AYOTZINAPA: LA VERDAD INCONFESABLE

Cada semana se vuelve más intolerable la protección del presidente Enrique Peña Nieto a su amigo, Jesús Murillo Karam, porque cada vez que hay nuevos análisis sobre lo que pudo haber sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, brotan más contradicciones a la versión del ex procurador sobre lo que pasó aquella noche en Iguala que es, por cierto, la narrativa oficial del Gobierno de cómo se cometió aquel crimen. Es intolerable la protección presidencial, dicho así porque sólo podría entenderse que la PGR no lo haya llamado a declarar ministerialmente sobre lo que hizo, deshizo, confundió o mintió sobre aquel episodio, por una obstrucción del más alto nivel a la justicia.

La última duda a la versión oficial del crimen en Iguala se dio el viernes pasado, cuando los expertos de la Universidad de Innsbruck, en Austria, que analizaron nueve muestras óseas y cabellos provenientes del basurero de Cocula, y dos muestras más del río San Juan –donde dijo Murillo Karam mataron e incineraron a  todos los estudiantes y donde echaron sus cenizas–, dijo que ninguna de ellas pertenecían a los jóvenes de Ayotzinapa, con lo que, una vez más, los dichos del ex procurador fueron descalificados.

No sólo ha sido la ciencia o expertos internacionales quienes han cuestionado la solidez de la investigación del ex procurador, sino el propio Murillo Karam, quien ha ido desmantelando su versión oficial con rectificaciones y contradicciones. El e procurador ha desmentido tantas cosas de las que él mismo dijo a lo largo de

los meses, que sorprende su esquizofrenia.

La paradoja ante sus acciones y declaraciones es que el Gobierno federal no cometió directamente el crimen de Iguala. Pudo haber, porque aún no se comprueba, participación de funcionarios y políticos municipales, estatales e incluso federales, pero ¿qué tanto fue producto de un método de trabajo? ¿Qué tanto  casuísticamente?

Entonces, ¿qué esconde o trata de proteger el ex procurador? ¿Omisiones que crearon las condiciones para el crimen? ¿Negligencias que afectaron las responsabilidades federales?

La forma de proceder de Murillo Karam ha perjudicado al Presidente y al Gobierno. Pero ¿por qué, si tanto daño ha hecho, lo protege Peña Nieto? Quizás, planteada como hipótesis de trabajo, porque la verdad histórica de cómo operó el Gobierno en las primeras horas del crimen, sería más costosa que el blindaje.

¿Cómo quedaría Peña Nieto ante la historia si se supiera la forma como se procesó el crimen de los normalistas en los primeros momentos y horas de lo sucedido? Son varios los momentos que podrían construir la narrativa de cómo el Presidente y su equipo, en momentos clave, actuaron o dejaron de actuar porque  soslayaron las consecuencias que tendrían sus acciones y actuaron a partir de un diagnóstico fallido:

1.- Cuando se enteró de lo que pasaba en Iguala, el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, reportó la misma noche del 26 de septiembre de 2015 al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda –compadre del Presidente–, de la violencia contra los normalistas de Ayotzinapa, algunos de ellos heridos y  desaparecidos. Miranda lo escuchó sin sonar la alarma federal para entrar en acción. No entendió la magnitud de lo que eso significaba. Hipótesis: la manera de actuar de un gobierno estructurado en los amiguismos ha provocado severos costos políticos para la nación.

2.- Aguirre informó al comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, a la que respondía el Batallón 27 de Infantería en Iguala, que había un conflicto en Iguala. La respuesta fue que no tenía información, lo que era mentira: los soldados del batallón estaban en las calles de la ciudad, informando lo que sucedía. Eran  parte interesada: vigilaban, informaban y dos de los normalistas desaparecidos eran soldados. Hipótesis: el Ejército ha sido utilizado por el gobierno civil para acciones metaconstitucionales; lo que hicieron en Iguala fue, por diseño, lo que les ordenaron en Michoacán, proteger criminales porque iban a “eliminar” a otros  criminales.

3.- Cuando se evaluó en Los Pinos lo que había sucedido el fin de semana en Iguala y Murillo Karam explicó que todo se trataba de “una depuración” entre narcotraficantes, la decisión fue que ni el Presidente ni el Gobierno federal intervinieran. Nadie en el equipo de Peña Nieto entendió la magnitud del evento:  estudiantes capturados por la Policía y entregados a criminales. El delito era desaparición forzada, que nunca prescribe. Hipótesis: Peña Nieto podría ser enjuiciado en cortes internacionales como responsable del crimen de Iguala.

Una declaración de Murillo Karam ante el Ministerio Público mostraría su incompetencia pericial y su incapacidad como procurador, además de haber sido omiso: ¿por qué nunca consignó al exalcalde de Iguala como pidió la Fiscalía de Guerrero cinco meses antes del crimen?

Pero si abre la boca y explica los contextos en los cuales se tomaron las decisiones dentro de Los Pinos en los primeros días, tras la desaparición de los normalistas, lo que quedaría expuesto es cómo la falta de oficio y conocimiento, empapadas en impericia e ingenuidad, hizo que un puñado de funcionarios, ante  quienes se entregó el Presidente para que decidieran por él, lo colocaron en el centro de ese crimen y de la etiqueta que lo perseguirá transexenalmente: “fue el Estado”.

Un error de juicio del Jefe de Estado mexicano es más costoso que mantener en la hoguera a Murillo Karam, en donde terminará finalmente, cuando el Presidente sea al que le prendan fuego.

(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 11 DE ABRIL 2016)