Diez
procedimientos penales y al menos 67 administrativos contra igual número de ex
servidores públicos son los que hasta la fecha tramita el Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización del Congreso del Estado, ISAF,
ante la Contraloría General del Estado por presuntos actos de desviación
de recursos presupuestales tan solo del ejercicio fiscal 2012, que se irán
sumando los de los subsecuentes años con lo que paulatinamente se dilucidará el
escandaloso desfalco financiero dejado por el gobierno de Guillermo Padrés
Elías, que a ciencia cierta no se sabe aún el monto total.
El
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, ISAF a
través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, ha solicitado procedimientos
penales para cuando menos una docena de servidores públicos que durante el gobierno de Guillermo Padres
presuntamente incurrieron en actos delictivos en contra el patrimonio estatal y
que pudieran tipificarse de peculado y otros actos antijurídicos catalogados de
extrema corrupción e impunidad.
La
lista de los diez ex funcionarios sobre
quién se solicita acción penal, la encabezan dos ex directores y colaboradores
del ex gobernador Padrés Elías en el Fondo Estatal de Modernización del
Transporte, Víctor Armando Alcaraz Armenta y, quien le sucedería en el
cargo, el ex alcalde de Caborca, Darío
Murillo Bolaños.
Ambos,
serán requeridos por la fiscalía anticorrupción a petición de los órganos
fiscalizadores del ejecutivo y del Congreso del Estado, donde tendrán que
explicar el uso y destino de 760 millones 533 mil 535 pesos que se esfumaron de las arcas del Fondo
cuando fueron directores generales.
De
esa cantidad desfalcada, 600 millones de
pesos podrían corresponder al primer crédito bancario solicitado por la
administración panista que tendría como destino la modernizar la flota del transporte urbano en Hermosillo, Obregón,
Nogales, Navojoa y otras ciudades, lo cual no se logró al “desaparecer” el
recurso, sin que se diera explicación convincente por parte del mandatario y de
sus subalternos sobre el paradero del recurso.
El
primer director del FEMOT, Víctor Alcaraz, fue cesado luego de ser señalado
públicamente como responsable del desfalco, aunque no se le sometió a
investigación, y se ha especulado que actualmente se encuentra en calidad de
prófugo de la justicia.
En
tanto al ex alcalde, Darío Murillo, también con señalamientos de corrupción
durante su gestión municipal de Caborca, fue acogido por el entonces mandatario
y hoy se le señala como el responsable del faltante financiero por los
restantes casi 121 millones de pesos del
total del que no se sabe su paradero.
Engalana
la decena de deshonestos ex funcionarios investigados, el nombre del ex
Secretario de SAGARHPA, Héctor Ortiz Ciscomani, a quien los sabuesos del Órgano
Superior de Fiscalización del parlamento sonorense le realizaron varias auditorías.
Le siguieron la huella y evidenciaron un boquete financiero en las arcas de la
dependencia que dirigía, por un total de 55 millones de pesos que hoy le
reclaman su devolución.
Tales
recursos habrían sido sustraídos ilícitamente del presupuesto en los ejercicios
fiscales 2012, 2013 y 2014, en tanto que el Director General de Planeación de la misma dependencia es también requerido por el ministerio
público en funciones de fiscal anticorrupción por el mismo delito en rol de
coparticipe con su entonces superior jerárquico.
Ortiz
Ciscomani fue insistentemente señalado durante su gestión por cometer diversos actos de corrupción abusando del poder de
secretario de Agricultura y al amparo protector de su amigo y jefe, el entonces
gobernador Padrés.
Hoy se deduce que el ex funcionario no solo
canalizó recursos materiales y financieros de los programas de apoyo al campo
para beneficio, sino que pudo haberse apropiado ilícitamente de parte del presupuesto de ingresos, que por
ley debe ser destinado al fomento y desarrollo del sector agroalimentario de
Sonora, particularmente campesinos,
comuneros y pequeños productores.
Como
Secretario de Agricultura Ortiz fue evidenciado más de una vez en medios
locales y nacionales por su proceder para aprovecharse de los programas de
subsidio y canalizar incentivos especie
para empresas agrícolas de su familia, particularmente campos localizados en la
costa de Hermosillo, que se convirtieron en un vergel desde que pisó el despacho
de Sagarhpa a invitación de Padrés.
Las
evidencias no bastaron ni siquiera para merecer una amonestación del entonces
gobernador y su amigo, mucho menos intento separarlo del cargo para que
respondiera a las acusaciones hacia él.
Pues
llego el momento de ajustar cuentas, según ha resuelto el ISAF al solicitar a
la Secretaría de la Contraloría Estatal, que, a su vez, turne a la Procuraduría
de Justicia en el Estado el expediente de Ortiz Ciscomani, tramitado con el
expediente C.I/126/13, a efecto de integrar la
averiguación previa y sea consignado al juez competente para que
responda a la comisión de los delitos imputados en la causa.
Podría
enfrentar la acusación de peculado, ejercicio indebido de un deber y otros
delitos de omisión y comisión en contra del patrimonio del estado, incluso, la
federación podría fincarle responsabilidades si uso indebidamente recursos
financieros de los subsidios y trasferencias del gobierno central hacia el
campo de Sonora, y en agravio de la sociedad sonorense, supuesto que agravaría
su situación jurídica.
Le
sigue en la decena de ex funcionarios sometidos al imperio de la ley, en lo que
parece la primera de una larga lista dada a conocer por el ISAF y de la que
Dossier posee copia íntegra de los informes, la ex directora del ISSSTESON,
Teresa Lizárraga Figueroa, y cuatro de sus ex colaboradores del áreas de administración, finanzas, licitaciones y
prestaciones económicas del desfalcado Instituto.
El expediente de la señora Lizárraga Figueroa
ha sido enviado a la Procuraduría con el número de averiguación previa
AP124/14. Como se sabe, la ex funcionaria indiciada se desempeña como diputada
federal plurinominal por el PAN, por lo
que posee fuero constitucional, que impide ser detenida y someterla a juicio penal, en tanto no medie
un juicio de procedencia en el Congreso federal para despojarla del fuero.
En
el caso de la ex directora del ISSTESON, el ISAF encontró durante exhaustivas
auditorías de las cuentas públicas del ISSSTESON en ejercicios fiscales del
2012 al 2014 cientos de irregularidades y desvío de recurso para fines aún
desconocido;
Se
le reclama a Teresa Lizárraga un faltante de 42
millones 185 mil 324 pesos, tan solo de la tesorería del Instituto, al
que por cierto, entregó a punto de la quiebra, antes de renunciar para
postularse como candidata a diputada federal por el PAN.
A
la fecha, el ISSSTESON pasa por una severa crisis por falta de liquidez,
medicamento y en los peores momentos de calidad
en los servicios médicos, hospitalarios y de asistencia social, qué
decir del Fondo de Pensiones que fue saqueado sospechosamente y luego fondeado
por el entonces gobernador con inmuebles en dación de pago, caso este del
estadio Héctor Espino, el Delfinario y otros edificios insignes a los que se le
infló el avalúo para encuadrar el faltante de cerca de dos mil millones de
pesos del citado Fondo.
Este
procedimiento penal lo ha iniciado la Contraloría estatal por más de 42
millones de pesos a instancia del ISAF, al margen de la denuncia que pesa sobre
la ex funcionaria por el delito de quebranto financiero del Fondo de Pensiones
del ISSSTESON y que aún indaga la Contraloría, cuyo monto podría alcanzar los
dos mil millones de pesos sustraídos ilícitamente.
Pero
la ex directora no viaja sola en ese expreso, también han sido indiciados como
coparticipes en presuntos actos de
corrupción que incurrieron por instrucciones o sin ellas de su ex jefa. Estos
ex malos ex servidores son: el ex subdirector de servicios administrativos del
ISSSTESON, de Finanzas y el de Prestaciones Económicas y Sociales
tipificados en diversos delitos contra el patrimonio del estado de Sonora.
INVESTIGAN CRÉDITO A TELEMAX AL MARGEN
DE LA LEY
El
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado inició
un procedimiento administrativo contra el ex director de Telemax en el anterior
gobierno, Jorge Morales Borbón, al poner al descubierto al salir a la luz que
la el pasado seis de abril de este 2015, tramitó un crédito bancario con el banco
Interacciones S.A. por 90 millones de
pesos, de los cuales, , quedaron disponibles para retiro a finales de mayo
quedaban disponibles solo 45 millones. Del resto, nada se sabe.
Según
se deduce de al informe sobre la auditoría aplicada al estado que guardan los
compromisos con bancos acreedores al
segundo trimestre de 2015 por, el ISAF, del que Dossier tiene copia, el máximo
órgano fiscalizados detectó múltiples anomalías en el manejo de la deuda
pública contratada por Guillermo Padrés a punto de dejar el cargo, igual que
algunos los ayuntamientos y entidades paraestatales, entre ellas Telemax
En
su informe, el ISAF destaca el millonario crédito que la administración de
Telemax contrató en secreto y l fue avalado por el entonces Jefe del Ejecutivo
y, gobierno del estado y muy probablemente, sin la decisión de solicitar un
crédito nunca haber fue consultado con los mandos gerenciales de la televisora
ni autorizado por el Consejo de
Administración, como establece la normatividad que crea a este medio de
comunicación como Sociedad Anónima de esta sociedad anónima.
Jorge
Morales fungía como vicepresidente del Consejo de Administración de la sociedad
anónima Telemax, también tenía nombramiento de director general, al sustituir
al anterior titular, Gustavo de Unanue Aguirre. Compartió ambos cargos con el
de Secretario de Comunicación Social del gabinete padrecista.
El
primer director de Telemax en el gobierno de Padrés fue Roberto Vejar Rodríguez
quien permaneció en el cargo del 16 de septiembre del 2009 al cinco de febrero
del 2014, fecha en que presenta su renuncia para ser sustituido por de Unanue
Aguirre.
Actualmente,
al igual que Morales Borbón, Vejar Rodríguez enfrenta un procedimiento
administrativo promovido por la Contraloría Estatal por un presunto desfalco
financiero de cinco millones 152 mil 016 pesos, que el ISAF detecto en una
auditoría aplicada sobre el ejercicio fiscal del año 2012 que involucra también
al titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la televisora,
por omitir información y proteger malos manejos financieros presuntamente
cometidos por el titular de la empresa de estado.
En
el caso del El empréstito de 90 millones de pesos solicitado por Morales Borbón
en abril del 2015 comprometió como garantía las participaciones estatales y los ingresos propios de la
televisora, hasta el año 2025, fecha de vencimiento del irregular
financiamiento.
No
solo eso, la dirección de Telemax a cargo de Morales Borbón ocultó
deliberadamente en todo memento la información relativa al empréstito
contratado deliberadamente al máximo órgano fiscalizador del Congreso del
Estado, contraviniendo flagrantemente la establecido en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley de Fiscalización
Superior para el Estado de Sonora y el Reglamento Interior del ISAF, así como
las demás disposiciones legales aplicables.
En el segundo informe trimestral de este 2015
realizó Telmex sobre la captación, uso y destino de partidas y captaciones y
que toda entidad está obligada a enviar
al ISAF se ocultó el crédito
solicitado Banco Interacciones información relativa al empréstito contratado
“cuarto para las doce” de que su director, Jorge Morales dejara el cargo.
Sin
embargo, mediante un convenio de colaboración suscrito entre el presidente del
ISAF, Eugenio Pablos Antillón y su símil de la Auditoría Superior de la
Federación, le fue informado por esta ultima
instancia al órgano fiscalizador de Sonora.
Bajo
la sospecha de que el ISAF de Sonora no había sido informado en tiempo y
forma sobre el crédito a la paraestatal
Telemax, la Auditoria Superior de la Federación solicitó que el Máximo Órgano
Fiscalizador local realizara una auditoría a la empresa, lográndose descubrir
que
El
documento de resultados de la auditoría financiera, cuya copia íntegra obra en
poder de Dossier, establece que la empresa paraestatal Televisora de Hermosillo
S.A. de C.V. el primero de abril del año en curso2015 se solicitó el empréstito
al banco Interacciones S.A. que amparó los 90 millones de pesos, sin hacer del
conocimiento al Congreso del Estado, vía ISAF.
(DOSSIER
POLITICO/ Fernando Gutiérrez R./ 2015-10-08)
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