El
informe presentado por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos el domingo 6 de septiembre vuelve a abrir la profunda herida
que significa el ataque contra los estudiantes de la escuela normal Isidro
Burgos, ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
El
informe confirmó la información obtenida durante diez meses de investigación
periodística realizada por la autora de esta columna y Steve Fisher, con el
apoyo de la Universidad de California en Berkeley.
Desde
el primer reportaje publicado en diciembre de 2014 titulado “La Verdadera noche
de Iguala”, señalamos que el gobierno federal estuvo monitoreando a los
estudiantes desde la tarde del 26 de septiembre, que salieron de la escuela
normal Isidro Burgos. Los esperaron en la caseta de cobro Iguala-Puente de
Ixtla, con patrullas de la policía estatal y la Policía Federal. No eran cuatro sino cinco camiones los
atacados esa noche. Los dos camiones Estrella de Oro monitoreados desde Ayotzinapa
son los dos camiones en los que se concentraron las acciones más violentas esa
noche y de donde fueron desaparecidos la mayor parte de estudiantes. También
publicamos el contenido de la bitácora de un helicóptero que sobrevoló a baja
altura en Iguala y sus inmediaciones, la mañana del 27 de septiembre y nunca
encontró ningún indicio del supuesto gigantesco incendio en el que eran
quemados los normalistas.
Pero
más allá de eso, la conclusión de que en
el basurero de Cocula jamás se llevó a cabo la quema de los cuerpos de los 43
normalistas y que resultaron falsos los testimonios de quienes confesaron haberlos quemado, y arrojado sus cenizas al
río San Juan, dejan clavada una estaca en el núcleo del gobierno de Enrique
Peña Nieto.
La pregunta fundamental ahora es si todo eso de
la quema y los confesiones resultaron falsos, ¿Por qué la PGR tiene en su poder
el resto óseo calcinado del estudiante Alexander Mora, supuestamente obtenido
de bolsas de plástico sacadas por los presuntos criminales al río San Juan? ¿De
dónde lo obtuvieron? Irónicamente el resto óseo que era para la PGR el fin del
caso de los 43 estudiantes desaparecidos se convierte ahora en un elemento que
incrimina al propio gobierno.
Una
historia de terror rodea la fabricación del caso de la muerte y quema de los
estudiantes en el basurero, y sus protagonistas fueron Patricio Reyes Landa,
Jonathan Osorio, Agustín García y Felipe Rodríguez Salgado, cuatro albañiles de
Cocula a quienes la Procuraduría culpó de ser los autores materiales de la
muerte de los 43.
Para
satisfacer la sed de justicia de los padres de familia de esos normalistas y de
la sociedad en general, la PGR escogió a Felipe Rodríguez Salgado, un joven
albañil de Cocula de apenas 25 años, como el malo de la historia. Lo pintó como
un jefe de la organización criminal Guerreros Unidos, con poder sobre la
policía municipal de Cocula e Iguala, quien incluso tenía comidas con el
presidente municipal de Cocula.
La
realidad es que la historia de Felipe es muy distante de la de un jefe de la
mafia. Es un albañil y campesino que como muchos otros vive en pobreza. Junto
con su esposa rentaba un cuartito en Cocula y sus únicos bienes eran un
refrigerador pagado en plazos, una parrilla eléctrica, una cama, una mesa para
comer, una tele y una cuna. Cuando no había trabajo de albañil se iba a
pastorear animales o a hacer trabajos de campo para otros.
El
mismo perfil tienen Patricio, Jonathan y Agustín. La familia de Patricio, a
quien la PGR acusa de ser jefe de halcones y ser el responsable de cuidar
Cocula, es tan pobre que su madre recibe dinero del programa de gobierno contra
la extrema pobreza, Oportunidades. Y también su esposa. La información pude
corroborarla directamente en el padrón de la Sedesol.
Para
hablar sobre el supuesto crimen todos ellos fueron brutalmente torturados. Esto
lo confirman los peritajes médicos que les practicó la propia PGR antes de
rendir su declaración y el reporte dado por el grupo de expertos de la CIDH el
6 de septiembre. La violencia infligida
fue directamente proporcional a la urgencia del gobierno de tener chivos
expiatorios fast track. Al menos tres de ellos recibieron toque eléctricos en
paladar, testículos y recto, además de intentos de asfixia con bolsas de
plástico y golpes por todo el cuerpo.
Bajo
esa presión la PGR los obligó a grabar videos incriminándose, que luego fueron
mostrados por el entonces procurador Jesús Murillo Karam como confesiones que
resolvían el caso de los 43. Ninguno tiene los recursos para un abogado
penalista privado que los defienda, por lo que temen pudrirse en vida en la
prisión.
Llama
la atención que pese a que la PGR les fabricó una imagen de monstruos, cuando
fueron clasificados tanto en el penal federal de Tepic Nayarit como en El
Altiplano, Estado de México, ninguno fue considerado de alta peligrosidad, por
lo que están en módulos conviviendo con otros reos.
¿Por
qué la PGR quería que estos cuatro albañiles inventaran la quema de cuerpos de
los estudiantes y la supuesta trituración de sus restos? ¿Cómo supo el gobierno qué historia inventar
y que cuadrara con el hueso calcinado de uno de los estudiantes
desaparecidos? Esas preguntas generan
escalofríos.
Hay
una persona que puede responderlas. Se llama Tomás Zerón de Lucio, titular de
la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, quien desde un inicio tuvo
control absoluto de la investigación, o mejor dicho, manipulación del caso de
los normalistas de Ayotzinapa. No era Murillo Karam quien tomaba las decisiones
sobre el rumbo de la ‘investigación’ sino él. Era Zerón de Lucio quien
intentaba hacer acuerdos con abogados de algunos de los acusados para que
confesaran sus culpas. Fue quien dio información falsa a Murillo Karam, a tal
grado que él tuvo que recurrir a otros para tener acceso a documentos que Zerón
de Lucio le ocultaba.
Y
fue Murillo Karam quien, pese a que tuvo conocimiento de todo eso nunca lo
denunció, prefirió dar un paso de lado y pasarse a la casi inexistente
Secretaría de Desarrollo Agrario y seguir cobrando del erario. Hoy su figura
gris ha quedado finalmente fuera del gabinete, saliendo por la puerta trasera.
Zerón
de Lucio es sin duda uno de los principales cómplices de esa noche de perros en
Iguala, donde los estudiantes fueron atacados, asesinados y desaparecidos.
Cómplice de esconder la verdad.
(RIODOCE/ Anabel Hernández / 13
septiembre, 2015)
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