Ciudad de
México.- Un video enviado a este Sitio a través de Mexicoleaks muestra a
Silverio Rodríguez Martínez siendo asfixiado y sometido por presuntos agentes
de la Procuraduría General de Justicia del Estados de México, uno de los cuales
se habría incorporado, posteriormente, como agente en la PGR. Aristegui
Noticias solicitó a la PGR confirmar la identidad de dicho agente. Aunque dicha
confirmación hasta el momento no ha ocurrido oficialmente, la PGR informó a
este medio que el agente Pedro Velazco Estrada fue separado de su cargo ayer
por"... sospechas en la comisión del delito".
Sebastián Barragán y Rafael Cabrera /
Unidad investigaciones especiales
Elementos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México (PGJEM) torturaron a un hombre acusado
de los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo cuya detención
se anunció en abril de 2014.
Un video enviado a Aristegui
Noticias mediante Mexicoleaks, la plataforma segura para compartir información
entre ciudadanos y periodistas, muestra al detenido siendo asfixiado con una
bolsa de plástico en la cabeza y sometido por varios agentes judiciales
mexiquenses.
La persona anónima que envió
el video señaló la identidad de un elemento de la PGJEM del área de
inteligencia, Pedro Velazco Estrada, quien desde agosto de 2015 fue contratado
por la Procuraduría General de la República (PGR).
El pasado jueves en la noche,
la PGR informó a este medio que no podía corroborar la identidad del
funcionario debido a que no tenía registros gráficos de él y a que necesitaba
un peritaje para hacerlo. Sin embargo, la noche de este viernes informó que lo
había separado de su cargo ante la sospecha de que estuviera involucrado en
este crimen.
Velazco Estrada fue director
de Operaciones Especiales de la Procuraduría mexiquense entre 2009 y 2015. En
agosto de 2015 fue registrado como director de área de la Policía Federal
Ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR), según se aprecia
en su declaración patrimonial.
La víctima de tortura es
Silverio Rodríguez Martínez, quien fue presentado por la Procuraduría
mexiquense como miembro de una banda de al menos 12 sujetos que delinquía en
los municipios de Jilotepec y Chapa de Mota, el 9 de abril de 2014.
La captura del presunto delincuente
fue anunciada por el entonces procurador del Estado de México, Miguel Ángel
Contreras Nieto, en conferencia de prensa en la ciudad de Toluca.
El procurador presentó una
foto del presunto delincuente escoltado por dos policías ministeriales. En la
imagen llevaba una camisa azul de manga corta abrochada sólo de un botón a la
altura del pecho.
En el video que recibió
Aristegui Noticias se aprecia al mismo hombre sentado y esposado con las manos
en la espalda en una pequeña oficina; viste la misma camisa e igualmente
abotonada. Frente a él se aprecia un escritorio y lo rodean al menos seis
funcionarios de la procuraduría mexiquense.
Uno de los servidores
públicos, alto y fornido, lleva una chamarra negra con las siglas “PGJEM” en la
espalda.
Este funcionario golpea al
detenido en la cabeza y, tras un corte en el video, le coloca una bolsa de
plástico en la cabeza, la aprieta en el cuello y tira hacia abajo.
La operación se repite al
menos una vez más, como se ve en el video enviado.
Mientras el hombre se asfixia
los otros seis funcionarios de la procuraduría se acercan a la silla del
detenido para someterlo.
En el video se ve que dos
elementos de la PGJEM llevan cámaras de video y audio, las cuales acercan al
detenido mientras realizan los actos de tortura.
Las imágenes mostradas en la
conferencia de la Procuraduría no permiten saber si el detenido fue torturado
antes o después de la conferencia de prensa.
La Procuraduría del Estado de
México quedó en entregar una versión sobre estos hechos desde la mañana del
jueves, pero hasta ahora no ha entregado ninguna respuesta.
TORTURA GENERALIZADA
El director ejecutivo de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José
Antonio Guevara, afirmó que todos los indicios confirman que la tortura es una
práctica generalizada que realizan todas las policías del país para investigar
delitos o mientras realizan tareas de seguridad pública.
El abogado coincide con el
relator especial sobre tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, quien señaló
que México es un país donde se presenta la tortura generalizada bajo un esquema
de impunidad.
Un documento de la CMDPDH
afirma que la tortura se presenta cuando un servidor público, ya sea por la
acción u omisión, causa dolor físico o moral a un ciudadano, sin importar cuál
sea la finalidad de este acto.
José Antonio Guevara dijo que
este tipo de actos se utilizan para lograr confesiones autoincriminatorias,
para señalar a otros presuntos delincuentes, sacar información de “inteligencia”
o simplemente para castigar a los detenidos.
Entre 2007 y 2014 se
iniciaron 4 mil 133 quejas por tortura ante organismos de derechos humanos en
los estados de la República, pero se estima que en 92.3 por ciento de los casos
no se presentó la denuncia ante Ministerio Público, sobre todo por la pérdida
de tiempo y desconfianza en la autoridad, dice el documento de la CMDPDH.
Por otro lado, a nivel
federal se registraron 4 mil 55 denuncias de diciembre de 2006 a octubre de
2014.
Guevara dijo que la tortura
también es una práctica sistematizada, pues han detectado los mismos
comportamientos de autoridades para incriminar a detenidos e incluso para
garantizar la impunidad de los funcionarios.
El coordinador del Colectivo
contra la Tortura y la Impunidad, Javier Enríquez Sam, sostuvo que las
autoridades no deben caer en actos delincuenciales mientras investigan delitos,
porque eso únicamente sirve para escalar la violencia.
Sostuvo que los casos de
tortura aumentaron en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto,
aunque no necesariamente por la lucha contra el crimen organizado sino en
prácticamente todas las actuaciones de policías y ministerios públicos.
Afirmó que la Ley General
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanas o Degradantes que se discute en el Congreso no adopta las
mejores prácticas internacionales, toda vez que algunos casos podrían
reclasificarse como malos tratos, lo que disminuiría el castigo a los culpables
y desviar la atención sobre este fenómeno.
(ZOCALO/ AGENCIAS/ 14/05/2016 - 02:21
PM)
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