MÉXICO,
D.F. (apro).- Aun cuando el Instituto Federal Electoral detectó
millonarios recursos no reportados por el PRI en la campaña presidencial
y que la mitad de los consejeros aceptó trato inequitativo en la
revisión de los gastos de campaña, el Consejo General aprobó con siete
votos a favor y uno en contra el dictamen que exonera a Enrique Peña
Nieto de un rebase de tope en su campaña.
Luego de siete horas de
discusión, en la que los representantes de PAN, PRD, PT y MC acusaron de
parcial y violatorio a la Constitución el trabajo de la Unidad de
Fiscalización que encabeza Alfredo Cristalinas y encargado de elaborar
el dictamen sobre los gastos de campaña, siete consejeros electorales
respaldaron su labor y sólo Alfredo Figueroa votó en contra por
considerarlo anticonstitucional, ilegal, inequitativo y sin certeza.
El
dictamen prevé una multa de 148 millones de pesos al PRI, 50.2 al PVEM,
59.6 a PRD, 38.7 al PT, 37 a MC, 5.5 al PAN y 2.5 al Panal, que en
total suman 341.8 millones de pesos. Los primeros cinco partidos
anunciaron que recurrirán –por diversos motivos– al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación para impugnar el dictamen avalado
por el Consejo General del IFE.
Los recursos de revisión que
interpondrán PRI, PVEM, PRD, PT y MC se presentarán una vez que Alfredo
Figueroa entregue al Secretariado Ejecutivo del IFE su voto particular,
en el que establecerá por qué considera que el dictamen es
anticonstitucional;
además, Lorenzo Córdova elaborará un voto razonado y
particular, pues aunque votó a favor del dictamen de la Unidad de
Fiscalización sostuvo que a los partidos se les debe multar con 200% y
no 150% más sobre el valor de los dineros que no reportaron. A su vez,
Benito Nacif entregará un voto concurrente, en donde argumentará las
razones por las cuales no se debe aceptar la facturación conjunta (como
se le permitió al PRI y al PVEM hacer y lo cual fue otra de las razones
por las cuales los gastos de Enrique Peña Nieto no rebasaron el tope de
campaña).
Durante la discusión tanto PAN como PRD y MC acusaron a
los consejeros de querer lavarse la cara ante la sociedad imponiendo
altas multas a los partidos como intercambio por la exoneración a
Enrique Peña Nieto en el rebase de topes de campaña, por avalarle que
divida gastos que están prohibidos por la reglamentación y por haberlo
disculpado del llamado Monexgate.
En su última intervención, el
consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, rechazó tales acusaciones,
lo que llevó al PAN a pedir que se retractara, no así los de MC y PRD.
Reclaman Monexgate
Alfredo
Botello Montes, representante del Poder Legislativo del PAN, acusó a
Alfredo Cristalinas de no fiscalizar de acuerdo con la ley y aplicarle
al PRI criterios distintos al resto de los partidos políticos.
Señaló
que en cada ocasión que el dictamen sobre revisión de gastos (este fue
el cuarto) era regresado a la Unidad de Fiscalización “le bajan las
multas” e irregularidades al PRI, “es normal que tanto los
representantes de PRI y PVEM defiendan a su presidente, a Enrique Peña
Nieto, pero pareciera que esta autoridad hace lo mismo”.
Recordó
entonces el “oprobioso” caso de Monexgate, en donde la Unidad de
Fiscalización encontró irregularidades, empresas que no debieron
participar, triangulación de millonarios recursos a través de cinco
bancos y varias empresas “y esta autoridad decidió no sancionarlos aquel
día y no sancionarlos hoy”.
Todo, dijo, porque en este consejo
“no se decide a revisar con seriedad el caso Monexgate. Y en el caso de
los gastos de campaña, añadió, ha habido tres dictámenes y en cada uno
de ellos el PRI y el PVEM van a la baja en multas, “a este paso vamos
terminar debiéndole dinero a Enrique Peña Nieto por el caso Monex”.
El
diputado panista dijo que, ante estos criterios de la Unidad de
Fiscalización y el aval del consejo general, “es indispensable acudir a
la autoridad electoral porque no puede haber triangulaciones ilícitas
como en Monex, ni prorrateo por coaliciones parciales, ni el uso de
gastos no reportados, la autoridad debe investigar de los costos reales
de cada cosa que no se reportó y no sacar medias”.
A su vez, el
representante del PAN ante el IFE, Rogelio Carvajal, adelantó que su
partido no irá a otra elección con estas reglas, por lo que adelantó que
serán motivo de análisis en cambios a la ley electoral. Entre los
cambios que habrá esta que se anule la elección cuando hay rebase de
tope de campaña y si hay reincidencia de dicho partido que pierda el
registro como tal.
En cada una de sus intervenciones, el panista
Carbajal hacía uso del dictamen para mostrar cada una de las
preferencias e inequidades en que incurrió la Unidad de Fiscalización al
realizar su auditoria; y a cada reclamo argumentado el presidente del
IFE, Leonardo Váldes no respondió.
No así con la coalición
Movimiento Progresista conformada por PRD, PT y MC para quien Váldes
Zurita tuvo todas sus intervenciones. Cada vez que el presidente del
consejo hacia uso de la palabra era para reclamar a la izquierda, con el
dictamen de la Unidad de Fiscalización, una explicación. Centró así sus
baterías contra la izquierda.
