Tráfico de influencias, amenazas, fraudes y corrupción
en la licitación de obras
Alejandro
Sicairos
Lejos de verlo como
un crédito que endeudó como nunca antes a Sinaloa, las compañías constructoras
en contubernio con funcionarios estatales divisaron los 2 mil 600 millones de
pesos como un impresionante botín a disputar.
En la barahúnda por repartirse la
“piñata” malovista ni siquiera les preocupó dejar huellas en las actas de fallo
que delatan carreteras mochas, aplastamiento de los presupuestos más baratos y
amenazas a competidores. Los contratistas saben que en el desgobierno pueden
hacer eso y más.
Una de las obras
financiadas con la megadeuda por 2 mil 600 millones de pesos, que en agosto de
2011 contrató el gobernador Mario López Valdez, es la rehabilitación de la carretera
Limoncito-5 Hermanos, municipio de Navolato, en un tramo de 14 kilómetros 140
metros. En realidad se reconstruyeron solo 13 kilómetros con los mismos 22
millones 566 mil 750 pesos con 47 centavos que fueron autorizados para reparar
todo ese tramo.
Para otorgársela a
la empresa Agregados, Maquinaria y Construcción S.A. de C.V., el Comité de
Licitación desplazó 12 propuestas de constructoras que la harían más barata. La
número uno, planteada por Construcciones y Pavimentos Asfálticos S.A. de C.V.
ofrecía realizar la obra con 2 millones 404 mil 996 pesos menos.
La de la empresa
ganadora fue la propuesta 13, la última, según el acta de fallo del concurso de
licitación SDUOP-C-LP-CAR-064-2011. Con argumentos endebles, tan ligeros como
no señalar fechas para disponer de la maquinaria requerida, se eliminó a una
docena de postulantes. Finalmente, nada más cuatro de los doce solicitantes
desplazados firmaron el dictamen.
Este y otros casos
afloran en la investigación que llevó a cabo el Consejo Ciudadano para la
Vigilancia y Transparencia en Sinaloa y que orilló a este organismo a negarse a
avalarle a Mario López Valdez el incorrecto uso del dinero del supercrédito.
A pesar de que el
CCVTS mantiene bajo reserva el expediente que da cuenta de las múltiples irregularidades
en el proceso de licitación y realización de las 552 obras programadas a
realizarse con los 2 mil 600 millones de pesos, una investigación propia de
Ríodoce ubicó algunas de las anormalidades ya consumadas.
Son la licitación,
asignación y ejecución de obras en carreteras y caminos las que de inicio
estuvieron marcadas por el favoritismo. Ello se agravó luego con “arreglos” que
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas hicieron
con las constructoras para que los tramos a rehabilitar o a construir fueran
más cortos de lo establecido en la convocatoria y acta de licitación.
De acuerdo con
estimaciones del consejo fiscalizador que el mismo gobernador creó para
sancionar el ejercicio del supercrédito, al menos el 20 por ciento de los
trabajos asignados en el área de comunicaciones se realizaron en longitudes
menores a las previstas en los contratos.
También hubo
amenazas a empresarios de la construcción para que permitieran los malos
manejos que se dieron en los procedimientos de licitación. En el transcurso de
la publicación de la convocatoria y al momento del fallo se coaccionó a las
compañías inconformes con vetarlas en otros concursos de obras si se
inconformaban contra la correspondiente acta de asignación.
El caso Medif
A la compañía Medif
Constructora S.A. de C.V. no le significó ninguna dificultad obtener el mayor
monto de recursos otorgado por el Gobierno de Sinaloa dentro de la aplicación
del megacrédito. Es la que más obra ganó, con 149 millones 130 mil 495 pesos con
70 centavos.
Es la constructora
que pavimenta el tramo El Salado-El Álamo, el antiguo camino de terracería que
una y otra vez han recorrido el Ejército y las Fuerzas Federales al
considerarlo dentro del territorio del cártel de Sinaloa.
En febrero de 2010,
elementos de la Marina tomaron por asalto la finca que la familia Zambada
Niebla tiene en la comunidad El Álamo, poblado donde topa la primera etapa de
la carretera que el Gobierno del Estado está pavimentando. A raíz de aquel
operativo, la exesposa de Ismael el Mayo Zambada, Rosario Niebla, denunció que
los soldados se llevaron artículos personales y tumbaron todo lo que se
encontraba a su paso.
En esta obra que se
realiza con dinero del préstamo adquirido por Malova, de acuerdo con
constructores consultados, operó el factor miedo. A los que intentaron hacer
propuestas para competir contra Medif se les advirtió que era peligroso no solo
contravenir al principal postor sino meterse con maquinaria y trabajadores a la
zona en que se realizaría la obra.
El trayecto El
Salado-El Álamo lo ganó Medif apareciendo en el primer lugar de la lista de
propuestas. Su planteamiento de 38 millones 599 mil 921 pesos con 32 centavos
aparentemente no fue superado por otras cuatro empresas que se animaron a
concursar: Construcciones Eléctricas y Urbanas Mira, Cooperativa de Producción
Borquin Construcciones, Construcciones José y Constructora Gusa.
Aun cuando es una de
las obras más grandes hechas con recursos del megacrédito, la participación de
constructores fue poca. “Hubo miedo a entrarle, desde la misma Secretaría de
Obras Públicas nos alertaron que había un peligro real, latente”, dice uno de
los empresarios que evitaron tomar parte en la licitación.
No es la única
licitación que ganó Medif. También logró la pavimentación con concreto
asfáltico del camino Badiraguato-Otatillos, tramo Badiraguato-El Palmar, con
una inversión de 55 millones 581 mil 28 pesos con 78 centavos. En este caso
concursó en cuarto lugar y obtuvo la obra compitiendo con otras ofertas, como
la de Constructora y Arrendadora López S.A. de C.V. que planteaba hacerla con 4
millones 237 mil 424 pesos con 82 centavos menos.
De igual forma se le
adjudicó la pavimentación de 9 kilómetros del camino Concordia-Cacalotán, tramo
Mesillas-Cacalotán, con una inversión de 54 millones 949 mil 545 pesos con 60
centavos. En este caso su propuesta era la sexta y última, desplazando el
ofrecimiento de compañías como Construcciones José S.A. de C.V. que haría la
misma obra pero con un millón 749 mil 154 pesos con 94 centavos más barata, de
acuerdo con datos de la licitación SDUOP-C-LP-PAV-066-2012.
Reparto sospechoso
Existen otros casos
que han prendido las luces de la sospecha en el Consejo Ciudadano para la
Vigilancia y Transparencia de Sinaloa, pues abren la posibilidad de que la
licitación y asignación de obra estén orientadas a privilegiar intereses
privados, al margen de lo que establece la Ley de Obras Públicas del Estado de
Sinaloa.
Sobresale el hecho
de que la empresa Administradora de Edificaciones S.A. de C.V. haya conseguido
la pavimentación con concreto hidráulico del bulevar Benito Juárez, en la
ciudad de Navolato, pese a que ocupó el doceavo lugar al presentar su
propuesta. Hará la obra con 9 millones 267 mil 971 pesos con 11 centavos,
contra la postura que participó en primer lugar con 188 mil 801 pesos con 20
centavos menos.
Pero la misma
empresa también concursó por “trabajos a nivel base impregnada, guarniciones y
banquetas en mil 260 metros del bulevar Agustín Melgar, de Navolato”, con una
inversión de 12 millones 337 mil 385 pesos con 15 centavos. Su planteamiento se
ubicó en el lugar 20 pero como por arte de magia saltó al primer lugar,
desplazando a Proyectos y Construcciones GFI, que propuso hacer la obra con 635
mil 580 pesos con 24 centavos menos.
