Los centros de rehabilitación en el
estado o anexos, son un negocio muy lucrativo para quienes los administran
señaló Silvestre de La Toba.
La Paz, Baja California Sur.-
Para Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) los centros de
rehabilitación en el estado o anexos, son un negocio muy lucrativo para quienes
los administran, además de tener a la tortura como método de desintoxicación,
lo que les acarreado hasta 12 denuncias en este 2015.
Así lo expuso al dar cuenta
la de recién inspección que se hicieran a estos supuestos centros
correccionales con el Consejo Estatal Contra las Adicciones, Coepris, Protección
Civil, la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio Público, el Congreso
del Estado a través de Camilo Torres Mejía del Partido del Trabajo (P.T.) y el
Presidente de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, derivado del
homicidio de un interno por parte de un custodio. Los revisados fueron los del
grupo “Cread” en Guerrero Negro, Mulegé, Ciudad Insurgentes, y Soldados Nuevos
en Ciudad Constitución.
“Lo que nos impulsó a hacer
estos recorridos fue que hubo un homicidio (en Guerrero Negro) por eso la
autoridad policial, que nos informa que ya hay una persona detenida, y se
encuentra en un proceso legal que esperamos concluya para actuar” dijo al
señalar que le despertó mucha suspicacia que al llegar el centro en Guerrero
Negro, el lugar estaba pulcro y con sólo “opiniones maravillosas” del lugar por
parte de los internos.
“Lógicamente lo que nos
impide intervenir de forma más enérgica, es que no sabemos qué hacer con los
internos, pues no existe un centro estatal de control como tal, ni tampoco un
marco jurídico para actuar”, lamentó el ombudsman.
De acuerdo a la Norma
Oficial, la 028, marca que dichos centros de tratamiento deben de tener
psiquiatras, médicos generales, aplicar examen médico a las personas que
ingresen, proporcionar buena alimentación así como estar libres de plagas por
lo que adelantó que a inicios del 2016 se reunirán dependencias para emitir un
dictamen al respecto y considerar la validez de algunos de estos lugares.
No obstante señala que de
acuerdo al Consejo Estatal contra las Adicciones, sólo existen cinco centros
debidamente reconocidos de un total de 22, de los cuales tres con observaciones
serias como el homicidio del interno, quedando sólo dos que no tienen
consideraciones y están reconocidos oficialmente.
De la Toba Camacho insistió
que se debe de trabajar en un marco regulatorio. “Está la norma oficial, pero
hace falta una ley local que nos obligue a regular un poco más estos centros o
que el estado se haga cargo definitivamente” señalo al adelantar que el próximo
año se construirá un “Centro Residencial para Mujeres” que estará entre
Chametla y el Centenario, el cual no se había hecho por la falta de un terreno
y en lo consecuente se buscará consolidar otro para hombres.
“Le hago un llamado a los
padres de familia a que sean observadores, no creo que a nadie le gustaría que
a su familiar lo estén torturando, a que denuncien” invita el encargado de los
derechos humanos de los sudcalifornianos.
“Tenemos registradas 12
quejas algunas no tan graves y otras preocupantes como el retener a pacientes
en contra de su voluntad y de su
familia” detalló al recordar que hace
tan sólo diez días en San José del Cabo, tuvieron que intervenir con el Ministerio
Público para que entregaran a un interno de un anexo a sus familiares.
“Es un negocio. Para muchos
centros de estos, la cuota y la forma en la que se cobra indican que si lo son,
tenemos conocimiento de que hay cuotas de entre 800 y 2 mil 500 pesos
mensuales, dependiendo el centro y de las condiciones del mismo, lo que al mes
representa una cantidad considerable”, apuntó.
(PENINSULAR DIGITAL/ Hugo Daniel
Álvarez/ 21/12/2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario