MÉXICO,
D.F. (apro).- Es bien sabido que en México la transición a la democracia
fracasó en el 2000 cuando por primera vez en su historia el PRI perdió el poder
presidencial a manos del empresario Vicente Fox quien, en lugar de crear las
condiciones para un ajuste de cuentas políticas, sociales, judiciales y de
derechos humanos, pactó con los poderes fácticos, entre ellos las televisoras.
Este
tema viene a colación por el reciente caso del conductor estrella de Televisa,
Joaquín López-Dóriga, acusado de extorsión por la empresaria más rica de
México, María Asunción Aramburuzabala, y exhibido en su negocio de venta de
espacios en sus programas de radio y televisión a figuras políticas y
funcionarios, como lo reveló el excelente reportaje de Jenaro Villamil en la
revista Proceso de esta semana, titulado “Los negocios de López Dóriga. Cuando
el micrófono tiene precio”.
López-Dóriga
no es el único que ha hecho un gran negocio personal con el uso del espacio
noticioso en diversos medios. No hace mucho en las redes sociales circularon
copias escaneadas de contratos a nombre de la empresa Comunícalo SA de CV,
presuntamente de Ricardo Alemán, por 2 millones 250 mil pesos y el gobierno del
priista Eruviel Ávila. El pago era para aparecer en el programa del periodista
titulado “La Báscula”, que se emitía en TV Mexiquense y que el columnista
conducía en ese entonces hasta que le dieron un espacio en Televisa.
Hubo
otra información parecida que causó polémica, se trataba de la lista de pago a
varios conductores de noticias en 2012 y 2013 por parte del gobierno mexiquense
para que hablaran bien de Enrique Peña Nieto. En dicha lista aparecía Joaquín
López-Dóriga, José Cárdenas, Óscar Mario Beteta, Ricardo Rocha, Eduardo Ruiz
Healy, Jorge Fernández, Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva, Adela Micha y Paola
Rojas. Fue difundida en las redes con una riada de críticas a la ética y moral
de cada uno de estos personajes de los medios de comunicación.
A
pesar de que esta información fue desmentida y desdeñada por cada uno de los
aludidos, en las redes sociales quedaron estigmatizados como parte de la prensa
oficiosa que se ha enriquecido usufructuando sus espacios noticiosos o de
análisis en diversas empresas privadas de comunicación que, a su vez, han sido
beneficiadas por el gobierno federal a través contratos de publicidad o
concesiones de espacios en el espectro público.
En
el fondo de esta práctica lo que encontramos es que la mayor parte de las
empresas de medios se han convertido en verdaderos poderes fácticos que actúan
con toda impunidad en el marco de un gobierno acostumbrado a los pactos y
alianzas con grupos de interés y de presión para mantener ciertos privilegios y
ganancias particulares.
Las
grandes empresas de los medios de comunicación nunca entraron en el proceso de transición
a la democracia sino al revés, impidieron y obstaculizaron la apertura social y
dejaron que algunos de sus “conductores estrella” hicieran sus propios negocios
con distintos personajes del poder político, dando paso a una etapa negra del
periodismo mexicano. Al final ambos se han beneficiado del negocio político
creado detrás de los micrófonos.
Twitter:
@GilOlmos
(PROCESO/
ANÁLISIS/ JOSÉ GIL OLMOS/ 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
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