AL DESCUBIERTO, AUTO COMPRAS POR CASI MEDIO BILLÓN DE
PESOS
El 28 de
febrero de 2011, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes inició una investigación bajo el expediente
DE/021/2011, denunciando una serie de irregularidades cometidas por Samuel
Araiza Vázquez, quien fue subdirector de Administración del Centro SCT durante
el gobierno de Leonel Cota Montaño
Gerardo
Zúñiga Pacheco
Originario de Tijuana y con propiedades en La
Paz, Colorado, Estados Unidos, y en su
ciudad natal, José Antonio Ramírez Gómez fue designado director del Centro de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Baja California Sur en el año
2003.
Acostumbrado a la
buena vida, lo primero que hizo el funcionario a su llegada fue activar el
elevador privado que va del sótano hasta el tercer piso de la que
posteriormente se convertiría su oficina, además de que ordenó una remodelación
total.
Hijo del dueño del
legendario restaurante La Leña en Tijuana, José Ramírez Ochoa, el nuevo
delegado entró por la puerta grande en el cuarto año del sexenio del ex
gobernador Leonel Cota Montaño, que inició en 1999 y terminó en 2005.
En ese tiempo
conoció al ingeniero industrial en Planeación, Samuel Araiza Vázquez, quien
entonces se desempeñaba como encargado del Departamento de Recursos Materiales
de la delegación.
“El Sammy”, como es
conocido Araiza, ingresó el 16 de mayo de 1991 al Centro de la SCT, cubriendo
la plaza de auditor especializado; a partir del 1 de marzo de 1992 fue
propuesto para ocupar el cargo de supervisor de Programas y Proyectos de Obras.
El 16 de julio de
1996 fue autorizado el cambio de residencia del funcionario federal de la
delegación, de La Paz, Baja California Sur, a Hermosillo, Sonora, en el puesto
de coordinador de auditores. Pero el 1 de julio de 1997 regresó y ya no salió
del estado.
Desde la llegada del
delegado, la amistad entre José Antonio Ramírez Gómez y Samuel Araiza Vázquez
creció a tal grado que el 9 de septiembre de 2004, propuso e impulsó el cambio
de perfil del puesto de jefe de departamento a subdirector de Administración,
el cual, según oficio CS/SCT/06/2005/144, ocupó a partir del 24 de junio de
2005.
Araiza se convirtió
en el brazo derecho de José Antonio Ramírez Gómez, quien, de acuerdo a una
ficha de antecedentes laborales, integró a su concuño José Gabriel Segoviano
Villalobos como residente general de Carreteras Alimentadoras de la SCT.
En el acta constitutiva
de la constructora CAMULOCOPA, aparecen los nombres de Rocío del Carmen Geraldo
Quintero y Rebeca Carolina Araiza Vázquez
En el acta constitutiva
de la constructora CAMULOCOPA, aparecen los nombres de Rocío del Carmen Geraldo
Quintero y Rebeca Carolina Araiza Vázquez
La esposa de “El
Sammy”, Alma Lucina Arredondo Quintero, una secretaria de apoyo que cubrió un
interinato del 1 de mayo al 31 de agosto de 1999, pasó a formar parte del
personal a partir del 16 de enero de 2000, como jefa del Departamento de
Comunicación Social de la delegación; posteriormente, tras la llegada de
Ramírez, fue nombrada el 22 de mayo de 2008 como subdirectora de
Comunicaciones.
Los funcionarios
-según la ficha del expediente laboral- manipularon el sistema para que la
concubina de Samuel Araiza Vázquez fuera aceptada en la base de datos con su
nueva responsabilidad, porque el cargo que tendría, era para una persona
titulada en Ingeniería en Comunicaciones, y ella contaba con estudios en
Ciencias de la Comunicación.
Ya colocada en el
nuevo puesto, “El Sammy” integró al equipo a su cuñada Patricia Anilú Quintero,
quien actualmente se desempeña como administradora de la oficina de su esposo,
José Gabriel Segoviano Villalobos, en un edificio de la SCT, localizado en
Avenida Las Garzas y Colosio de La Paz.
LA AUDITORÍA
El 28 de febrero de
2011, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes inició una investigación bajo el número de expediente DE/021/2011,
en la que se denunció una serie de irregularidades cometidas por el subdirector
de Administración del Centro SCT en Baja California Sur, Samuel Araiza Vázquez.
