Guatemala.-
Apenas se supo que al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, le habían
retirado su inmunidad, fuera del Congreso los manifestantes comenzaron a
corear: "El pueblo, presente, no tiene presidente".
Se
ha convertido en uno de los lemas de la gente, pero la realidad es que el
mandatario, en la cuerda floja por un escándalo de corrupción que ha generado
movilizaciones históricas en el país, por ahora sigue al frente del Poder
Ejecutivo.
Por
cuánto tiempo y de qué forma logrará hacerlo, es una incógnita.
Lea:
El hombre que prometió acabar con la currupción y ahora va a juicio
Con
el voto de 132 diputados, de los 105 necesarios, Pérez Molina, de 64 años, se
quedó este martes sin inmunidad —la primera vez que un presidente guatemalteco
sufre esta situación— y ahora podrá enfrentar a la justicia.
Apenas
dos horas después de haber sido desaforado, el juez Miguel Ángel Gálvez otorgó
medida de arraigo solicitada por el Ministerio Público (MP) para evitar su
salida del país, con lo que queda abierta la posibilidad de que se le dicte una
orden de arresto.
La
fiscal general, Thelma Aldana, indicó que luego de haberse retirado la
inmunidad "el presidente será sometido a los tribunales del país, como un
ciudadano ordinario".
"Nunca
imaginé y nunca hubiera querido iniciar un antejuicio contra el presidente, sin
embargo, la evidencia hizo imperativa hacer esta solicitud", aseveró.
El
presidente fue acusado el 21 de agosto por la fiscalía y por la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo avalado
por Naciones Unidas, de liderar una mafia de corrupción aduanera que defraudó a
la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Katy
Watson, enviada especial de la BBC en Ciudad de Guatemala
Se
preveía un voto a favor, pero aun así los nervios no se calmaron. ¿Se
presentaría el número suficiente de diputados? ¿Los miembros del partido del
presidente votarían en su contra?
Cuando
los resultados se hicieron públicos, hubo muchas personas que aplaudieron y
celebraron. Muchos guatemaltecos no podían estar más felices. La manifestación
fuera del ente legislativo se transformó en una fiesta.
En
los últimos cuatro meses, decenas de miles de guatemaltecos han salido a las
calles a protestar contra la corrupción gubernamental y han hecho llamados para
que el primer mandatario renuncie.
La
votación sienta las bases para que el líder del país sea procesado como
cualquier otro ciudadano y hay una sensación general de que finalmente los
políticos no están por encima de la ley.
El
comisionado Iván Velásquez aseguró que en las más de 80.000 escuchas
telefónicas realizadas en el marco de la investigación y en los más de 5.000
mensajes de correo electrónico revisados existían referencias a "el
uno" y "la dos", que corresponderían a la participación de Pérez
Molina y de su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Baldetti
se vio forzada a renunciar en mayo y se encuentra en prisión.
Pérez
Molina, acusado por la fiscalía y la Cicig de los delitos de asociación ilícita
y cohecho pasivo, ha defendido su inocencia desde que estalló el escándalo en
abril y en numerosas ocasiones rechazó estar involucrado.
"Es
una situación delicada y compleja, como nunca se había visto en el país. Yo
tengo dos opciones: una es renunciar y la otra someterme a la justicia, y es lo
que voy a hacer", aseguró el lunes en sus últimas declaraciones públicas.
EL PROCESO
Pero,
¿cómo sigue el proceso para el presidente?
En
resumidas cuentas, la fiscalía podría ahora pedir la comparecencia de Pérez
Molina ante un juez, quien de encontrar indicios para imputarlo, deberá
determinar si el presidente puede esperar el juicio en libertad o si debe
hacerlo en prisión preventiva.
De
acuerdo al artículo 7 de la Ley de Antejuicio, un dignatario o funcionario
público sólo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez ordene su
prisión preventiva.
De
hacerlo, en ese momento Pérez Molina dejará de ser presidente y asumirá el cargo
el vicepresidente Alejandro Maldonado, quien a su vez deberá proponer una terna
de reemplazantes al Congreso y se convertirá en presidente hasta el fin del
mandato, previsto para el 14 de enero.
Pero
para que todo ello ocurra se debe cumplir en primer lugar con el formalismo de
que el Congreso emita una resolución en la que se declara con lugar el
antejuicio.
De
esa forma el presidente pierde formalmente su inmunidad y el expediente retorna
a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El
máximo organismo judicial deberá enviarlo al tribunal ordinario que
corresponda, y mientras tanto el presidente seguirá en su cargo pendiente de la
investigación del MP.
OTRAS OPCIONES
La
justicia podría:
Solicitar
una orden de captura contra el presidente y la revisión de sus cuentas
bancarias y propiedades. En este caso, Pérez Molina estaría obligado a dejar el
cargo.
Una
posibilidad más es que el presidente sea sometido a arresto domiciliario.
Y
una alternativa adicional es que el MP solamente lo cite para que presente su
primera declaración.
En
todo caso, el juez es quien deberá decidir si el presidente enfrentará o no su
proceso en libertad.
El
mandatario había solicitado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que
pretendía evitar la votación ocurrida este martes.
La
petición no ha sido resuelta por el órgano de justicia, que tiene entre 24 y 48
horas para tomar una decisión, pero de acuerdo con medios locales es previsible
que los ministros acuerden no amparar al mandatario.
El
retiro de inmunidad llega en un momento delicado en la vida del país, a días de
las elecciones generales del próximo domingo en las que no se espera que ningún
candidato obtenga los votos suficientes para evitar una segunda vuelta prevista
para el 25 de octubre.
(ZOCALO
/Agencias/ 02/09/2015 - 11:08 AM)
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