Confirma el teniente Joel Gálvez que la
noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuatro agentes de
inteligencia dirigidos por él controlaron el sistema e informaron al comandante
del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez
La noche del 26 y la
madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala hubo cuatro agentes de
inteligencia militar controlando el sistema de cámaras del Centro de Comando,
Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4), dirigidos por el teniente Joel Gálvez
que respondía directamente a las órdenes de comandante del 27 Batallón de
Infantería, José Rodríguez Pérez, señaló el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvó en la investigación de los crímenes
contra los normalistas de Ayotzinapa hasta el 30 de abril.
En su informe final indica
que un militar declaró que la responsable del C-4 era la Policía Estatal, pero
un reporte de Protección Civil de Iguala dice que aquella noche hubo
“información restringida (en el sistema de comunicación y coordinación de
Seguridad Pública) que sólo fue manejada por el personal de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena)”.
En el primer informe de
trabajo del GIEI presentado el 6 de septiembre de 2015, los cinco expertos
internacionales denunciaron que hubo dos periodos de comunicación del C-4 que
no fueron proporcionados al grupo, y corresponden a “ciertas horas que
coinciden al tiempo posterior al primero y segundo ataque a los estudiantes de
la Normal Rural de Ayotzinapa”, en la avenida Juan Álvarez.
Entonces aún no tenía
información detallada del ataque al equipo futbol Los Avispones, de los
sobrevivientes y familiares, que revelaron la displicencia de policías
federales y militares.
Para el informe final, del 24
de abril de 2016, dieron detalles de los reportes obtenidos del C-4 a partir de
las 6 de la tarde: cuando los normalistas de Ayotzinapa llegaron a Iguala en
dos autobuses, del momento en que arribaron y salieron de la terminal de
autobuses con dos camiones (que en realidad fueron tres pero uno, conocido como
el quinto autobús, nunca fue mencionado en reportes ni en los informes
oficiales), los ataques a los estudiantes, al camión de Los Avispones, a un
taxi donde quedó una mujer herida que luego murió, y de las llamadas de
auxilio.
Incluso los mandos militares
asignaron a un oficial de inteligencia para vigilar las acciones de los
normalistas desde su llegada a la ciudad. A partir de las informaciones de C-4
y la comunicación de un agente de campo, confirmaron que las autoridades
militares tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo en tiempo real.
Entre otros datos destacaron
las declaraciones de soldados de que el alcalde perredista de Iguala, José Luis
Abarca Velázquez, solicitaba seguridad y resguardo militar en sus actividades
públicas.
La tarde del 26 se presentó
el informe de labores de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa como
presidenta del DIF, quien también (según la Procuraduría General de la
República (PGR)) era líder del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, a
quien la Agencia de Investigación Criminal (AIC) atribuye la desaparición
forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Sin embargo el acto concluyó
sin incidentes a las 9 de la noche, de acuerdo con los reportes de los agentes
militares, es decir, antes de que llegaran los estudiantes a la ciudad.
OPERACIÓN DEL C-4
Oficialmente fue este lunes
que los militares asumieron el mando del C-4 en Acapulco, Chilpancingo e
Iguala, en lugar de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero,
y por instrucciones del gobierno federal.
Pero la noche de los ataques
en Iguala en septiembre de 2014, el control de la vigilancia fue asumido por
los militares, dio a conocer el subsecretario de Protección Civil del
municipio, quien afirmó que esa noche la Sedena manejó información de forma
restringida.
Su reporte del 27 de
septiembre dice: “así mismo el despachador del C-4 sigue indagando sobre más
información, pero existe información que se le restringe ya que dicha
información es manejada por personal de la Sedena”.
El GIEI detalló que el C-4 se
usaba para monitorear las incidencias que se dieron en Iguala y en los
alrededores, a través de cámaras de vigilancia y la comunicación entre los
diferentes cuerpos de seguridad y el Ejército.
A este sistema se integraron
las llamadas de emergencia a través del número telefónico 066, que funciona con
operadores que distribuyen las llamadas e informan a los diferentes cuerpos de
seguridad.
Sólo después de que se
mencionó que los militares tuvieron el control del C-4, el teniente responsable
del servicio de inteligencia confirmó que primero dos militares (la noche del
26 de septiembre) y otros dos después (la madrugada del 27), estuvieron en el
C-4, controlaron el funcionamiento de las cámaras de seguridad distribuidas en
la ciudad y reportaron las noticias más importantes vía telefónica a su
comandante.
Un militar identificado como
RALA declaró ante la PGR que en el C-4 también estaban “militares encubiertos
que aportan información de lo que acontece en las calles”, por lo tanto, el GIEI
concluyó que la presencia de militares en el C-4 está relacionada con sus
labores de inteligencia.
Este grupo de inteligencia,
cuando ocurrieron los ataques, estaba dirigido por el teniente Joel Gálvez y
éste respondía directamente al comandante coronel José Rodríguez Pérez.
En su declaración
ministerial, el teniente Roberto Vázquez, que encabezó una brigada de
protección en las afueras de Iguala (antes de los ataques del 26) dijo que los
militares del C-4 eran nombrados directamente por la comandancia del 27
Batallón de Infantería.
CONTRADICCIONES
A partir de los registros del
C-4, los expertos independientes señalaron contradicciones entre los registros
en el sistema de información, y los reportes y declaraciones oficiales que
presentaron las corporaciones policiacas y militares en declaraciones en la
PGR, y en los informes ante el Congreso de la Unión.
El grupo de Expertos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no tuvo la oportunidad de
hablar directamente con los militares por oposición de todas las autoridades
del gobierno federal.
Pero según la investigación,
el comandante del Batallón, Rodríguez Pérez dijo que a las 10:15 de la noche
del 26 de septiembre se comunicó con el secretario de Seguridad Pública
Municipal, Felipe Flores (ahora prófugo de la justicia), quien le dijo que hubo
disturbios con los estudiantes de Ayotzinapa, pero no hubo disparos de arma de
fuego. De esa forma se desentendió de las graves violaciones a los derechos
humanos ocurridas en su ciudad sede.
Sin embargo, para ese momento
la comunicación a través del C-4 ya había informado de esos hechos y de heridos
por arma de fuego en una avenida. Asimismo, un agente de los Órganos de
Búsqueda de Información (OBI) enviado a vigilar personalmente a los
estudiantes, comunicó directamente a sus superiores que había disturbios y
disparos en la calle Galeana, y de la toma de camiones por los normalistas en
la central de autobuses.
En su declaración de
diciembre de 2014 ante la PGR, el comandante del 27 Batallón de Infantería
señaló: “El personal del C-4 nos informa que unos estudiantes se encuentran en
el periférico bloqueados por policías municipales, otro vehículo más se
encuentra enfrente del Palacio de Justicia en la carretera de
Chilpancingo-Taxco, también detenido por policías municipales y al parecer
también eran estudiantes, cuando ocurre todo esto yo me comunico con el
secretario de Seguridad Pública Felipe Flores Velázquez, a quien le pregunto
que si tiene algún problema con los estudiantes, a lo que me dijo que no, que
no tenía ningún problema, que su personal ya se encontraba en los filtros”.
Después, en la declaración
del 2 de marzo de 2015 dijo: “a quien le pregunto si tenía problemas con los
estudiantes o si sabía de algunos problemas, él me contesta que no, que no
tiene ningún problema y que sus policías se encuentran en los filtros o puestos
de revisión que tenían establecidos los policías municipales de Iguala a las
entradas y salidas de la ciudad”.
Las acciones de los militares
continuaron hasta la madrugada. Varios señalaron que recibieron una llamada para
verificar una denuncia de hombres armados en el hospital Cristina a donde
llegaron y agredieron a un grupo de estudiantes que buscaba atención médica.
La información es consistente
con el reporte del C-4, donde a la 1:08 de la mañana del 27 de septiembre
aparece este reporte; “señor, que se le mande apoyo, ya los sujetos armados
están en el hospital Cristina y sacaron al personal de enfermeras y se
encerraron los sujetos armados en el hospital Cristina”, pero a quienes se
refiere es a un grupo de normalistas y maestros que solicitaron atención médica
para un estudiante baleado en el rostro, y refugio.
Después nada es consistente.
Integrantes de las dos patrullas militares tienen dos versiones, la mayoría de
los que dieron su testimonio a la PGR señalaron que las dos patrullas habrían
ido al hospital Cristina a la 1 de la mañana, y regresaron a la 1:50 horas a la
calle Álvarez, cerca del centro de la ciudad, pero otro dice que las patrullas
se separaron.
Además los estudiantes
denunciaron tratos crueles y degradantes de los militares en la clínica
Cristina, y los soldados declararon todo lo contrario.
Del ataque de policías contra
Los Avispones en el crucero de Santa Teresa, a la salida de Iguala rumbo a
Chilpancingo, el C-4 reportó que se produjo a las 11:49 de la noche.
Las peticiones de auxilio y
ambulancias a través del número de emergencias 066 y el C-4 se repitieron desde
las 11:50 de la noche hasta más allá de la 1:30 de la madrugada, incluyendo una
llamada para atender a una mujer herida.
Según lo militares se
trasladaron al crucero de Santa Teresa a las 12 de la noche. Los sobrevivientes
del atentado y familiares denunciaron que no les prestaron ningún apoyo.
(EL SUR DE ACAPULCO/ LOURDES CHÁVEZ/
MAYO 12, 2016)
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