La información,
clasificada como reservada y confidencial en términos de los artículos 13
Fracción V y 14 Fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Gubernamental, e integrada por el titular del órgano, Jaime Hurtado
Camarena, expone las siguientes anomalías:
1. El funcionario
había estado solicitando el pago del 10 por ciento del monto del contrato por
adelantado para que cualquier participante pudiera ser acreedor a contratos de
licitaciones, por lo tanto, atrasaba a propósito el fallo hasta que todos los
participantes juntaran el “moche” o el soborno.
2. El funcionario
formó una constructora denominada Camulocopa BCS, S.A. de C.V., la cual había
sido favorecida desde 2007 con jugosos contratos, y donde puso a su hermana
Carolina, un sobrino y amigos, como prestanombres de la compañía.
3. La constante
asignación de obras a constructoras sin experiencia y capacidad, las cuales
entregaban obras inconclusas y eran beneficiadas con pagos en exceso sin haber
finiquitado los trabajos. Ahí destacan Camulocopa BCS, S.A .de C.V.; Somex
Ingeniería, S de R.L. de C.V.; además de Construcciones y Puentes de Chihuahua,
S.A. de C.V., esta última, responsable de haber construido la carretera de cuatro
carriles de La Paz a Cabo San Lucas, obra en la que estuvo trabajando como
empleado el ex delegado de la SCT, Carlos Alberto Lascurain Ochoa.
La investigación,
que duró del 14 al 25 de marzo de 2011 y fue realizada por los funcionarios del
Órgano Interno de Control de la SCT, Gabriela Gómez Pérez, Emilio Sánchez Leal,
Javier Eduardo Villegas Cruz y Toribio Herrera Chi, arrojó una serie de
irregularidades en la asignación de obras carreteras desde el lanzamiento de la
convocatoria, hasta la inscripción y adjudicación.
Samuel Araiza
Vázquez
SAMUEL ARAIZA VÁZQUEZ
Lo anterior llevó a
realizar una exhaustiva auditoría por parte de la Secretaría de la Función
Pública del Gobierno de México -oficio 09/100/0153/2011-, La cual puso al
descubierto -en una primera revisión contable- la asignación de contratos por
alrededor de 434 millones 149 mil 954 pesos con 94 centavos, a favor de
Camulocopa BCS, S.A. de C.V., los cuales fueron autorizados en su debido
momento por los ex delegados del centro de la SCT, José Antonio Ramírez Gómez y
Carlos Alberto Lascurain Ochoa; así como Ramón Aguirre Rivera en su calidad de
encargado de despacho en la delegación.
Los ex delegados
federales “firmaron la asignación de millonarias obras, a sabiendas de que la
compañía constructora aparecía a nombre de la hermana del subdirector
administrativo de la SCT, Samuel Araiza Vázquez, y conscientes de que estaban
cometiendo delitos previstos y estipulados en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y del Reglamento
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
Anilú Arredondo
Quintero
ANILÚ ARREDONDO QUINTERO
Uno de los auditores
de la Secretaría de la Función Pública contactado por ZETA, explicó que la
compañía “evidentemente fue creada y registrada con la clara intención de
llenar los bolsillos de un puñado de servidores públicos, es decir, asignarle
contratos millonarios en obras carreteras y obtener jugosas ganancias que eran
repartidas entre un grupo muy compacto de funcionarios federales.
“Los datos que
tenemos, es que se trata de una red de delincuencia organizada, porque estaban
embarrados desde la cabeza más alta, que en el organigrama es el director,
hasta los subdirectores; y tenían completamente controladas las áreas de
Carreteras Alimentadoras, Obras y Administración, donde se tomaban todas las
decisiones en la asignación de contratos y, casualmente, ellos decidieron
favorecer a una empresa constructora donde aparecía como uno de los dueños, la
hermana del subdirector administrativo de la SCT”.
Sin mayor preámbulo,
el auditor federal citó el modus operandi. “El residente de Carreteras
Alimentarias proponía, el subdirector de Obras otorgaba el visto bueno y el
director general autorizaba la asignación de contratos; entonces luego, el
subdirector administrativo pagaba el dinero, y la hermana del subdirector
administrativo cobraba y repartía las utilidades entre los involucrados”.