Sarcástico, el representante del
Poder Legislativo por MC, Ricardo Mejía Berdeja, cuando Valdés Zurita le
preguntó si aceptaba una pregunta, pues en ese momento argumentaba a
favor de su partido, éste le reviró: ¿como presidente de este consejo o
como representante del PRI?
La acción generó un silencio en el
salón y un desfiguro en la cara de Valdés Zurita, quien le reclamó: “Sea
cuidadoso en sus palabras porque no soy representante de ningún
partido”.
Mejía Berdeja se sostuvo y le contestó: “No aceptó
ninguna reconvención y el comentario es porque usted siempre le pregunta
a Movimiento Progresista, a nadie más. Y el comentario no es
mordacidad, es una descripción de la actitud política que usted ha
asumido en este consejo”.
Ante la avasalladora respuesta, el
presidente del Consejo General no tuvo argumentos para revirar, por lo
que se quedó callado y con un gesto de malestar aún más marcado.
Mientras
la oposición anunciaba que recurriría al tribunal electoral, el
representante del PRI ante el IFE, Antonio Hernández Fraguas, también
anunció que su partido recurriría al Tribunal Electoral pues no están de
acuerdo que la ínfima cantidad del caso Monexgate les sea contabilizada
como “gastos de campaña” y sostienen que fue para “gastos ordinarios”,
lo cual no aumenta sus gastos y por lo tanto reduciría la millonaria
multa.
Alfredo Figueroa en alto
El dictamen que
finalmente hoy se votó se empezó a discutir el 30 de enero. Sin embargo,
lo absurdo del mismo y la falta de argumentación en sus auditorías
provocaron que por mayoría el Consejo General lo regresara a Alfredo
Cristalinas para que realizara cambios. Cada vez que se volvía a
discutir, el PRI y el PVEM salían beneficiados y la izquierda PRD, PT y
MC incrementaban las multas en su contra.
De los ocho consejeros
electorales que integran el consejo, Benito Nacif, María Marván, Lorenzo
Córdova y Alfredo Figueroa estuvieron coincidiendo en las críticas
hacia el documento. Hoy, a pesar de que la unidad no realizó el cambio
de criterios para fiscalizar como se lo demandaron en la anterior
sesión, tres de esos consejeros dieron marcha atrás a sus
cuestionamientos. Se trató de Nacif, Marván y Córdoba.
El único
consejero que se sostuvo e incluso fue más allá en sus críticas al
trabajo de la Unidad de Fiscalización fue Alfredo Figueroa, consejero
que concluirá su periodo en octubre próximo, al igual que Valdés Zurita,
Macarita Elizondo y Francisco Guerrero.
Congruente con toda la
argumentación que dio desde el 30 de enero, Figueroa sostuvo que el
dictamen es anticonstitucional, ya que viola el artículo 41 de la
Constitución la cual exige equidad, certeza y legalidad en toda
competencia electoral. Estos principios no son respetados en el
dictamen, dijo.
Primero, Figueroa ordenó las críticas, aclaró que
“la nuez” del caso no era la existencia o no del artículo 177 B del
Reglamento de Fiscalización (que permite que cada partido fije el
porcentaje que quiera en el gasto de campaña a su candidato
presidencial), “sino la interpretación y los criterios usados sobre ese
reglamento”.
“Aquí la prueba de que se benefició al PRI y se le
prorrateó al PVEM esta muy claro y eso no debió permitirse. Se debe
reconocer que así ocurrió. El problema no es negar la existencia sino el
criterio al prorratear.
“Pero todavía más, no sólo esta práctica,
que esta prohibida por el artículo 125 se permitió sino que además no
es sancionada, y no sólo eso, se le aplica el prorrateo de un gasto que
no pudo haberse hecho”, dijo.
Por ello, añadió, “es insostenible,
insostenible que se diga que son instrumentos que se miden con igualdad;
que hay certeza, equidad”.
“Disiento en que el proyecto pueda
tener sustento en la ley, en él hay aspectos de carácter
inconstitucional porque distorsiona los criterios del artículo 41 de la
Constitución”.
Figueroa detalló que “no puede usarse un
instrumento que distorsione la naturaleza política de una coalición”.
Pero además, dijo, no se le puede dar supremacía a un reglamento por
encima de la Constitución.
A su vez, el consejero Lorenzo Córdova
aceptó que gracias a la aplicación del artículo 177-B, “que es una mala
norma” porque vuelve irreales los topes de gasto, se “genera una verdad
contable que no corresponde a la realidad, es resultado de una
estrategia financiera”.
En su aplicación, añadió Córdova, unos
partidos decidieron proteger a su candidato a la Presidencia y otros al
revés, y se preguntó a sí mismo, ¿es justo? ¿abona a la equidad?,
respondiéndose, “en lo absoluto”. Pero finalmente votó a favor del
dictamen yendo en contra de su propio dicho.
Finalmente y luego de
siete horas de discusión, el dictamen fue avalado, mismo que será
recurrido ante el tribunal electoral por cinco partidos, igual que el
dictamen sobre el Monexgate, que exoneró a Enrique Peña Nieto, terminará
en la autoridad judicial.
/ 15 de julio de 2013)
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