La detención el pasado sábado
2 de abril del coronel Gabino Torres Solórzano, comandante del 89 batallón de
infantería con sede en Los Mochis, destapó una serie de irregularidades en esta
unidad del ejército que costó la vida a cinco militares, caídos en una
emboscada el pasado 30 de enero, en la comunidad de La Huerta, municipio de
Mocorito.
El ataque contra los
militares dejó un saldo de cinco heridos y en las primeras horas se reportó la
muerte de cuatro personas, dos soldados y dos pistoleros. En los días
posteriores fallecieron tres militares más de los seis que viajaban en una
Hummer, lo que elevó a cinco el número de bajas castrenses. La circunstancia de
la emboscada provocó una ola de indignación al interior del ejército por la
forma como el coronel Torres Solórzano, conducía las operaciones del batallón
desde que en marzo del 2015 asumió el mando.
Torres Solórzano ingresó
detenido al penal militar de Mazatlán acusado de desobediencia, abandono de
servicio y robo equiparado. Con él también fueron recluidos el mayor Nicolás
Navarro Olvera, jefe de la sección de Información, Instrucción y Operaciones
(SIIO) del batallón, acusado de desobediencia; y el capitán Juan Manuel Parga
García, imputado también por desobediencia. Los tres ex mandos del 89 de
infantería, quedaron procesados en la causa penal 168/2016 que se abrió en el
juzgado castrense adscrito a la Tercera Región militar con sede en el puerto.
La detención del coronel,
señalado por sus pares en el ejército de “negligencia criminal” por la medida
que costó la vida a dos oficiales, un sargento, un cabo y un soldado, revivió
las sospechas de sus vínculos con el narcotráfico en la zona de Choix y Ahome.
En enero pasado un video
subido a la red de YouTube, titulado “La realidad de Bacayopa Choix Sinaloa”,
se menciona a un “coronel Cortés”, presunto seudónimo del entonces comandante
del 89 batallón, a quien los pobladores vinculan con el grupo que controla esa
zona serrana del estado. En el video aparecen al principio imágenes del
poblado, seguidas del interrogatorio que dura cinco minutos con 50 segundos a
un hombre no identificado. Al final aparecen fotos de militares a bordo de vehículos
de transporte de tropas.
VIOLÓ DISPOSICIONES DEL ALTO MANDO
Desde el inicio de la actual
administración en el gobierno federal, existe la orden del alto mando de la
Secretaría de la Defensa Nacional para que no opere o transite un solo vehículo
militar sin escolta de por medio. La orden es que deben ser dos, por lo menos,
para evitar emboscadas. El día del ataque que costó la vida a los cinco
militares, iban en un solo transporte. La acusación señala que existió
negligencia por parte del coronel Torres que permitió la salida de las
instalaciones militares del 89 batallón, de personal a bordo de un solo
vehículo y en número reducido, solo seis de los que sobrevivió uno.
El pasado 30 de enero,
alrededor de las 13 horas, en la comunidad de La Huerta, municipio de Mocorito,
se suscitó un enfrentamiento armado entre seis militares que viajaban en un
vehículo Hummer contra un grupo de por lo menos 10 civiles que se encontraban
estacionados en dos vehículos, a la orilla del camino. Cuando los pistoleros
notaron la presencia de los uniformados, abrieron fuego con armas de grueso
calibre, lo que dejó un saldo final de cinco militares y dos civiles muertos.
Al interior del ejército llamó la atención el desigual número de bajas entre
efectivos supuestamente entrenados para repeler este tipo de agresiones. Los
muertos fueron dos subtenientes, uno de transmisiones y uno de infantería, un
sargento segundo, un cabo y un soldado, de acuerdo al reporte de la comandancia
del 89 batallón asentado en la causa penal.
Tras la investigación de la
Procuraduría de Justicia Militar, los peritajes determinaron que los militares
que viajaban en un solo vehículo fueron atacados por dos flancos con armas de
calibre 7.62 mm, similar al que utilizan las fuerzas armadas. Los agresores
dispararon ráfagas desde dos vehículos estacionados, lo que constituyó una
emboscada de acuerdo con la doctrina militar que define este tipo de agresiones
como un “ataque sorpresivo de fuerzas enemigas en movimiento”.
El desplazamiento en un solo
vehículo expuso a los militares a esa acción por parte de los testaferros, lo
que equivale a un error táctico propiciado por la orden que dio su comandante,
el coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor (DEM) Torres Solórzano.
Aquel día, el jefe castrense ordenó el relevo de un servicio en un puesto de
vigilancia en esa comunidad, para lo cual se utilizó un solo vehículo. El
motivo fue, según el expediente, ahorrar combustible.
De acuerdo con militares del
89 de infantería, se sabía por varios testigos que el mando militar ordenaba
muy seguido la salida de un vehículo aislado, lo que contravenía la orden
superior dictada por el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Esa disposición
señala que para evitar desventajas de este tipo ante integrantes del crimen
organizado, que operan en grupos numerosos y se desplazan en convoyes de
vehículos algunos incluso con blindaje, es obligatorio para cada vehículo
llevar escolta en cualquier desplazamiento.
La emboscada y muerte de los
cinco soldados conmovió al paso de las semanas a la comunidad militar. El
suceso tuvo amplia difusión en redes sociales, lo que causó indignación al
conocerse la omisión por parte de Torres, que abonó para el descalabro de sus
tropas. De acuerdo con versiones de personal castrense, a la hora del ataque el
coronel se paseaba de civil con su familia en Los Mochis, cabecera municipal de
Ahome. Abandonó su servicio como responsable del puesto de mando de Bacubirito,
de donde salió el personal rumbo a La Huerta, a efectuar el relevo.
EL TURBIO PASADO DEL CORONEL
Días después del suceso, la
madre del subteniente de transmisiones Aldo Martín Fuentes Velázquez, uno de
los cinco militares fallecidos, envió una carta al general Salvador Cienfuegos
Zepeda, titular de la Defensa Nacional,
donde le pidió se esclareciera la muerte de su hijo. En la misiva decía
que no le quedaban claras las circunstancias de su muerte, y exigía se investigara.
Copia del documento fue enviada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), para pedir su intervención y “evitar impunidad en el caso”.
Debido a esta solicitud, dos
meses después del ataque la Procuraduría de Justicia Militar inició una
averiguación previa que concluyó con una purga en los mandos del 89 batallón de
los Mochis. El coronel Torres Solórzano, el mayor Nicolás Navarro Olvera y el
capitán Juan Manuel Parga García fueron detenidos y enviados al penal militar
de Mazatlán.
El lunes 4 de abril, el juez
castrense fijó fianza al coronel Torres y al mayor Navarro, una vez que la
cubrieron abandonaron la cárcel para
enfrentar el juicio en libertad bajo caución, ya que los delitos que se les
imputan no están considerados graves.
De acuerdo con fuentes
cercanas al caso, la procuraduría militar pretende descargar la responsabilidad
en el capitán Parga García, ya que sus superioresTorres y Navarro, lejos de
asumir su responsabilidad, inculparon al oficial, pese a que el día del suceso
éste se encontraba en calidad de “excedente” y sin mando de tropas en el 89
batallón.
La historia detrás de esta
imputación al interior del batallón, es que días antes el coronel Solórzano
había ordenado instruir un consejo de honor al capitán Parga García. La razón
fue que había solicitado su cambio de adscripción, por lo que fue colocado en
calidad de “excedente”, y como “castigo” le ordenó permanecer en el puesto de
mando de Bacubirito, donde el coronel era el titular.
Otra historia en la ficha del
hoy ex comandante del 89 batallón, refiere que al subteniente Aldo Martín no le
correspondía acudir al puesto de mando de Bacubirito en esa fecha. Asistió
porque Solórzano lo castigó debido a que solicitó su cambio a un batallón de
Policía Militar en la Ciudad de México, para poder estar cerca de su familia.
Este hecho molestó al coronel y lo mandó a la sierra.
En el pliego de consignación
el Ministerio Público militar acusó de “grave omisión” a Torres, lo que
ocasionó la vulnerabilidad en la seguridad de sus tropas al exponerlos en
desventaja frente al enemigo. Fue un error táctico que resultó mortal. De
acuerdo con el artículo 268 del reglamento general de deberes militares, el
coronel en su calidad de comandante de unidad, es el único responsable ante la
superioridad de la disciplina, administración e instrucción del cuerpo bajo sus
órdenes. El artículo 325 dice que el mando militar recae en una sola persona y
por ningún motivo será divisible. De ahí que la defensa del capitán Parga se
pregunte por qué inculpar de todo a este oficial.
En el año 2010 al entonces
teniente coronel Torres Solórzano se le involucró con la organización delictiva
de los hermanos Beltrán Leyva, cuando se desempeñaba como subjefe de estado
mayor en la séptima zona militar en Monterrey, Nuevo León. Su nombre apareció
en un video subido aquel año a YouTube junto al de otros militares como el del
general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, entonces comandante en el cuartel ubicado en
la capital regiomontana ―hoy retirado― y actual secretario de seguridad en esa
entidad.
Con faltas de ortografía el
video titulado “Confecion de un dezertor del ejército”, es un interrogatorio a
quien se identificó con una credencial del ejército como teniente de infantería
Rodrigo Fernando Pérez Rodríguez. Este oficial narra la circunstancia que
obligó en 2009 a la detención de Héctor Huerta Ríos, alias la Burra, operador
de los Beltrán en Nuevo León. El teniente coronel Torres Solórzano aparece como
parte de la red de protección que la organización tenía en aquel tiempo en esa
zona del país.
(RIODOCE/ Juan Veledíaz /Especial para
Ríodoce en 10 abril, 2016)
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