El auditor dijo que
las auto compras empezaron desde 2007 y continuaron hasta marzo de 2013. En la
investigación descubrieron 21 contratos que prueban fehacientemente “una parte
del cúmulo de irregularidades detectadas”.
Peor aún, el
investigador señaló a Samuel Araiza Vázquez, y expuso que “con un sueldo de 30
mil pesos mensuales, no pudo haber comprado una mansión de media cuadra donde
actualmente vive; tampoco pudo haber comprado un auto de carreras de más de 2
millones de dólares y otras propiedades y bienes que están en el anexo del
expediente. Lo mismo sucede con su concuño José Gabriel Segoviano Villalobos,
con residencia en Bellavista y otras personas relacionadas en este caso con
negocios y plazas comerciales en La Paz, Tijuana y Colorado, Estados Unidos,
por lo que actualmente están siguiendo la ruta del dinero de la compañía
constructora en los estados de cuenta bancarios, donde detectamos fuertes
retiros en efectivo que fueron a dar a manos hasta de algunos diputados
locales”.
Según las pruebas
obtenidas por ZETA, de febrero de 2008 a julio de 2012, la compañía Camulocopa
BCS, S.A. de C.V. resultó favorecida con los siguientes contratos:
- 76
millones 913 mil 888 pesos con 9 centavos autorizados en cuatro contratos por
José Antonio Ramírez Gómez, ex delegado y actual secretario de Finanzas del
gobierno del panista Marcos Covarrubias Villaseñor.
- 45 millones
005 mil 553 pesos con 56 centavos autorizados en un contrato por Ramón Aguirre
Rivera, ex encargado de despacho en la delegación y actual subdirector de
Obras.
- 312
millones 230 mil 413 pesos con 29 centavos autorizados en 16 contratos por el
ex delegado Carlos Alberto Lascurain Ochoa.
En suma, 434
millones 149 mil 954 pesos con 94 centavos, por cuyo pago se realizaron
trabajos de modernización de terracerías, obras de drenaje y pavimentos de
caminos en Punta Abreojos, Bahía Asunción, Vizcaíno, Bahía Tortugas, Puerto San
Carlos, Benito Juarez, Villa Hidalgo, San José de Comondú, San Francisco de la
Sierra, Ciudad Insurgentes y La Purísima, en los municipios de Mulegé y
Comondú; así como la recuperación de pavimento y carpeta asfáltica del
Kilómetro 99 al 113, del tramo carretero de La Paz a Ciudad Insurgentes.
LA CONSTRUCTORA
Camulocopa BCS, S.A. de C.V. inició
operaciones el primero de febrero de 2007, según la escritura número 1920,
firmada por el Notario Público Número 15, Raúl Juan Mendoza Unzón.
Según el acta
constitutiva, la empresa es propiedad de Rebeca Carolina Araiza Vázquez y de
Rocío del Carmen Geraldo Quintero, en acciones del 50 por ciento cada una. El
administrador único es Jesús García Meza, en tanto que Angélica Concepción
López Ortega, funge como comisaria y apoderada especial.
La constructora, con
permiso de registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo el número
0300170, fue constituida para comprar, vender, rentar y administrar bienes
inmuebles y de sus accesorios, proyectos, diseños arquitectónicos y
construcción de todo tipo de edificios y casas en general, de cualquier obra de
ingeniería.
De acuerdo al acta
de constitución, la empresa es operada por un Consejo de Administración, el
cual podrá ser nominado por mayoría de votos en una asamblea general ordinaria,
donde se podrán designar los siguientes funcionarios: director general,
subdirectores, gerentes y subgerentes.
Las personas que
figuran como copropietarias, Carolina Araiza Vázquez -hermana de Samuel-, es originaria de
Guadalajara, Jalisco; y Rocío del Carmen Geraldo Quintero, de La Paz, con
residencia en Calle El Triunfo número 429, entre Mulegé y Las Cuevas,
Fraccionamiento Bellavista Plus de la Capital del Estado.
Acorde a la boleta
de inscripción 12166, la compañía fue asentada el 12 de febrero de 2007 en el
Registro Público de la Propiedad y el Comercio de La Paz, por el entonces
director Luis Alberto Rodríguez Elizalde. Actualmente la constructora tiene su domicilio en la esquina de las
calles Ignacio Ramírez y Quinta Roo, en La Paz, y, dicho sea de paso, permanece
cerrada.
