Javier Robles Aguirre, ex
presidente de Playas de Rosarito, sostiene que la solicitud de orden de
aprehensión en su contra, obedece a una estrategia política del gobernador,
Francisco Vega y del actual alcalde, Silvano Abarca Macklis.
Sobre el delito que se le
imputa, no pagar cuotas al Issstecali, asegura: “no podemos dar lo que no
existe”.
“Una cosa es lo que el
gobernador (Francisco Vega) y el alcalde de Rosarito (Silvano Abarca) quieran,
y que por conducta de la procuraduría se haga la solicitud al Juez, y otra cosa
es que realmente exista una orden de aprehensión”.
El miembro del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), dijo que de las 14 denuncias que se
hicieron en su contra al terminar su gestión en el año 2013, una tenía que
terminar con el pedimento de orden de aprehensión.
“Están tratando de desviar la
atención por el mal gobierno de Playas de Rosarito, en todas declaré, realmente
están infundadas.
El ministerio público no tuvo
ni los elementos para enviarla al Juez, y en este caso tenía que enviar algo a
los juzgados de tantas denuncias que se presentaron en contra de nosotros”.
La falta de entrega de cuotas
al Issstecali –motivo de la investigación-, no fue negada por el ex munícipe.
Sin embargo, insistió justificando que no pudo pagar lo que no tenía.
“No pagamos por completo
porque no teníamos el dinero, no podemos dar lo que no existe. Nosotros cuando
entramos a la administración recibimos un pasivo de aproximadamente 10 millones
de pesos, de los cuales pagamos un 70 u 80 por ciento.
Aunado a este pasivo,
nosotros agarramos una deuda con el Banco de Desarrollo de América del Norte, y
nosotros con esa deuda pagamos 100 millones de pesos.
Éramos una administración sin
dinero, que algo tenía que dejar de pagar, pero tenía que seguir funcionando
lógicamente”.
Dijo que se firmó un convenio
con el Issstecali, que se le pagaron 10 millones de pesos y que cuando se le
ofreció un terreno no lo aceptó, “hoy en día se lo aceptó con esta
administración (de Silvano Abarcar)”.
En diversas ediciones de
ZETA, se ha informado sobre el hallazgo de presuntas irregularidades
administrativas del trienio del priista, incluidas las 14 denuncias penales
impulsadas por el gobierno de Silvano Abarca. En la más reciente, se publicaron
las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis).
La institución presumió
millones de pesos malgastados, bienes ilocalizables, inversiones sin sustento y
precisamente deuda.
(SEMANARIO ZETA/ SAÚL RAMÍREZ ESPARZA/
MARTES, 15 MARZO, 2016 01:39 PM)
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