sábado, 1 de octubre de 2011

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José A. Ríos Rojo   
El desmantelamiento de la seguridad social en México

“No se puede hablar de patria si no se comienza primero por asegurar que cada ciudadano cuente con un hogar digno. Es ahí, en el hogar, donde no solamente habitamos, amamos, soñamos, sino donde de manera natural se asientan y se armonizan los demás derechos sociales”. Con esta frase empieza el libro Manual para la defensa del usuario del Infonavit que coordina Laura Itzel Castillo.
A estos niveles de desmantelamiento de la Seguridad Social hemos llegado en México, que hoy existe un Manual para la defensa del usuario del Infonavit. Para Ripley.

Es en el capítulo 2 donde se encuentra el apartado denominado Manual para el derechohabiente de Infonavit, compuesto por preguntas y respuestas para que el derechohabiente pueda defenderse de los abusos de las autoridades. A manera de ejemplo: ¿Por qué se llega a pagar hasta más de tres veces el valor de una casa?

En la actualidad, el Infonavit no produce directamente la vivienda. Esta es obtenida a través del crédito que otorga el Instituto, pero construida por un tercero, es decir, por una empresa desarrolladora inmobiliaria. Esta situación es resultado de la política habitacional promovida desde hace más de dos décadas en nuestro país. Así, las y los derechohabientes se ven obligados a aceptar como valor de la casa el precio de venta del inmueble, el cual incorpora la utilidad o ganancia de la empresa. De esta forma el trabajador, al adquirir un crédito debe pagarle al Infonavit además de la utilidad de la desarrolladora, los intereses del dinero prestado, que se calcula en función del llamado “saldo insoluto”, es decir, del capital que se adeuda.

El costo real de producción, que incluye: terreno, materiales, mano de obra, licencias y derechos, equivale a 31.46 por ciento del total que se paga al final del crédito. Casi la mitad de lo que se paga al final del crédito, 48.06 por ciento, lo componen los intereses. El costo financiero del dinero, cuando menos, paga el valor de dos viviendas. Si a lo largo de la vida del préstamo hubo pagos a destiempo, estos generaron intereses adicionales por mora lo que eleva considerablemente el valor final de la casa. Esto incluso puede ocasionar que se pague el valor equivalente a tres viviendas.

¿Por qué les cobran más a los desempleados?

Existen dos formas de pagar en Infonavit:

—Factor de pago ROA (Régimen Ordinario de Amortización): Es para aquellos que tienen empleo que cotice en el IMSS. El pago es compartido (una parte lo paga el trabajador y otra parte el patrón. Al trabajador le descuentan de su sueldo generalmente de 20 al 25 por ciento, y al patrón 5 por ciento que aporta sobre el sueldo base del trabajador.

—Factor de pago REA (Régimen Extraordinario de Amortización): Es para aquellos que no tienen empleo y deben pagar por su cuenta. Todo el pago es a cargo del derechohabiente acreditado.

Desafortunadamente, cuando el trabajador se encuentra desempleado es castigado por el Infonavit, quien lo obliga a pagar todavía más. El derechohabiente debe cubrir la cantidad total que le descontaban, más el monto de la aportación patronal y un pago extra. Incluso en muchas ocasiones, de acuerdo a lo estipulado en el contrato del crédito, el desempleado está forzado a aportar mensualmente el equivalente a 35 por ciento de su último sueldo.

El Infonavit aplica en realidad una política bancaria voraz que maquilla mediante retórica jurídica. Cuando un derechohabiente pierde el empleo, Infonavit estima que ya no hay obstáculos legales para tratar al trabajador como deudor, sin derechos laborales ni de previsión social. Se convierte así en el peor de los bancos. El Infonavit ha llegado al extremo de argumentar ante los jueces federales que su actuación en contra de los acreditados está respaldada en que estos ya no son trabajadores sino desempleados.

Desde el punto de vista constitucional, los derechos que surgen al otorgar un crédito no desaparecen por la pérdida del empleo.

