La
tendencia del gobierno mexicano y de los estados es mantener presos a los
líderes de cualesquier movimiento social. Obviamente a ninguno se le imputa
cargo de sedición, conspiración o similares, sino que se les inventa por lo
general el delito de secuestro o robo y homicidio.
Nestora
Salgado, por ejemplo, una indígena de las montañas de Guerrero que organizó a
la policía comunitaria para defender los derechos más fundamentales de la
población, está presa desde hace más de un año por los delitos de secuestro y
secuestro agravado.
Alberto
Patishtán del pueblo maya tzotzil, quien realizó activismo en contra de la
corrupción política de su estado, fue acusado de emboscar y asesinar, y también
de pertenecer al crimen organizado, y por ello pasó trece años en prisión hasta
que le llegó un indulto que no merecía, porque solo se indulta a quien ha
quebrantado la ley.
Mario
Luna y Fernando Jiménez Gutiérrez de la Tribu Yaqui, organizados pacíficamente
para defender el curso natural del agua del Río Yaqui, están presos desde hace
días en distintas prisiones de Sonora, bajo los cargos de privación de libertad
y robo.
Lo
que en este caso sucedió fue que en el pueblo de Vícam se hizo valer la ley
yaqui, como tantas otras veces en territorio yaqui.
Se
enjuició a una persona de nombre Francisco Delgado Romo, después de que puso en
peligro, en estado de ebriedad y conduciendo un automóvil, la vida de una mujer
y su pequeña hija durante una jornada del bloqueo a la carretera internacional
número 15.
Huelga
añadir que Delgado Romo era un torokoyori (yaqui traidor), agente al servicio
del gobernador Guillermo Padrés. Miembros de la tribu detuvieron a Delgado Romo
y lo pusieron en manos de la justicia yaqui, es decir, de las autoridades
tradicionales, ejerciendo sus formas de autogobierno según usos y costumbres.
Los
yaquis simplemente actuaron con apego a las facultades que les otorga el
artículo segundo de la Constitución Federal y el Convenio 169 sobre pueblos
indígenas de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
El
gobierno tradicional yaqui es una forma de organización política, militar y
religiosa establecida por los misioneros jesuitas en el siglo XVII, pero que
tiene también elementos de la época prehispánica, tal como la asamblea, la
oratoria y el consenso.
Ni
Mario ni Fernando estaban presentes en Vícam cuando ocurrieron los hechos.
Tampoco Tomás Rojo, sobre quien pesa también una orden de aprehensión en el
mismo sentido que las otras.
Ninguno
de ellos, además, tiene el poder de decisión sobre la impartición de justicia
en su comunidad. Estamos, pues, ante crasas violaciones a los derechos humanos
en general, e indígenas en particular.
Tal
parece que la consigna es acabar con los grupos sociales que dieron origen a
México, y que nos han dado identidad y sentido de pertenencia.
La lucha que
Nestora, Alberto, Mario, Fernando, Tomás y tantos otros han enarbolado
es, a la larga, la lucha de todos los mexicanos.
No
apoyarlos es ser cómplices de un sistema de gobierno que destruye la vida a
través de la violencia y el despojo sistemáticos, y que a fuerza de golpe y
represión, aniquila nuestra capacidad de asombro y de amor al prójimo.
La
autora es Profesor Investigador del Centro INAH Sonora
(DOSSIER
POLITICO/ Raquel Padilla Ramos / 2014-09-26)
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