LA BURLA DE MARCELLETTI

“El Italiano” ahora pide 14 millones por sus hoteles en Punta Chivato, Loreto y La Paz

Tras pagar una fianza de 416 mil pesos el empresario extranjero dejó la cárcel tan pronto como entró. Después de 24 meses, las víctimas no pudieron recuperar ni un centavo de los más de 30 millones que adeudaba por extracción de agua potable de un pozo concesionado a la compañía Punta Chivato Shores, S.A. de C.V.

 

Gerardo Zúñiga Pacheco

Aun encontrado legalmente responsable de haber cometido el delito de despojo, Giuseppe Marcelletti Pandolfi “El italiano” sigue impune.

La captura –el 1 de junio– y liberación del hotelero intocable se convirtió en la burla para el gobierno del estado encabezado por Marcos Covarrubias Villaseñor. Primero porque el juez penal duró más de dos años para librar una orden de aprehensión en su contra, y segundo porque apenas piso la cárcel ya lo habían liberado.

La fianza de 416 mil pesos fijada por la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia en Ciudad Constitución, Mayela Marcial Mela –en ausencia del Juez Ismael Alfonso Ortega Lizardi– volvió a desnudar el débil sistema de justicia.

Después de esperar 24 meses, las víctimas no pudieron recuperar ni un centavo de los más de 30 millones que –hasta el momento de la detención– adeudaba “El italiano” por concepto de extracción de agua potable de un pozo concesionado a la compañía Punta Chivato Shores, S.A. de C.V., cuyo caso quedó registrado bajo el número de averiguación previa LPZ/009/AES/2010 por los delitos de desvío, robo y despojo de agua, más lo que resulte.

Marcial Mela, sospechosamente solo tomó en cuenta el delito de despojo en su resolución final, considerando que cuando cometió el ilícito no estaba tipificado como delito grave en el Código Penal, por lo cual abrió automáticamente la puerta de la prisión a “El Italiano”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, tuvo que hablar sobre la cuestionada fianza establecida –según explicó a ZETA— “en base a los últimos dos años facturados a la compañía del extranjero por parte del concesionario”.

“Aparentemente puede parecer baja pero está justificada en base a los recibos expedidos por la propia compañía Punta Chivato Shores, S.A. de C.V. y es una cantidad muy realista en comparación a lo que se está reclamando. Debemos recordar que el papel del Juzgado es guardar el equilibrio y ajustarse a lo que aparece en el expediente, y se tomó como punto de partida el consumo de los últimos dos años y se aplicó a los cinco años que no pagó el vital líquido para determinar el monto de la fianza”, dijo textualmente.

El Juez Ismael Alfonso Ortega Lizardi no estuvo presente en el momento de la audiencia, a pesar de haber sido el responsable de girar la orden de aprehensión en contra de Marcelletti.

El presidente del Poder Judicial justificó que “el juzgador solicitó permiso para ausentarse un par de días por motivos personales”, lo que inmediatamente levantó sospechas y dudas en la víctima del delito.

Sin embargo, el propietario de Punta Chivato Shores, S.A de C.V, Raúl Luján Soberanes, consideró que la fianza “es una burla”, porque la tarifa del agua no corresponde al precio que estaba establecido en los cinco años posteriores, porque recordó que cuando el extranjero se negó a pagar en el año 2005, fue justamente porque se había actualizado la tarifa y tuvieron que cortarle el servicio.

 “Es como si hoy vas a comprar gasolina, y la quieres pagar al precio de hace un mes, cuando todos sabemos que está subiendo continuamente. Es exactamente lo mismo”, expuso y relató que entonces la compañía acordó una tarifa de 30 pesos por cada mil metros cúbicos de agua, basada en el precio de la tarifa del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Mulegé, y ahorita “ya cuesta 60 pesos”.

