MÉXICO,
D.F. (apro).- En cualquier gobierno, un muerto por violencia o un desaparecido
por razones políticas o del narcotráfico debería de ser un escándalo y motivo
de una campaña para exigir respuestas a las autoridades y la aplicación de la
ley sin cortapisas. Sobre todo si se trata del fusilamiento de 22 personas y la
desaparición de otras 57 en dos pueblos gobernados por el crimen organizado.
Hoy,
con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la indolencia y la impunidad es la que
impera. Al menos con Felipe Calderón la mayor parte de los medios llamaban la
atención cuando ocurrían hechos de esta naturaleza y criticaban al gobierno
panista por su incapacidad de gobernar.
Pero
ahora con el priista mexiquense, recientemente premiado como el “estadista del
año” por una organización de Estados Unidos, no hay reacciones de la magnitud
de los hechos, a pesar de que se trata de actos que muestran visos de
ingobernabilidad como el fusilamiento de 22 personas en Tlatlaya, Estado de
México; la desaparición de 58 estudiantes rurales en Iguala, Guerrero; la
ejecución de seis más en Michoacán y en Chihuahua; el descubrimiento de una
fosa clandestina con 32 cuerpos en Veracruz, o la muerte del diputado Gabriel
Gómez Michel, inmolado junto con su chofer.
Ante
la prensa domesticada por la publicidad y los intereses políticos, Peña Nieto
ha dicho que los niveles de violencia y de muertes relacionadas con el crimen
organizado han disminuido, pero los últimos hechos demuestran todo lo
contrario. Y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, calificó como un hecho aislado la matanza en Tlatlaya, Estado de México.
Pero todo esto es completamente falso.
El
sistema político mexicano fue diseñado para ser presidencialista. Durante los
12 años de administración panista, esta forma de gobierno no cambió, aunque con
la derrota del PRI los gobernadores se convirtieron en virreyes y así siguen
operando hasta ahora, con toda impunidad y complicidad del solaz comportamiento
de Peña Nieto, inmerso en su narcisismo de mirarse únicamente en el espejo de
las reformas constitucionales sin percatarse de la violencia que se sigue
expresando en todo el país, poniendo en duda la gobernabilidad.
No
hay uno solo de los gobernadores que no tenga una mancha negra en su expediente
de gobernabilidad, y en muchos de ellos esa marca es un sello de corrupción y
de negocios ilegales con el crimen organizado, como sucedió con Fausto Vallejo
en Michoacán.
Ese
es el estado donde Peña Nieto ha puesto más interés para combatir al crimen
organizado, debido a las llamadas de atención de grupos empresariales
extranjeros y del mismo gobierno de Estados Unidos, que puso una alerta al
mencionar que se estaba formando un gobierno narcotraficante.
Pero
además de Michoacán, otros estados donde quien gobierna es el grupo criminal de
la zona son: Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero,
Morelos. Chihuahua, Nuevo León y Coahuila.
No
obstante, el fracaso de Michoacán ha traído más violencia en el mismo estado y
en los colindantes, Guerrero, Estado de México y Morelos, que ha crecido debido
a la indolencia y la impunidad de las autoridades de los tres niveles de
gobierno, sobre todo el federal, que constitucionalmente está obligado a
combatir delitos federales como el narcotráfico y sus consecuencias: muertes,
desapariciones, secuestros y extorsiones que sufren los habitantes de cada
entidad.
Las
acciones aparatosas de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán o la muerte de
Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, o de Nazario Moreno, El Chayo, no ha
variado en lo mínimo la geografía de poder del crimen organizado en México,
comprobando la afirmación de que nada vale cortar las cabezas de las bandas
criminales porque saldrán otras nuevas.
Peña
Nieto no ha sido capaz de ir a la raíz del problema que está en la parte
política, en los gobernadores, legisladores, funcionarios públicos, militares,
banqueros e inversionistas involucrados en las bandas criminales de manera
directa o como lavadores de dinero.
Y
mientras el Ejecutivo priista sigue vendiendo su imagen de triunfador y
reformador de México, pueblos, comunidades y ciudades enteras continúan
sufriendo el reino de terror impuesto por el crimen organizado, que sigue y
seguirá creciendo en un terreno abonado por la corrupción y la impunidad del
gobierno en turno.
Twitter:
@GilOlmos
(PROCESO/
ANÁLISIS/ JOSÉ GIL OLMOS/1 DE OCTUBRE DE 2014)
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