trapados en la extrema violencia
generada por la delincuencia organizada y la ofensiva frontal del Estado –a
veces sustituida por la complicidad ante el testigo incómodo–, los periodistas
siguen cayendo bajo las balas de los sicarios, forzados a entrar en las nóminas
criminales u obligados a exiliarse para sobrevivir. En entrevista, defensores
de los derechos de periodistas denuncian que los mecanismos oficiales de
protección siguen sin funcionar y que no hay voluntad del gobierno federal para
detener las agresiones contra el gremio.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Ser periodista en México implica enfrentarse a las agresiones
en un ambiente de impunidad y abandono institucional, con la autocensura y el
exilio como opciones casi únicas de supervivencia.
Esa
es la condición del trabajo informativo en regiones donde persiste la violencia
generada por la delincuencia organizada y por el embate frontal del Estado,
sobre todo cuando éste ha eludido su responsabilidad de garantizar la libertad
de expresión, coinciden Balbina Flores, Francisco Sandoval y Jade Ramírez,
defensores de derechos de los periodistas.
Entrevistados
por separado días después de que en el noticiero estelar de MVS, conducido por
Carmen Aristegui, difundiera el video de la reunión de Servando Gómez, La Tuta,
con Eliseo Caballero y José Luis Díaz, los activistas no justifican las
acciones de Caballero y Díaz, pero resaltan que a partir de 2005, cuando se
acentuó la violencia de los cárteles, los reporteros que cubren esa fuente se
volvieron blanco de agresiones.
Hasta
la fecha, indican, esos ataques no han cesado pese a que ya existen
instrumentos jurídicos e instituciones como la Ley General para la Protección
de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
De
acuerdo con el último informe estadístico de la FEADLE, de enero de 2000 al 31
agosto de 2014 se reportaron 102 homicidios y 24 desapariciones de periodistas,
de los cuales la dependencia federal investiga 30 asesinatos y 12
desapariciones.
El
informe publicado en la página de la fiscalía mencionada señala que del 5 de
julio de 2010, cuando la dependencia comenzó a operar, al 31 de agosto de 2014,
inició 596 indagatorias por delitos contra periodistas y medios de
comunicación, el 35.4% de las cuales (es decir 211) son amenazas.
(Fragmento
del reportaje que se publica en la revista Proceso 1978, ya en circulación)
(RIODOCE/
R4EDACCION/ septiembre 27, 2014)
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