COLIMA, Col.
(apro).- La revelación aportada por la revista Proceso sobre la participación
del Ejército y la Policía Federal (PF) en el ataque contra los normalistas de
Ayotzinapa fortalece la hipótesis de que se trató de un crimen de Estado, por
lo que “va a ser muy difícil que se aclare”, consideró el general José
Francisco Gallardo Rodríguez.
No obstante, estimó
que la presión internacional puede contribuir a la resolución de este caso,
pues “al gobierno de la República, al Ejército y a todas las instituciones les
conviene que este asunto se aclare y que los responsables se confronten ante la
justicia; esa es la única solución, no hay otra”.
Gallardo, quien
estuvo casi nueve años en una cárcel militar por haber propuesto un ombudsman
para los miembros de las fuerzas armadas, dijo que desde antes de la aparición
del reportaje de Anabel Hernández y Steve Fisher él había dicho muchas veces
que “la única forma como se puede hacer un evento de esa magnitud (el operativo
contra los estudiantes) es con la colusión y participación del Ejército, pues
Guerrero es el estado más militarizado de la República, además de que hay una
alta presencia de la Policía Federal”.
En entrevista con
Apro, el militar retirado explica: “Era imposible que el Ejército no se diera
cuenta; los servicios de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional
tienen monitoreado cualquier movimiento que haga la disidencia, en este caso
concreto los estudiantes de Ayotzinapa; el Ejército sabe en tiempo real a dónde
van, si tomaron un autobús o no, y en un momento dado está en posibilidad el
Ejército de haber evitado esta desaparición”.
También calificó
como ilógico que a pesar de que los jóvenes fueron detenidos frente al cuartel,
el titular de la Sedena dijo que esa institución no tenía conocimiento de esa
acción.
“Ahora ya salió que
sí tenían conocimiento y que había una comunicación estrecha, como la hay en
toda la República, del Sistema Nacional de Seguridad Pública hacia los mandos
militares o hacia los cuarteles; tan es así que el C4 estaba en comunicación directa
con el comandante del 27 Batallón de Infantería”.
De acuerdo con el
general Gallardo, lo que debe hacerse es romper el “manto de impunidad”, pues
“aquí queda claro que hay una colusión por parte de las autoridades militares o
civiles que permitieron que sucedieran estos hechos, sea por omisión o por
acción”.
Las reformas que se
hicieron al fuero de guerra en abril pasado, abundó, deben llevar a que el alto
mando de la Sedena ponga a disposición de la autoridad civil a todos los
militares involucrados en este asunto, porque en las reformas al artículo 13 de
la Constitución quedó establecido que cualquier elemento castrense que viole
derechos humanos, como es el caso, debe ser juzgado por la autoridad civil,
pues de lo contrario podrían ser encubiertos por la autoridad militar.
Además, puntualizó,
los mandos militares no pueden eximirse de responsabilidad por lo que hacen o
dejan de hacer sus subordinados, ya que las leyes internas del Ejército señalan
que el mando es responsable de la organización y la operación de sus tropas.
A juicio de Gallardo
Rodríguez, a raíz de los hechos de Iguala se deben revisar las políticas
encaminadas al sistema de seguridad pública en Guerrero y, por otro lado,
revisar los procedimientos sistemáticos de operación que tiene el Ejército en
torno a este tema, ya que está cumpliendo fuera de los cuarteles una función
que es asunto de la exclusiva competencia de la autoridad civil.
“Se tiene que ver
también cuáles son las órdenes que tiene el personal militar asentado en Guerrero,
y a nivel nacional creo que es lo mismo, y cómo deben operar en una situación
en la que estamos viviendo actualmente en México, especialmente Guerrero,
debido a que esas políticas son elaboradas en el Estado Mayor de la Sedena y
devienen de una información, concepción y operación de la seguridad pública a
escala nacional”, expuso.
Para que no se
repita una situación como la de Iguala, José Francisco Gallardo propuso una
reforma legal para quitarle al Ejército la función de orden interno, pues el
mexicano “es uno de los pocos ejércitos o el único en América Latina que tiene
funciones de orden interno, es decir, de policía”.
(PROCESO/
PEDRO ZAMORA BRISEÑO/ 16 DE DICIEMBRE DE 2014)
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