MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación –la 13/2013– a la jefatura delegacional de Magdalena Contreras y autoridades del gobierno capitalino, por su presunta responsabilidad en el entierro clandestino de ocho toneladas de residuos de “manejo especial” del Hospital Ángeles del Pedregal en dicha demarcación.
En particular, la recomendación es para la
jefatura delegacional y la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF).
De acuerdo con el organismo, el 14 de julio de
2011 recibió una queja a través de un correo electrónico en el que se
informaba que trabajadores de limpia adscritos a la delegación
Magdalena Contreras fueron obligados, “bajo amenazas”, a retirar ocho
toneladas de residuos sólidos del Hospital Ángeles del Pedregal.
Acto
seguido, les pidieron sepultarlos y cubrirlos con asfalto bajo el
estacionamiento techado del Campamento de Limpia, en la calle Ojo de
Agua s/n, en la colonia Lomas de San Bernabé.
Frente a dicho
predio se encuentra la estación de bomberos, dos escuelas, una primaria y
un Conalep; en la parte trasera hay campos de futbol y hacia abajo hay
una barranca. Hacia arriba, a no más de un kilómetro, inicia la franja
del suelo de conservación con un bosque mixto.
“No sabemos qué
pasó con los trabajadores que recogieron estos desechos del Hospital
Ángeles, porque no podemos investigar a particulares.
“Cuando
inicialmente le increpamos a la delegación sobre estos hechos, lo
negaron pero la PAOT (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal) se involucró, hizo unas calas en el
campamento de limpia y se dan cuenta de la presencia de los residuos de
manejo especial en esa zona”, afirmó en conferencia de prensa José
Antonio Guevara Bermúdez, tercer visitador general de la CDHDF.
En
su recomendación la CDHDF señala que un tiradero clandestino de
residuos hospitalarios de origen privado, dentro de la infraestructura
delegacional, así como acusaciones a funcionarios públicos que “atisba”
un asunto de corrupción, aunado a la contaminación producida en el suelo
y a la posible contaminación de los mantos freáticos, “es un claro
ejemplo del fracaso institucional y del incumplimiento de las
obligaciones de las autoridades”.
En particular, señala, preocupa
que “ni la Contraloría Interna de la delegación ni la PGJDF hayan
sancionado a ningún servidor público por haber ordenado, permitido o
tolerado que en un inmueble público se hayan depositado y sepultado con
asfalto varias toneladas de residuos hospitalarios de manejo especial”, y
que además hayan negado a la Comisión que los hechos hubieran sucedido.
A
fin de documentar su investigación, la CDHDF solicitó informes a las
autoridades locales y delegacionales; realizó una inspección ocular en
el Campamento de Limpia delegacional y en los alrededores; analizó
dictámenes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos
Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR) de la PGJDF y de
la PAOT.
También revisó y valoró diversos documentos oficiales,
entre ellos los acuerdos, notificaciones y resoluciones de las
instancias mencionadas y revisó el Manual de Manejo de Residuos Sólidos
del Hospital Ángeles del Pedregal.
Luego de concluir su
investigación, la CDHDF constató la violación al “derecho a un medio
ambiente sano con relación a la protección, preservación y mejoramiento
del medio ambiente”, y del derecho al “acceso a la justicia ambiental
con relación a la debida diligencia y el plazo razonable”.
Por
ello, en la recomendación, entre otros puntos, la CDHDF solicitó a la
delegación Magdalena Contreras elaborar en un plazo no mayor a tres
meses, un censo de tiraderos clandestinos para erradicar su existencia
en la demarcación, así como llevar a cabo el rescate ecológico y el
mejoramiento barrial.
También deberá elaborar, en un plazo de seis
meses, un programa delegacional que verifique la recolección y
disposición de desechos sólidos urbanos, con medidas y compromisos para
su mejora continua, y una campaña anual de sensibilización sobre el
riesgo e impacto ambiental que genera la inadecuada disposición de los
residuos sólidos de manejo especial.
A la Contraloría Interna de
la delegación le pidió iniciar el procedimiento disciplinario
administrativo para sancionar a los servidores públicos responsables de
haber ordenado el depósito y entierro clandestino de los residuos
hospitalarios de manejo especial.
A la PGJDF, le solicitó a través
de la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales y Protección
Urbana, integrar la averiguación previa número FEDAPUR/DA-1/T2/388/11-10
“con la debida diligencia”, realizar un análisis y diagnóstico
“minucioso del expediente” y realizar las averiguaciones necesarias a
efecto de que, en un corto plazo, emita las sanciones a los servidores
públicos responsables del depósito de los residuos hospitalarios en el
Campamento de Limpia de Magdalena Contreras.
De acuerdo con el
tercer visitador, la PAOT ordenó a la delegación retirar los residuos
sólidos del lugar y enviarlos a un sitio de disposición final. Sin
embargo, dijo, no hubo algún tipo de sanción administrativa contra los
servidores públicos por parte de la Contraloría Interna ni a través de
la vía penal por parte de la PGJDF.
Esa situación, puntualizó, deja ver la impunidad medioambiental que se vive en la ciudad.
“Un
funcionario público y un particular pueden enterrar ocho toneladas de
basura en un espacio público y no hay consecuencias ni administrativas
ni penales en contra de ellos”, fustigó.
/ 16 de julio de 2013)
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