Y es
que cuando las adolescentes presentaron sus respectivas denuncias, las
autoridades de los centros educativos donde se perpetraron las
violaciones las tacharon de mentirosas y las obligaron a guardar
silencio y a desdecirse.
Además, los padres de las víctimas
señalaron que cuando acudieron con los delegados de la SEG en León y
esta ciudad, ninguno les proporcionó la atención debida.
En
conferencia de prensa, el titular de la SEG, Eusebio Vega Pérez, informó
este viernes que quedaron separados del servicio público de manera
definitiva el delegado de la dependencia en León, Francisco Javier
Zavala; la jefa de enseñanza de la Secretaría de Educación, Laura Aranda
Moreno, y el director de la secundaria Centro Educacional Piloto,
Néstor Antonio Saucedo Valtierra.
El primer caso ocurrió en la
escuela Centro Educacional Piloto, en esta capital. El profesor Víctor
Manuel Anguiano Hernández fue destituido y posteriormente detenido por
elementos de la Policía Ministerial, acusado de violar a una alumna de
13 años de edad.
El segundo caso se registró en la escuela
secundaria General Insurgentes número 8 de León. El profesor Antonio de
Jesús Aguirre Zúñiga fue despedido por cometer abuso sexual contra una
alumna, y pese a la denuncia penal sigue libre.
El secretario de
Educación del estado anunció que se difundirán ampliamente los
protocolos que deben seguirse, pero que no fueron acatados en los casos
mencionados, y pidió a alumnos y maestros que si hay algunos otros “los
denuncien y no se queden callados”.
El pasado martes 20, el Centro
de Derechos Humanos “Victoria Díez” acusó de negligencia a la
Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y a la SEG por
desentenderse del caso en la Secundaria General Insurgente 8.
El
organismo denunció que a pesar de que existía una denuncia formal en
contra de Aguirre Zúñiga, el Ministerio Público revictimizó a la
afectada y, peor aún, alteró su declaración, lo que benefició al
indiciado al ser acusado de estupro y no de violación.
En el caso
de la otra menor, el Centro Las Libres respaldó a los padres en la
denuncia penal que presentaron el pasado 28 de abril contra Víctor
Manuel Anguiano, y en el reclamo que hicieron a las autoridades de la
SEG porque el director de la secundaria acosó a la menor para que se
desdijera de sus señalamientos en contra del maestro de Educación
Física.
El centro “Victoria Díez” expuso que a pesar de los casos
de violaciones sexuales a niñas cometidas por sus profesores, a la fecha
las autoridades educativas y de procuración de justicia no han dado una
respuesta contundente ante esta grave problemática “que implique un
mensaje claro de rechazo y atención a estas conductas que atentan contra
la integridad y el desarrollo de las niñas en el estado de Guanajuato”.
Añadió:
“Las
niñas que acuden a escuelas de educación básica en Guanajuato están
siendo abusadas y acosadas sexualmente por parte de sus profesores, a
pesar de que existen lineamientos normativos estatales, nacionales e
internacionales que protegen los derechos de las mujeres y las niñas en
contra de la violencia sexual”.
Y refirió que en el caso de la
alumna de la Secundaria General Insurgente número 8, fue violada en
octubre pasado por el profesor Antonio de Jesús Aguirre Zúñiga “y más de
seis meses después de la denuncia no se le ha hecho justicia”.
En
principio, la directora Laura Aranda Moreno conoció desde por lo menos
un año atrás el hostigamiento del profesor hacia la alumna y las
amenazas de éste, hasta el momento en que Aguirre consumó la violación.
En
varias ocasiones los propios padres de la menor tuvieron diálogos con
la directora en los que ella culpó a la menor de “mentirosa y
fantasiosa”.
Cuando la alumna informó a los profesores del plantel
que su colega la había violado, éstos la encerraron, la sometieron a un
interrogatorio y la obligaron a firmar un papel aceptando que había
tenido relaciones sexuales con aquel de manera voluntaria, postura que
ratificó la misma directora Laura Aranda.
Encima de todo, cuando
acudió con sus padres a la agencia 40 del Ministerio Público, a cargo de
Blanca Isabel Gasca Curiel, ésta tomó la declaración de la menor de 13
años sin permitir la presencia de sus padres y, según la denuncia,
alteró el dicho de la alumna para que quedara asentado que ella había
accedido a los deseos de Antonio Aguirre.
Peritos médicos y
psicológicos de la propia Procuraduría de Justicia dieron un trato
indigno a la menor al practicarle los exámenes respectivos, señalaron
los padres.
Incluso, el subprocurador de Justicia Manuel Ángel
Hernández, en una reunión con la víctima y su madre, les advirtió que la
declaración ya no se podía cambiar y que el profesor no sería
consignado más que por estupro.
“Nunca se citó a declarar al
profesor responsable, mismo que actualmente tiene una orden de
aprehensión que no se ha podido cumplimentar debido a que las
autoridades de la PGJE ignoran su paradero”, indicó el centro de
derechos humanos en su denuncia pública.
/ 23 de mayo de 2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario