Denuncian empresarios inmobiliarios
El Alcalde permite la construcción irregular de la regasificadora en Costa Azul, mientras que los ensenadenses afectados procuran recursos legales para impugnar la instalación de la firma que va en contra del programa de ordenamiento y desarrollo urbano, turístico y ecológico de la zona.
Luis Alonso Pérez
El presidente municipal de Ensenada, Enrique Pelayo, favorece a la empresa Zeta Gas al permitir la construcción irregular de la planta regasificadora en el paraje Costa Azul, según denunciaron empresarios que impugnan su instalación.
Mientras que al inicio de su administración actuó con todo el poder de la ley contra Energía Costa Azul, propiedad de Sempra Energy, el Alcalde priísta ha permitido a la transnacional mexicana subsanar las irregularidades mediante las cuales el pasado Ayuntamiento permitió el inicio de la construcción de la planta.
Ahora intentan modificar los lineamientos de uso de suelo del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada para eliminar el almacenaje y la distribución industrial de gas dentro de los giros restringidos en el programa de ordenamiento y desarrollo urbano, turístico y ecológico de la zona.
Ante la actuación de las autoridades municipales en el Congreso del Estado se ha emitido un punto de acuerdo solicitando una investigación a fondo en la instalación de la gasera, mientras que los empresarios inmobiliarios demandarán al Gobierno de Ensenada por los daños que la construcción de la planta regasificadora ha ocasionado a su inversión de más de 10 millones de dólares.
El “discurso” de Pelayo
Eran las 16:38 horas del 11 de febrero de 2011 cuando un grupo de funcionarios del XX Ayuntamiento de Ensenada cesaron de manera temporal la operación de la terminal de gas natural licuado Energía Costa Azul S. de R. L. de C.V., propiedad de la transnacional Sempra Energy.
La clausura se sustentaba legalmente en el incumplimiento de lo dispuesto en 4 puntos del Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren), así como otras violaciones a Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California.
“Con estas acciones emprendidas, se está velando en todo momento por la integridad física de cada uno de los habitantes de Ensenada ante una eventualidad”, expuso el alcalde Enrique Pelayo mediante un comunicado de prensa oficial, proyectándose como el protector del que describió como el “corredor turístico más bello del mundo, la carretera escénica Tijuana-Rosarito-Ensenada”.
En ese momento algunos ciudadanos vieron en Pelayo una esperanza para retirar las plantas regasificadoras del paraje Costa Azul, incluyendo la de Zeta Gas, que apenas se instalaba a unos cuantos kilómetros de distancia de la planta de Sempra.
El tiempo pasó y Energía Costa Azul reanudó sus operaciones. La construcción de la planta de Zeta Gas nunca fue perturbada.
“Nos dio atole con el dedo, porque nos aseguró que él iba a someter a las dos empresas a que se regularizaran, pero fue sólo un discurso”, sostuvo José Vázquez, abogado de Mirador Baja, empresa inmobiliaria establecida a kilómetros de la planta de Zeta Gas que interpuso un recurso legal para suspender la construcción al considerarla una obra peligrosa.
“Pensábamos que al tratarse el asunto de Sempra, se tenía que tratar el asunto de Zeta Gas, las dos van íntimamente ligadas, ya que las dos nacieron prácticamente con la misma irregularidad, un uso de suelo que no es para ese fin”, agregó el representante legal de Mirador Baja, empresa que pretendía construir residencias en el paraje Costa Azul, dirigidas principalmente para el mercado extranjero.
Zeta Gas interpuso un amparo al interdicto en el 2010, pero en mayo de este año un Tribunal Colegiado en Mexicali ratificó la sentencia de suspensión provisional.
Sin embargo, el interdicto de obra peligrosa nunca fue ni ha sido acatado por las autoridades municipales, ni por el pasado o el actual Ayuntamiento. No sólo eso; la actual administración otorgó a Zeta Gas una prórroga de 18 meses al permiso de construcción, ya que no terminó la edificación de la planta en el tiempo previsto inicialmente.
“En ese momento era cuando pensábamos que (Enrique Pelayo) iba a tratar de enmendar las irregularidades, pero ya vimos que una cosa es la que dice y otra la que hace”, sostuvo el Abogado de Mirador Baja.
Consciente de que suspender la obra de manera definitiva es prácticamente imposible, lo que los empresarios inmobiliarios esperan es que se compense el daño patrimonial que la empresa gasera ocasionó al desarrollo habitacional.
“¿Quién va a querer asentarse ahí cuando va a tener como vecino 139 millones de litros de gas?”, sostuvo Vázquez, quien estima que se debería compensar por 10 millones de dólares a sus representados para que puedan recuperar la inversión en compra de tierras que hasta el momento han efectuado, aunque sabe que este proceso podría ser muy tardado.
“Llevamos ya 2 años y medio y no dudo que este asunto pueda llevar hasta los diez años”.
Ante esta situación Mirador Baja considera demandar al Gobierno Municipal de Ensenada “por los daños que nos ha ocasionado el haber otorgado un permiso de uso de suelo en contravención a lo establecido”, explicó su abogado.
“Como institución, sea quien sea el presidente municipal, tienen que responder incluso por los actos del anterior. Nosotros demandamos a la institución, no al funcionario”, puntualizó.
Congreso exige una investigación
Desde la entrada de la XX Legislatura diputados locales solicitaron al Gobierno Municipal de Ensenada la revisión de los permisos de instalación y operación de las terminales marítimas de gas licuado natural de Sempra y Zeta Gas, “por establecerse en una zona de alto riesgo y porque presumiblemente no contaban con los permisos correspondientes”, explicó la diputada Claudia Agatón.
Al igual que los empresarios de Mirador Baja, la Diputada del Partido del Trabajo se asombró al ver que a principios de este año se actuó de manera contundente contra Sempra, mientras que a Zeta no se le molestó en lo más mínimo.
“Tiene que ser a la par. ¿Por qué a una sí y a la otra no?”, se cuestionó.
A raíz de esta inequidad, la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable del Congreso solicitó al XX Ayuntamiento de Ensenada actuar conforme a los lineamientos establecidos en el Cocotren.
“El Ayuntamiento de Ensenada debe actuar en consecuencia para impedir que esta empresa ponga en riesgo la seguridad de las personas y el medio ambiente”, expuso Claudia Agatón, quien ha recibido informes parciales de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Ensenada sobre la instalación de la planta regasificadora de Zeta, pero hasta el momento esta información no le ha sido satisfactoria.
Por ese motivo emitió un punto de acuerdo durante la sesión del Congreso efectuada el 7 de septiembre en Ensenada exhortando al XX Ayuntamiento de Ensenada a actuar conforme a la ley para dictaminar en definitiva respecto a la negativa del uso de suelo por los riesgos potenciales a la seguridad de las personas y los riesgos ambientales que representan a la zona.
La Diputada del PT aseguró que hasta el momento no se les ha entregado ningún tipo de documentación de parte del XX Ayuntamiento de Ensenada.
El Gobierno de Ensenada investiga
De acuerdo con la directora de Catastro y Control Urbano del XX Ayuntamiento de Ensenada, Lourdes Oliva, la dirección a su cargo se encuentra atendiendo el exhorto de los legisladores y está en medio de un proceso de revisión del expediente de Zeta Gas.
El objetivo de la revisión es saber cómo están trabajando, el porcentaje de avance que llevan en la obra y analizar el impacto ambiental que tiene sobre la zona, explicó la ingeniera.
“Nosotros encontramos que han sido muy cuidadosos ellos en las cuestiones ambientales y que trabajan con seguridad”, sostuvo sobre los avances parciales de la revisión, y agregó que “hasta ahora no hemos encontrado un solo documento que consideremos que fue emitido irregularmente”.
La revisión del expediente comenzó hace más de un mes y se contempla que termine en alrededor de dos semanas. Será hasta el final de este periodo cuando la Dirección de Catastro y Control Urbano tengan todos los elementos para establecer una opinión técnica definitiva.
Oliva señaló que se han realizado dos inspecciones en el proyecto, la primera efectuada hace 2 meses y la última hace 3 semanas.
“Yo considero que ellos están cumpliendo con las zonas de amortiguamiento… aunque todos los riesgos están latentes en cualquier industria”, sostuvo, y aseguró que la empresa está desarrollando planes de contingencia con Bomberos y Protección Civil de Ensenada.
Sin embargo aún no ha sometido un manual de contingencias, ya que según la funcionaria municipal lo está desarrollando en conjunto con la empresa Sempra, y aclaró que aunque es un requisito con lo que deben cumplir, será el departamento de Bomberos y Protección Civil la dependencia responsable de revisar que se cumpla en tiempo y forma.
Al ser cuestionada sobre por qué el XX Ayuntamiento actuó contra Energía Costa Azul y no contra Zeta Gas, Oliva sostuvo que la empresa mexicana ya contaba con todos los permisos emitidos por la pasada administración municipal, a diferencia del caso de Energía Costa Azul, “que prácticamente no cuenta con un dictamen del uso de suelo, ya que el documento que presentaron si es genuino, pero no cuenta con validez jurídica”.
Sin embargo los lineamientos del Cocotren no permiten el almacenaje y redistribución de gas, por lo que la ingeniera sostuvo que actualmente se contempla realizar cambios a las disposiciones del corredor costero.
“De alguna manera eso sería lo ideal, ya tenemos las plantas y lo que nosotros siempre hemos manejado es que se regularicen y que ya no demos opción a que otras plantas se instalen para no aumentar los riesgos, y como una de ellas está trabajando de forma irregular pues queremos que se regularice”.
Con relación a la ratificación del interdicto de obra peligrosa interpuesto por Mirador Baja, la Funcionaria simplemente respondió “a mí no me ha llegado ningún documento de ningún tribunal”.
Mientras el periodo de revisión del documento avanza los ciudadanos afectados continúan las acciones legales contra Zeta Gas y el Gobierno Municipal, y aunque admiten que enfrentan una situación adversa consideran que “al menos debe asentarse en el país una semilla de legalidad en este tipo de situaciones”, de acuerdo con lo expresado por el abogado José Vázquez.
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