MEXICO,
DF, (apro).- El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)
exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto “enmendar” las actuaciones legales en
el caso de las 22 personas muertas en Tlatlaya, Estado de México, luego de
revelarse que los militares que intervinieron en los hechos tenían la orden de
“abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
En
un comunicado, Marcia Aguiluz, directora de Cejil para América Central y
México, se sumó al llamado de organizaciones de derechos humanos que exigen
investigar a los altos mandos del Ejército para el esclarecimiento de la
masacre, después de que el jueves pasado el Centro Prodh revelara la existencia
de la “Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones San Antonio del
Rosario”, por la que se dan indicaciones de priorizar actividades nocturnas
sobre las matutinas “a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
En
el número de Proceso que circula esta semana, el 2018, se agrega que las
indicaciones dadas al teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, cabeza del grupo de
militares que intervinieron en los hechos de Tlatlaya, respondían a la
convicción del presidente Peña Nieto de que el narcotráfico es “la amenaza a la
seguridad nacional, el más grande riesgo para la salud social, la más cruenta
fuente de violencia”.
Luego
de las revelaciones, la directora de Cejil consideró que “es urgente que el
Estado mexicano replantee el curso actual de las investigaciones para enmendar
lo actuado hasta el momento y realizar una investigación seria, dirigida a
determinar la totalidad de los responsables de estos lamentables hechos”.
Lo
anterior implica, puntualizó, “investigar la participación de los altos mandos
militares que emitieron dicha orden”.
Marcia
Aguiluz considera que a un año de los hechos “el Estado mexicano no ha cumplido
con su deber de investigar las graves violaciones a derechos humanos”, por lo
que “está faltando a su deber de debida diligencia”.
La
organización recordó que sobre este caso “la versión oficial aseguró que todas
las muertes sucedieron como consecuencia de un enfrentamiento”, pero el
testimonio de una de las tres mujeres sobrevivientes, Clara Gómez González,
confirmó que las víctimas “habían sido ejecutadas después de finalizado el
enfrentamiento”, en tanto que la CNDH estimó entre 12 y 15 el número de
masacrados de manera extrajudicial.
Sobre
el documento dado a conocer por el Centro Prodh, la directora de Cejil advierte
que si bien en el planteamiento hay indicaciones sobre el respeto a derechos
humanos, “la contundencia” del párrafo en el que se ordena “abatir delincuentes”,
acotó, “genera al menos confusión que en contextos de lucha contra el crimen
organizado, como el mexicano, favorece la arbitrariedad y el abuso del poder”.
También
hizo un llamado para que las autoridades mexicanas “respeten los derechos de
las víctimas sobrevivientes, se les proteja y se les participe en todas las
etapas de investigación”, así como proteger a los defensores que acompañan el
caso, “escuchando sus recomendaciones para reencauzar estos procesos en el
menor plazo posible”.
Aguiluz
recordó que México está obligado a investigar “efectivamente la privación del
derecho a la vida” y determinar “las responsabilidades de todos los actores y
partícipes, especialmente cuando están involucrados agentes estatales”, de
acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Además,
apuntó que Cejil “se suma a las voces de numerosos actores locales e
internacionales que exhortan a las autoridades mexicanas a cumplir con sus
obligaciones internacionales de garantizar el acceso a la justicia, verdad y
reparación”.
(PROCESO/
GLORIA LETICIA DÍA/ 6 DE JULIO DE 2015)
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