Sólo
bajo presión las autoridades mexicanas debieron reconocer que lo ocurrido el pasado
30 de junio en el municipio de Tlatlaya es demasiado turbio, por lo que debe
ser aclarado. Testimonios y fotografías desmienten la versión original, la de
un supuesto enfrentamiento entre militares y criminales, y hablan en cambio del
asesinato de presuntos delincuentes que ya se habían rendido. Sedena ya
consignó ante un juez militar a ocho de los participantes en esa acción,
acusándolos de “desobediencia” e “indisciplina”.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Contra su voluntad, el gobierno mexicano ha tenido que actuar
ante las crecientes evidencias de una posible matanza de civiles perpetrada por
el Ejército, pero se encamina a culpar a “soldados desobedientes” para evadir
cualquier responsabilidad política.
Sin
explicar aún qué pasó la madrugada del 30 de junio en el poblado San Pedro
Limón del municipio mexiquense de Tlatlaya, ya dirigió la atención a militares
de infantería de bajo rango participantes en lo que cada vez más toma la forma
de una ejecución sumaria de 21 presuntos delincuentes que se habían rendido,
más el abatimiento de otro que habría muerto en condiciones de enfrentamiento,
según los testimonios e imágenes publicadas por la prensa nacional e
internacional.
La
noche del pasado jueves 25, luego de que Proceso diera a conocer en su portal
electrónico que ese día un grupo de soldados rasos más un teniente habían sido
consignados ante un juez castrense, la Secretaría de la Defensa Nacional
confirmó que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición
del juzgado Sexto militar.
La
Sedena agregó que sus elementos quedaron “internos” en la prisión del Campo
Militar Número 1, en el Distrito Federal, por su presunta responsabilidad en la
comisión de delitos en contra de la disciplina militar –sin explicar en qué
consistió ésta–, desobediencia e infracción de deberes. Precisó que el último
de los cargos sólo aplica para el oficial. Los acusados están recluidos en un
sector conocido como “las negras”, por lo reducido y oscuro del espacio.
El
reportero Arturo Rodríguez había adelantado la información y pronto fue
reproducida en distintos medios, ante el silencio inicial del Ejército. La
Sedena se vio obligada a informar, tal y como había ocurrido una semana antes,
luego de que la administración de Barack Obama hiciera una declaración pública
en la que le pidió al gobierno de Peña Nieto una investigación verídica de lo
ocurrido en el Tlatlaya, Estado de México (Proceso 1977).
Sedena,
que se había empeñado en sostener que el abatimiento de los presuntos
delincuentes ocurrió a raíz de un enfrentamiento durante un patrullaje militar,
indicó que la intervención de la justicia castrense era independiente de las
investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pero el comunicado de la
Sedena amplió las dudas.
(Fragmento
del reportaje que se publica en la revista Proceso 1978, ya en circulación)
(PROCESO/ JORGE CARRASCO ARAIZAGA/ 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario