viernes, 18 de enero de 2013

LA ZONA DEL TERROR EN GUADALAJARA



Josefina Real
De julio a la fecha, los vecinos de Parques del Nilo Segunda Sección han sufrido por lo menos 30 asaltos de diversa índole y aun cuando han presionado a las autoridades para que atiendan sus demandas, la respuesta ha sido nula. Peor aún, cuando se cansaron de esperar y entregaron ellos mismos a varios delincuentes e identificaron a otros de sus compañeros con nombres y apellidos, el Ministerio Público los dejó libres.

Afectados por los asaltos en vía pública, robos a casas habitación y automóviles, así como secuestros exprés, los vecinos de la colonia Parques del Nilo Segunda Sección, en Guadalajara, presentaron dos denuncias contra la los titulares de las agencias del Ministerio Público número uno del turno matutino, María Celia Córdova Briseño, y del número dos del turno vespertino, Juan Manuel Acosta Nápoles.

Es la tercera ocasión que los vecinos acuden a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ) para denunciar la negligencia de las autoridades para detener la ola delincuencial… y su indolencia para dar seguimiento a las demandas ciudadanas.

Según los denunciantes, durante el segundo semestre de 2012 se registraron alrededor de 30 robos en esa colonia, pero sólo presentaron tres denuncias. Al principio se abstuvieron, dicen, para evitar la burocracia, en particular a los funcionarios corruptos de las oficinas encargadas de impartir justicia.

Pero como la ola delincuencial continuó, decidieron acudir a la procuraduría y entregar información sobre los delincuentes con nombres y apellidos. “Qué más quiere la autoridad?”, comenta  uno de los vecinos afectados. Le indigna, dice, que aun cuando los colonos agarraron a varios delincuentes in fraganti, las autoridades los dejaron en libertad en menos de 48 horas.

En sus querellas, los vecinos incluyeron notas periodísticas en las cuales se informa sobre los presuntos ladrones y fotografías que ellos mismos les tomaron al momento de ser capturados por uniformados  municipales. “Tenemos identificados a nueve”, dicen.

Proceso Jalisco tiene imágenes de seis de los nueve presuntos implicados en los robos que fueron capturados por los mismos colonos en septiembre pasado y entregados a los agentes municipales de Guadalajara.

De acuerdo con una vecina de Parques del Nilo Segunda Sección, los elementos de la Policía Investigadora “tienen nombramiento de papel”. En realidad, dice, “no investigan. Se contentan con llegar a la colonia, hacer preguntas y luego desaparecen. Uno de ellos, el policía José Amezcua, ya ni las llamadas responde”.

Otra dice que sólo quieren dinero.

-¿Quién quiere dinero? –se le pregunta.

–Los agentes del Ministerio Público. Mi abogado dice que no trabajan porque no les damos una gratificación. Y cómo les vamos a dar si (los delincuentes) saquean nuestras casas; vulneran nuestra privacidad, aun cuando le hacemos su chamba (los de la PGJ) dejan a los rateros libres bajo caución. ¡Y todavía quieren gratificación!

Se quejan también del procurador Tomás Coronado Olmos pues, aseguran, cuando pidieron una entrevista con él para denunciar la presunta complicidad de los agentes del MP con los delincuentes, se negó a recibirlos.

Otra de las entrevistadas –la señora  Rosa– indica que los agentes del MP no llaman a los denunciantes para que ratifiquen los hechos. “Eso se llama corrupción; los del MP están coludidos con los delincuentes. No le encuentro otra explicación.

“Nosotros detenemos en plena flagrancia a los ladrones; llega la policía de Guadalajara y se los lleva. Es el mismo círculo: los dejan en libertad y siguen delinquiendo en la misma zona.”
Círculo vicioso
Los habitantes de la colonia Parques del Nilo Segunda Sección dicen que los presuntos asaltantes delinquen en grupos de dos o tres. Varios de los que ellos identificaron viven en la colonia Insurgentes, en Guadalajara. Otros en la calle de Malecón, en Tonalá. Incluso mencionan tres nombres: Gonzalo Contreras Chávez, Juan Carlos Medina López y Leonardo Pavila Guerrero.

Además de detener en flagrancia a los ladrones, también entregaron a la policía investigadora datos sobre los automóviles en los que viajan otros de los acusados: un Jetta cuya placa es JHM 4996, un Escort blanco con placas HZL 1417 y una camioneta blanca sin matrícula.

Una vecina dice que saquearon su casa en julio pasado y aunque elementos de la PGJ hicieron levantamiento de huellas –“pensé que con eso agarrarían pronto a los delincuentes”– hasta ahora no ha tenido respuesta. Lo peor, dice, “ni un hampón de los que viajaban en el auto Escape modelo 2007 con matrícula del Distrito Federal 738WNZ ha sido detenido”.

Cuando se presentó a ratificar su denuncia en octubre, el MP le pidió el número de serie del auto “para agilizar el proceso de investigación. Tuvo que viajar a la Ciudad de México y visitar tres delegaciones pero no pudo conseguirla.

Tres meses después del robo a su casa en la PGJ le informaron que aún no llegaban los resultados del levantamiento de huellas. Le dijeron que tenían que volver a hacer el procedimiento y le pidieron “llevar a los testigos de nueva cuenta”.

Relata que los delincuentes que entraron a su casa chocaron el 25 de octubre a tres calles de su vivienda. “Iban en la misma camioneta. ¡Está clarísimo! Hay corrupción, los rateros siguen en las calles delinquiendo impunemente”. Los ladrones huyeron y abandonaron la camioneta con una  jovencita dentro. La unidad tenía reporte de robo.

Los testigos de la denunciante identificaron por medio de fotografías a uno de los delincuentes. Las autoridades le dijeron que debía esperar a que “la policía investigadora tomara fotografías de la camioneta”. Y como ella les contestó: “Yo tengo fotos”, los del MP expusieron que no tenían validez, pues las tenía que tomar personal de una institución.

“¡Qué incongruentes!; primero me piden que ayude con el número de serie de la camioneta y luego que las fotos que yo tomé no sirven porque no son oficiales”, se queja.

El 13 de septiembre, 80 vecinos dirigieron carta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHEJ) en la cual expusieron su queja contra de las autoridades del ayuntamiento de Guadalajara, “por irregularidades en el sector VI de la policía, ubicado en las calles de Pablo Valdez y Gaza”.

En particular, contra el MP Juan Manuel Acosta Nápoles por dejar en libertad bajo fianza a unos delincuentes dos días después del atraco realizado a una casa habitación en la colonia Parques del Nilo Segunda Sección, el 9 de septiembre.

También señalaron a la PGJ porque, arguyeron, en las averiguaciones previas 7482/2012 y la 1480/2012 por robo a casa habitación nunca se hicieron presentes agentes de criminología o peritos a levantar huellas o evidencias.

Y aunque, según la averiguación 8984/2012, en una ocasión sí  acudieron, lo hicieron 24 horas después del atraco, luego de una docena de llamadas de los vecinos a la procuraduría.


(PROCESO/ Edición Jalisco/  Josefina Real/12 de enero de 2013)

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