En un año, Alfredo
Castillo, el Comisionado Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de
Michoacán, acabó con la clase política y los ciudadanos organizados en
autodefensas en Michoacán.
Bueno salió Castillo
para enfrentar a quienes a la vista de todos se unieron para defenderse del
crimen organizado, primero de La Familia, luego de Los Caballeros Templarios y
hasta de Guerreros Unidos, luego que su
gobierno federal los había dejado vulnerados ante los delincuentes, y una parte
importante de las autoridades locales estaban coludidas con las agrupaciones
mafiosas.
Castillo no ha
salido bueno para poner un alto y enfrentarse a quien fue el origen y el
detonador no solo de la organización de las autodefensas, sino de la corrupción
institucional: Servando Gómez La Tuta. Este criminal, que tenía y tiene
azorados a los michoacanos en su guerra con otras organizaciones criminales, y
debido al desarrollo de su actividad ilícita con la extorsión y el tráfico, se
elevó la inseguridad y la violencia en aquel estado, se incrementó la
infiltración del narco en gobiernos y corporaciones policíacas.
Don Alfredo Castillo
encuentra a los que están visibles, a alcaldes y ex gobernadores corruptos, a
funcionarios infiltrados, a policías deshonestos, y encarcela a quienes él
fomentó a la legalidad y les proporcionó armas, a las autodefensas que
encabezaron el doctor José Mireles, Hipólito Mora y hasta Luis Antonio Torres
El Americano. Acaba pues con todos, y le limpia el camino a la impunidad de La
Tuta.
Lo que se ha vivido
en Michoacán es tan terrible como lo que ocurre en Guerrero, en Tamaulipas, en
Baja California Sur, en el Estado de México, pero en ninguna de estas entidades
hay un Comisionado Federal, ni los criminales están plenamente identificados,
ni los funcionarios están siendo investigados para llevarlos a proceso.
Alfredo Castillo
presume que sin disparos “logró” la deposición de las armas y la entrega de los
protagonistas del enfrentamiento en La Ruana que dejó 11 muertos incluido el
hijo de Hipólito Mora, cuando todos esos disparos se dieron luego que él mismo
autentificó a las autodefensas como policías comunitarias; dar charola,
vehículos y legalizar armas y acciones de prevención de la seguridad sin
exámenes de control evaluación y confianza, como lo hizo Castillo, es un cóctel
que era evidente, terminaría en el caos y generaría mayor inseguridad y
violencia.
Pero cuando llegó el
enviado de Enrique Peña Nieto no deshizo los escudos que la población se había
creado para defenderse, al contrario, los apoyó y los fortaleció. Es tanta su
responsabilidad de lo sucedido en La Ruana, como lo es de los protagonistas. La
de él, por permisivo, por incompetente.
Como buen miembro de
un gobierno priísta, Alfredo Castillo empoderó a los ciudadanos organizados –y
algunos infiltrados- para después presionarlos, dividirlo y encarcelarlos, sin
tocar al enemigo público número uno de Michoacán: Servando Gómez La Tuta.
Seis alcaldes están
en prisión, un ex gobernador, y el hijo de otro ex gobernador también tras las
rejas. Todos son acusados de colusión con el crimen organizado. Todos han sido
exhibidos, a partir de la llegada de Castillo, en videos y grabaciones
telefónicas, todas hechas de manera ilícita, sosteniendo reuniones con La Tuta.
Lo cierto es que a
la fecha ninguna de las acciones de Castillo, ni la entrega de los tres líderes
autodefensas y más de 50 de sus seguidores, ni el proceso a los ex alcaldes, el
ex gobernador y el hijo del ex gobernador, ha llevado tranquilidad y seguridad
a Michoacán.
Michoacán es el
quinto estado con más ejecuciones en 22 meses de gobierno de Enrique Peña
Nieto, con 2 mil 649 muertos. Y todavía el emisario del Presidente se atreve a
decir que Michoacán está en paz y que la sangre solo corre en La Ruana a raíz
del encono in crescendo de dos grupos rivales: el de Hipólito Mora, y el de
Luis Antonio Torres El Americano. Ojalá fuera así de simple, dirían los
michoacanos.
Es encomiable
desmantelar las instituciones corrompidas por el crimen organizado, es terrible
empoderar a los ciudadanos para luego presionarlos, pero lo peor, es que en un
año hayan logrado detener a Joaquín Guzmán Loera en Sinaloa, a Vicente Carrillo
Fuentes en Coahuila, a Fernando Sánchez Arellano en Tijuana, y a Héctor Beltrán
Leyva en Guanajuato, estados todos sin comisionado federal, y que en Michoacán,
donde existe un enviado del Presidente, no puedan detener a Servando Gómez La
Tuta.
O será que no
pueden, porque no quieren.
(SEMANARIO
ZETA / GENERALEZ! ADELA NAVARRO BELLO/ 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 A LAS 09:55:39)
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