LA INVESTIGACIÓN
Según el expediente DE-021/2011, la
investigación del Órgano Interno de Control de la SCT y de la Secretaría de la
Función Pública, tienen como presuntos responsables “de haber incurrido en la
comisión de delitos estipulados en la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos y del Reglamento Interno de la SCT”,
a las siguientes personas:
SCT 6
- Los ex
delegados José Antonio Ramírez Gómez y Carlos Alberto Lascurain Ochoa, así como
el ex encargado del despacho, Ramón Aguirre Rivera.
- Los ex
subdirectores de Administración y Comunicaciones, Samuel Araiza Vázquez y Alma
Lucina Arredondo Quintero.
- El
residente general de Carreteras Alimentadoras, José Gabriel Segoviano
Villalobos, y la administradora de la oficina de residencia, Patricia Anilú
Quintero.
Bajo investigación
también está el ex analista administrativo del Departamento de Recursos
Materiales, Ernesto Siurob Trasviña, quien fue juez y parte, ya que firmó
algunos contratos como representante de Camulocopa BCS, S.A. de C.V.
De esa lista,
Lascurain Ochoa, Araiza Vázquez y Arredondo Quintero ya fueron separados de sus
cargos desde el nombramiento del director del Centro SCT, Alejandro Cruz
Olivera. El resto continúa laborando en espera del deslinde de
responsabilidades de los procedimientos administrativos, y posiblemente
penales.
Desde la toma de
protesta del nuevo delegado, la realización de auditorías, revisiones y visitas
de inspección, arreciaron tras haberse descubierto -según un informe de la
Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Pública- “la colisión de
servidores públicos federales en la asignación de obras carreteras y
millonarias auto compras a una compañía de su propiedad, quienes en su momento
se negaron a responder a las observaciones determinadas en visitas de
inspección permanentes sobre el incumplimiento en los programas de obras”.
Los auditores
anticiparon a ZETA que “la investigación y revisión de las obras carreteras es
desde 2007 hasta marzo de 2013, donde el desvío de los más de 434 millones de
pesos, es apenas el resultado de las primeras indagatorias, cuya inspección
podría durar, todavía, otros 60 días aproximadamente”.
Señalados guardan
silencio
Sobre la
investigación del Órgano Interno de Control de la SCT y de la Secretaría de la
Función Pública, ZETA solicitó entrevista con los señalados.
El residente general
de Carreteras Alimentadoras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
José Gabriel Segoviano Villalobos, dijo “no poder hablar” y tampoco poder “declarar”.
— Lo que pasa es que
Usted, según documentos del Órgano de Control Interno y de la Función Pública,
está relacionado con una serie de irregularidades en la asignación de contratos
millonarios a favor de la empresa constructora de su concuño, Samuel Araiza
Vázquez.
¿Cuál es su versión? ¿Tiene algo que decir al
respecto?
“No tengo nada que
declarar ni qué decir sobre mis responsabilidades, desgraciadamente soy
funcionario las 24 horas del día y tengo que acatar órdenes”.
— Está consciente de la investigación…
“Sí, claro. Yo no
tengo nada”.
— ¿Ya lo requirieron?
“Hasta ahorita no, y
ahí sí no sé. La verdad no quiero hablar y tengo que esperar a que las cosas
sigan su curso, la verdad, si fuera otra mi situación, con mucho gusto”.
Por su parte, el ex
encargado del despacho del Centro SCT y actual subdirector de Obras, Ramón
Aguirre Rivera, respondió no estar “autorizado para ofrecer ninguna
entrevista”, y que cualquier duda sobre el tema, sería abordada “con el área de
Comunicación Social’”.
— No es tema
institucional. Es un asunto donde se está vinculando con la asignación
irregular de obras carreteras a favor de la empresa de quien era subdirector de
Administración. Usted firmó el visto bueno para que fueran otorgadas esas obras,
¿qué nos puede decir?
”Yo tengo prohibido
hablar con los medios”.
— ¿Aun cuando es un asunto en el que se le vincula
directamente?
“Si es algo
relacionado a mi trabajo, no puedo hablar ni hacer ningún comentario, a no ser
que me permita el director, y para eso tengo que pedir permiso”.
— Entonces, ¿no quiere hablar?
“No es que no
quiera, sino que tengo prohibido”.
Al cierre de edición,
el principal señalado y ex subdirector de Administración de la SCT, Samuel
Araiza Vázquez “El Sammy”, no pudo ser localizado en su residencia particular,
ni en la oficina de Camulocopa BCS, S.A. de C.V.
ZETA solicitó una
entrevista con José Antonio Ramírez Gómez en calidad de ex director del Centro
de la SCT., y a través del director de Comunicación Social del Gobierno del
Estado, Salvador Salgado Gutiérrez, quedó de “reportarse” para ofrecer su
versión. No obstante, al cierre de esta edición, no lo hizo.
OBRAS AUTORIZADAS POR JOSÉ A.
RAMÍREZ GÓMEZ
|
Fecha
|
Monto
|
Constructora
|
Contrato
|
Programa
|
|
5 de
febrero de 2008
|
$27’580,352.60
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
8-C-CF-A-515-W-0-8
|
K303
|
|
21 de mayo
de 2008
|
$19’200,814.12
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
8-C-CF-A-561-W-0-8
|
K303
|
|
8 de julio
de 2008
|
$2’227,012.20
|
Camulocopa
BCS, S.A de C.V
|
8-C-CF-A-574-W-0-8
|
E002
|
|
4 de
agosto de 2008
|
$27,905,709.17
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
8-C-CF-A-576-W-0-8
|
K839
|
Fuente: SFP
OBRAS
AUTORIZADAS POR RAMÓN AGUIRRE RIVERA
|
Fecha
|
Monto
|
Constructora
|
Contrato
|
Programa
|
|
29 de
enero de 2009
|
$21’630,352.56
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V
|
9-C-CF-A-504-W-0-9
|
K031
|
|
29 de
enero de 2009
|
$23’375,301.00
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
9-C-CF-A-505-W-0-9
|
K031
|
Fuente: SFP
LAS OBRAS
AUTORIZADAS POR CARLOS ALBERTO LASCURAIN OCHOA
|
Fecha
|
Monto
|
Constructora
|
Contrato
|
Programa
|
|
18 de
septiembre de 2009
|
$169,000.00
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
9-C-CB-A-576-W-0-9
|
FONDEN
(Fideicomiso 2003)
|
|
17 de
febrero de 2010
|
$35’320,700.74
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
0-C-CF-A-516-W-0-0
|
K0002
|
|
17 de
febrero de 2010
|
$35’319,222.47
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
0-C-CF-A-517-W-0-0
|
K0001
|
|
12 de
marzo de 2010
|
$3’530,835.56
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
0-C-CF-A-532-W-0-0
|
K0998
|
|
6 de marzo
de 2010
|
$10’913,637.24
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
0-C-CF-A-546-W-0-0
|
K0005
|
|
15 de
febrero de 2011
|
$24’892,926.88
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
1-C-CF-A-508-W-0-1
|
K0031
|
|
15 de
febrero de 2011
|
$24’892,926.88
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
1-C-CB-A-508-W-0-1
|
K0031
|
|
14 de
marzo de 2011
|
$34’684,655.24
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
1-C-CF-A-530-W-0-1
|
K1500
|
|
14 de
marzo de 2011
|
$34’684,655.24
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
1-C-CB-A-530-W-0-1
|
K1500
|
|
10 de
febrero de 2012
|
$31’500,319.21
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
8-C-CF-A-505-W-0-2
|
K0031
|
|
10 de
febrero de 2012
|
$31’500,319.21
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
2-C-CF-A-505-W-0-2
|
K0031
(06096230003)
|
|
28 de
marzo de 2012
|
$4’367,565.51
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
2-C-CF-A-530-W-0-2
|
K0037
(11092100005)
|
|
28 de
marzo de 2012
|
$4’367,565.51
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
2-C-CB-A-530-W-0-2
|
K0037
(06096230003)
|
|
6 de julio
de 2012
|
$18’043,041.80
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
2-C-CF-A-557-W-0-2
|
Acuerdo de
Administración de SCT
|
|
06 de
julio de 2012
|
$18’043,041.80
|
Camulocopa
BCS, S.A. de C.V.
|
2-C-CB-A-557-W-0-2
|
Acuerdo de
Administración de SCT
|
Fuente: SFP
(SEMANARIO
ZETA/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ julio 15,
2013 12:00 PM)
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