La mañana de este lunes fue encontrado, con la virulencia que describe
una ejecución, José Ricardo Reyes Zamudio, candidato del Movimiento
Ciudadano a la Alcaldía de San Dimas, Durango, en el difícil Triángulo
Dorado donde se esconde Joaquín “El Chapo” Guzmán. Dos días antes, en
Oaxaca, la candidata a diputada local por el PRI en una comunidad de La
Mixteca, Rosalía Palma, cayó en una emboscada cuando viajaba en su
camioneta, atacada con rifles de asalto R-15. Ella resultó herida, pero
su esposo y sobrina, que la acompañaban, murieron. Las autoridades
descartaron el móvil político-electoral, y sugirieron un acto perpetrado
por el crimen organizado.
Ese mismo día apareció en Saltillo el cadáver del ex candidato a gobernador de Coahuila, ex diputado federal y fundador del viejo Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Francisco Navarro, quien había sido secuestrado el 25 de junio. Un día antes, el candidato priista a la Presidencia Municipal de Tantoyuca, Veracruz, Quintín Mendoza, fue emboscado por varios vehículos cuyos ocupantes lo mataron, mientras en Sinaloa, el coordinador de la campaña del PAN, Eleazar Armenta, fue secuestrado en su casa y asesinado. La lista no se agota. Continúa junto con el calendario y afecta a políticos de todos los partidos.
La violencia político-electoral en México se desató en vísperas de las elecciones locales en 14 estados, de los cuales ocho aparecen en la lista de las entidades con mayor incidencia delictiva de alto impacto, como el homicidio, secuestro y extorsión. Una búsqueda hemerográfica realizada por el diario “24 HORAS” mostró que de diciembre de 2012 a junio de 2013, en el 10% de los municipios que celebrarán elecciones este domingo, se registraron entre 100 y 130 delitos de esa naturaleza. La tipología que aparece una y otra vez en estos atentados es la del crimen organizado. ¿Pero están realmente los cárteles detrás de esta irrupción de violencia electoral?
Funcionarios federales consultados por “24 HORAS” reconocieron que, en efecto, se detectaron dos formas de participación del crimen organizado en las elecciones del 7 de julio. La primera es la búsqueda de incidencia indirecta en los comicios, mediante la utilización de mantas y asesinatos o secuestros para generar temor entre los electores y los propios candidatos. La segunda es la presión que han ejercido a través de sus sicarios y halcones en diversas colonias –reflejo de su despliegue territorial– para impulsar el voto a favor de algún candidato determinado. Públicamente, el Gobierno federal no habla del asunto, y de acuerdo con el presidente del PAN, Gustavo Madero, el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le pidió a los partidos que no hicieran de la seguridad un tema de campaña.
Tapar el sol ayuda a atemperar la angustia nacional pero no resuelve el problema de fondo. Estimaciones oficiales ubican en 80 –de mil 348– los municipios donde no existen las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho de voto. En 40 de esos ayuntamientos, consideran las autoridades, hubo presiones tan fuertes sobre los candidatos que es probable que pudieran haber penetrado todas las estructuras de los gobiernos locales y de los partidos. Hay regiones en Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz donde no pudieron entrar los capacitadores electorales, que junto con Chihuahua, Coahuila, Puebla y Zacatecas, son considerados como los estados de mayor riesgo en estas elecciones, sobre la base de las estadísticas sobre inseguridad del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Hay algunos casos paradigmáticos, como Fresnillo, donde hay una competencia abierta en el segundo municipio más grande de Zacatecas donde la propia autoridad estatal reconoce que está totalmente en manos de la delincuencia.
No está claro si en efecto se encuentran los cárteles de la droga detrás de los atentados. Es posible que sean crímenes que imiten su modus operandi para esconder la autoría intelectual, pero no se puede descartar que sea la delincuencia organizada la que desafía frontal y territorialmente al gobierno de Enrique Peña Nieto. Las autoridades pueden intentar esconder en la tierra la cabeza de la inseguridad, pero no pueden dejar de enfrentarla o perseguirla con todo el poder del Estado. Si en estos momentos los cárteles o alguna otra fuerza que se oculta tras sus métodos son capaces de voltear de cabeza estas elecciones con violencia, es porque ven a un Estado débil y dubitativo o incapaz de enfrentarlos. Si no es así, los meses de tolerancia e impunidad deben terminar porque, cualquiera que sea la mano asesina, la principal víctima política será el Gobierno federal.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx / @rivapa
Ese mismo día apareció en Saltillo el cadáver del ex candidato a gobernador de Coahuila, ex diputado federal y fundador del viejo Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Francisco Navarro, quien había sido secuestrado el 25 de junio. Un día antes, el candidato priista a la Presidencia Municipal de Tantoyuca, Veracruz, Quintín Mendoza, fue emboscado por varios vehículos cuyos ocupantes lo mataron, mientras en Sinaloa, el coordinador de la campaña del PAN, Eleazar Armenta, fue secuestrado en su casa y asesinado. La lista no se agota. Continúa junto con el calendario y afecta a políticos de todos los partidos.
La violencia político-electoral en México se desató en vísperas de las elecciones locales en 14 estados, de los cuales ocho aparecen en la lista de las entidades con mayor incidencia delictiva de alto impacto, como el homicidio, secuestro y extorsión. Una búsqueda hemerográfica realizada por el diario “24 HORAS” mostró que de diciembre de 2012 a junio de 2013, en el 10% de los municipios que celebrarán elecciones este domingo, se registraron entre 100 y 130 delitos de esa naturaleza. La tipología que aparece una y otra vez en estos atentados es la del crimen organizado. ¿Pero están realmente los cárteles detrás de esta irrupción de violencia electoral?
Funcionarios federales consultados por “24 HORAS” reconocieron que, en efecto, se detectaron dos formas de participación del crimen organizado en las elecciones del 7 de julio. La primera es la búsqueda de incidencia indirecta en los comicios, mediante la utilización de mantas y asesinatos o secuestros para generar temor entre los electores y los propios candidatos. La segunda es la presión que han ejercido a través de sus sicarios y halcones en diversas colonias –reflejo de su despliegue territorial– para impulsar el voto a favor de algún candidato determinado. Públicamente, el Gobierno federal no habla del asunto, y de acuerdo con el presidente del PAN, Gustavo Madero, el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le pidió a los partidos que no hicieran de la seguridad un tema de campaña.
Tapar el sol ayuda a atemperar la angustia nacional pero no resuelve el problema de fondo. Estimaciones oficiales ubican en 80 –de mil 348– los municipios donde no existen las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho de voto. En 40 de esos ayuntamientos, consideran las autoridades, hubo presiones tan fuertes sobre los candidatos que es probable que pudieran haber penetrado todas las estructuras de los gobiernos locales y de los partidos. Hay regiones en Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz donde no pudieron entrar los capacitadores electorales, que junto con Chihuahua, Coahuila, Puebla y Zacatecas, son considerados como los estados de mayor riesgo en estas elecciones, sobre la base de las estadísticas sobre inseguridad del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Hay algunos casos paradigmáticos, como Fresnillo, donde hay una competencia abierta en el segundo municipio más grande de Zacatecas donde la propia autoridad estatal reconoce que está totalmente en manos de la delincuencia.
No está claro si en efecto se encuentran los cárteles de la droga detrás de los atentados. Es posible que sean crímenes que imiten su modus operandi para esconder la autoría intelectual, pero no se puede descartar que sea la delincuencia organizada la que desafía frontal y territorialmente al gobierno de Enrique Peña Nieto. Las autoridades pueden intentar esconder en la tierra la cabeza de la inseguridad, pero no pueden dejar de enfrentarla o perseguirla con todo el poder del Estado. Si en estos momentos los cárteles o alguna otra fuerza que se oculta tras sus métodos son capaces de voltear de cabeza estas elecciones con violencia, es porque ven a un Estado débil y dubitativo o incapaz de enfrentarlos. Si no es así, los meses de tolerancia e impunidad deben terminar porque, cualquiera que sea la mano asesina, la principal víctima política será el Gobierno federal.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx / @rivapa
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