La firma Agregados,
Maquinaria y Construcción participó en el doceavo lugar para una obra de
guarniciones y banquetas en la comunidad de Villa Ángel Flores, municipio de
Navolato, ganando extrañamente la licitación aun cuando la propuso 340 mil
pesos más cara que Real El Diez S.A. de C.V. que aparecía en primer lugar.
En el caso de
Cabsingh Constructora S.A. de C.V. ganó la licitación para edificar el puente
bimodal sobre el río Tamazula, en Culiacán, a pesar de que concursó en el
tercer y último lugar. Para estos trabajos propuso gastar 15 millones 920 mil
786 pesos con 65 centavos, es decir 977 mil 31 pesos con 12 centavos más que
Haggen Construcciones, que encabezaba las propuestas.
En infinidad de
obras licitadas providencialmente las empresas saltaron al primer lugar al
hallarse en los últimos sitios, con presupuestos mucho más altos. La
descalificación de los no privilegiados se hizo en forma arbitraria: “no
considera que el presente año es bisiesto, presenta año anormal”, dice una de
las razones estipuladas en el contrato SDUOP-CAP-PUENTE BIMODAL-098-2012.
Las licitaciones las
sancionaron Carlos Ramón López Castro, director de Normatividad y Contratos;
Dionisio Sánchez Félix, director de Control y Seguimiento da la Obra Pública;
Armando Trujillo Sicairos, jefe del Departamento de Licitaciones y Contratos, y
José Luis Ulloa Miranda, jefe del Departamento de Seguimiento de Contratos.
Todos ellos son funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas.
Los últimos serán
los ganones
Resulta atípico
—“pero sobre todo cínico, aborrecible”— que los gobiernos causen daños
patrimoniales a las finanzas públicas con tal de pagar favores políticos o
beneficiar a sus compadres y amigos, critica el ingeniero Marco Antero
Boucieguez, auditor de obra pública.
Supervisor desde
hace 20 años de obras de gobierno en el Distrito Federal y el Estado de México,
señala que en los procedimientos para concursar y asignar proyectos que se
realizan con recursos públicos es altamente sospechoso que entre 20 posturas o
más gane la última y se desechen las primeras.
“Del lugar uno al
cinco es lo normal. Cualquiera que dentro de ese orden gane una licitación no
tiene porqué generar dudas. Es el rango que denota un correcto manejo de las
licitaciones que durante décadas se han prestado para actos de corrupción”,
agrega.
Recomienda que el
gobernador o los presidentes municipales, y de ser posible los congresos
estatales, garanticen que los funcionarios que sancionan las convocatorias o
licitaciones de obras sean de probada honestidad y no caigan en corruptelas.
“Los servidores
públicos ven esta área como una mina de oro. Con los porcentajes que cobran por
beneficiar a tal o cual empresa, con ganancias que obtienen violentando las
características o calidad de los trabajos a ejecutar o siendo socios o
trabajadores de las constructoras que ganan, ellos se echan muchos millones a
la bolsa”, afirma.
Especializado en el
Politécnico Nacional en auditoría de obras, Antero Boucieguez señala que en
varios estados se han establecido candados legales para acabar con la costumbre
de que en las licitaciones que hace el Gobierno “los últimos sean los ganones”.
Solamente entidades
que se aferran a la opacidad, a la transa, continúan con esquemas que favorecen
y toleran la asignación de obras a cuates, amigos o socios, puntualiza.
Yo debo… que otros
paguen
Según el corte del
10 de diciembre de 2012, el Gobierno de Sinaloa había formalizado y contratado
los siguientes créditos, dentro de los 2 mil 600 millones de pesos que el
Congreso del Estado le autorizó a adquirir en deuda:
Banco Monto
Plazo para pagar
Banorte 1,339 millones 20 años
Banamex 500 millones 20 años
Bancomer 339 millones 20 años
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