Claudia
Medina Tamariz, una de las 19 mujeres sobrevivientes de tortura sexual. Foto:
Raúl Pérez
México
D.F., (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) fracasó en su
intento de procesar a Claudia Medina Tamariz, luego de que el Tercer Tribunal
Unitario del Poder Judicial del Federación, con sede en Xalapa, Veracruz, la
absolvió del delito de portación de arma de uso reservada a las fuerzas
armadas.
Integrante
de la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la violencia sexual”,
Medina Tamariz fue acusada de 12 cargos federales tras la irrupción de
efectivos de la Secretaría de Marina en su domicilio del puerto de Veracruz, en
agosto de 2012. En esa ocasión, ella y su esposo, Isaías Flores Pineda, fueron
sacado por la fuerza.
Claudia
fue retenida en una base naval, donde fue sometida a tortura sexual y luego fue
presentada como integrante del cartel Jalisco Nueva Generación. Tras una
reclusión de 14 días en el Centro de Readaptación Social de Cieneguillas,
Zacatecas, fue puesta en libertad bajo caución, manteniendo vigente el delito
de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Luego
de más de dos años de batalla legal, el pasado viernes 6 de febrero, el Poder
Judicial Federal resolvió a su favor el incidente de libertad por
desvanecimiento de datos interpuesto por Medina Tamariz, decretando su
“inmediata libertad”.
Acompañada
de Mario Patrón Sánchez y Perseo Quiroz Rendón, directores del Centro de
Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional, organizaciones
que respaldaron su causa, Claudia Medina anunció que reactivará la denuncia
interpuesta en la PGR en 2012 contra los marinos que la torturaron así como
iniciará un proceso por la reparación de los daños sufridos.
En
conferencia de prensa, Medina Tamariz apuntó que después de más de dos años de
los hechos, lo que pretende es el castigo a los responsables de la tortura para
que “los torturadores ya no sigan deteniendo personas de esta forma y
poniéndolas a disposición de las autoridades”.
Agregó
que espera que con la resolución del Tercer Tribunal Unitario favorezca a su
esposo, quien también víctima de tortura por parte de los marinos.
Araceli
Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh, explicó que en su resolutivo el
tribunal unitario atendió las pruebas de descargo que presentó la defensa de
Claudia Medina, así como los dictámenes periciales de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y de peritos independientes que certificaron que fue
torturada física y psicológicamente.
El
resolutivo judicial determinó que “durante el lapso, de al menos 12 horas, la
procesada fue sujeta de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, así como que
el único elemento de prueba que presentó la PGR era el parte informativo de la
Semar, el cual “quedó desvirtuado al no existir medio de convicción alguno que
demuestre, al menos de forma indiciaria, su probable responsabilidad”.
Luis
Tapia Olivares, abogado del Centro Prodh, agregó que tras este fallo judicial,
es de esperar que la CNDH emita una recomendación sobre el caso de Medina
Tamariz, toda vez que desde hace más de un año le aplicó el Protocolo de
Estambul que confirmó la tortura.
Perseo
Quiroz apuntó que si bien el ombudsman Luis Raúl González ha tenido mayor
acercamiento con las organizaciones sociales y las víctimas “la disposición no
basta, el cambio en la administración de la CNDH debe verse reflejado en el
trabajo concreto, en la emisión de recomendaciones, en especial en casos de
alto impacto como el de Claudia”.
Mario
Patrón Sánchez resaltó que la exoneración de Claudia Media es inapelable y que
“demuestra que la Marina realizó un montaje y fabricó pruebas en contra de una
inocente, para acusarla de delitos graves como el involucramiento en el
narcotráfico”.
El
director del Centro Prodh apuntó que el resolutivo del Poder Judicial de la
Federación es prueba de que “en la guerra contra el narcotráfico, no se
consideraron medias de control en la actuación de las fuerzas armadas, lo que
ha dejado en impunidad los abusos sistemáticos y generalizados, entre ellos los
actos de tortura”.
Bárbara
Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual por el caso de Atenco, señaló
que la campaña “Rompiendo el silencio”, ha visibilizado la tortura cometida por
diferentes cuerpos policiacos y de las fuerzas armadas, en especial a las
mujeres detenidas.
En
el grupo de mujeres que se han sumado a la campaña, hay dos víctimas de tortura
sexual que se encuentran encarceladas, Yesenia Armenta de Sinaloa y Verónica
Razo del Distrito Federal, por las que, apuntó, “la exigencia es que sean
liberadas”.
(PROCESO/
GLORIA LETICIA DÍAZ/ 10 DE FEBRERO DE 2015)
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