El espíritu de la Constitución Política es que la clase trabajadora adquiera viviendas y establece varios mecanismos para proteger este fin. Si hay pérdida de empleo, dichos mecanismos deben subsistir para cumplir con la máxima norma.

riosrojo@hotmail.com Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
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José A. Ríos Rojo   
Lunes 04 de julio de 2011
El desmantelamiento de la seguridad social en México

“No se puede hablar de patria si no se comienza primero por asegurar que cada ciudadano cuente con un hogar digno. Es ahí, en el hogar, donde no solamente habitamos, amamos, soñamos, sino donde de manera natural se asientan y se armonizan los demás derechos sociales”. Con esta frase empieza el libro Manual para la defensa del usuario del Infonavit que coordina Laura Itzel Castillo.
A estos niveles de desmantelamiento de la Seguridad Social hemos llegado en México, que hoy existe un Manual para la defensa del usuario del Infonavit. Para Ripley.

Es en el capítulo 2 donde se encuentra el apartado denominado Manual para el derechohabiente de Infonavit, compuesto por preguntas y respuestas para que el derechohabiente pueda defenderse de los abusos de las autoridades. A manera de ejemplo: ¿Por qué se llega a pagar hasta más de tres veces el valor de una casa?

En la actualidad, el Infonavit no produce directamente la vivienda. Esta es obtenida a través del crédito que otorga el Instituto, pero construida por un tercero, es decir, por una empresa desarrolladora inmobiliaria. Esta situación es resultado de la política habitacional promovida desde hace más de dos décadas en nuestro país. Así, las y los derechohabientes se ven obligados a aceptar como valor de la casa el precio de venta del inmueble, el cual incorpora la utilidad o ganancia de la empresa. De esta forma el trabajador, al adquirir un crédito debe pagarle al Infonavit además de la utilidad de la desarrolladora, los intereses del dinero prestado, que se calcula en función del llamado “saldo insoluto”, es decir, del capital que se adeuda.

El costo real de producción, que incluye: terreno, materiales, mano de obra, licencias y derechos, equivale a 31.46 por ciento del total que se paga al final del crédito. Casi la mitad de lo que se paga al final del crédito, 48.06 por ciento, lo componen los intereses. El costo financiero del dinero, cuando menos, paga el valor de dos viviendas. Si a lo largo de la vida del préstamo hubo pagos a destiempo, estos generaron intereses adicionales por mora lo que eleva considerablemente el valor final de la casa. Esto incluso puede ocasionar que se pague el valor equivalente a tres viviendas.

¿Por qué les cobran más a los desempleados?

Existen dos formas de pagar en Infonavit:

—Factor de pago ROA (Régimen Ordinario de Amortización): Es para aquellos que tienen empleo que cotice en el IMSS. El pago es compartido (una parte lo paga el trabajador y otra parte el patrón. Al trabajador le descuentan de su sueldo generalmente de 20 al 25 por ciento, y al patrón 5 por ciento que aporta sobre el sueldo base del trabajador.

—Factor de pago REA (Régimen Extraordinario de Amortización): Es para aquellos que no tienen empleo y deben pagar por su cuenta. Todo el pago es a cargo del derechohabiente acreditado.

Desafortunadamente, cuando el trabajador se encuentra desempleado es castigado por el Infonavit, quien lo obliga a pagar todavía más. El derechohabiente debe cubrir la cantidad total que le descontaban, más el monto de la aportación patronal y un pago extra. Incluso en muchas ocasiones, de acuerdo a lo estipulado en el contrato del crédito, el desempleado está forzado a aportar mensualmente el equivalente a 35 por ciento de su último sueldo.

El Infonavit aplica en realidad una política bancaria voraz que maquilla mediante retórica jurídica. Cuando un derechohabiente pierde el empleo, Infonavit estima que ya no hay obstáculos legales para tratar al trabajador como deudor, sin derechos laborales ni de previsión social. Se convierte así en el peor de los bancos. El Infonavit ha llegado al extremo de argumentar ante los jueces federales que su actuación en contra de los acreditados está respaldada en que estos ya no son trabajadores sino desempleados.

Desde el punto de vista constitucional, los derechos que surgen al otorgar un crédito no desaparecen por la pérdida del empleo.

El espíritu de la Constitución Política es que la clase trabajadora adquiera viviendas y establece varios mecanismos para proteger este fin. Si hay pérdida de empleo, dichos mecanismos deben subsistir para cumplir con la máxima norma.

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