El primer sorprendido por la resolución judicial fue el afectado porque “la funcionaria, solo tomó en cuenta los últimos recibos expedidos a razón de 7 mil 500 dólares por año, dividió entre los 365 días del año, y sacó el costo unitario de consumo de agua por día. Enseguida lo multiplicó por los años y estableció la fianza del presunto responsable”.

Según Luján Soberanes, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia maliciosamente omitió lo establecido por el artículo 51 del Código Penal vigente sobre la reparación del daño, respecto de que debió  “actualizar el pago del valor que fue materia del delito y atender todas las pruebas aportadas para demostrar su cuantía y a los índices inflacionarios publicados por el Banco de México”.

La funcionaria desestimó el delito de robo, aun cuando, había los siguientes elementos:

1.- Las pruebas obtenidas el 30 de agosto del 2010, cuando el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ordenó una inspección y descubrió que el extranjero “había colocado de manera clandestina tubería de 1 ¼” que conducía del acueducto a una pila oculta de almacenamiento dentro del hotel de ‘El Italiano’”.

2.- El dictamen pericial elaborado por investigadores y peritos hidráulicos de que “el extranjero Giuseppe Marcelletti Pandolfi habría tomado de manera ilícita cerca de 150 mil metros cúbicos de agua potable tan solo del año 2004 al segundo bimestre del 2005, ocasionando un grave daño patrimonial, ya que el cargo económico de la explotación del líquido vital, no recayó en el extranjero, sino paso automáticamente al cargo de la compañía concesionaria del pozo de agua”.

El artículo 294 del Código Penal vigente establece claramente que “comete el delito de robo” quien se apodera de algo ajeno y sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a La Ley y se impondrá de tres a quince años de prisión y hasta 300 días de salario mínimo, y el responsable no tendrá derecho a la libertad caucional por tratarse de un delito grave, cuando el robo se cometa, con premeditación en perjuicio de terceras personas”.

De ahí que la víctima del delito analiza la posibilidad de impugnar la resolución del Juzgado, porque “causó un terrible daño patrimonial e incluso uso el título de descargas de aguas residuales de la empresa concesionaria para desechar contaminantes sin haber pagado nunca derechos a la Comisión Nacional del Agua”.

Por lo tanto, “está en todo su Derecho, puede impugnar y ya en su momento habremos de revisar, porque si descubrimos alguna irregularidad, como el hecho de que se hayan desechado pruebas de descargo, eventualmente podremos aumentar el costo de la garantía e incluso anular la decisión del juzgador, en caso de que se prueba alguna inconsistencia, porque somos humanos y no estamos exentos de cometer errores involuntarios”, dijo el presidente del Poder Judicial.

La detención

Al momento de ser detenido, Giuseppe Marcelletti Pandolfi, estaba viviendo en una residencia del exclusivo fraccionamiento del Club Campestre de San José del Cabo.

Desde hace tres meses aproximadamente ya no había sido visto en la comunidad de Punta Chivato, donde es propietario del hotel Posadas Las Flores.

Datos recabados por ZETA expusieron que el día que fue detenido andaba completamente despreocupado en chanclas, short y playera haciendo la limpieza de su vivienda.

Los agentes de investigaciones del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial lo buscaron en Mulegé y no lo hallaron. Entonces colocaron plantones de vigilancia en los  hoteles de su propiedad en Loreto y La Paz, hasta observaron que un camión de mudanzas salía del negocio de la capital del estado rumbo a Los Cabos.

Los policías siguieron a la mudanza que finalmente los llevó hasta “El Italiano”. Los oficiales dejaron que el extranjero saliera a la calle y fue entonces cuando lo atraparon. El extranjero todavía incrédulo opuso resistencia hasta que fue encañonado y subido a una de las tres unidades que fueron a detenerlo.

“El rostro del extranjero estaba desencajado”, dijo uno de los agentes que participaron en la detención y comentó que “lo que pudimos percibir y ver fue que Marcelletti ya había cambiado su residencia a San José del Cabo. No sabemos si temporal o definitivamente, pero los muebles que venían en la mudanza era para su residencia y se preparaba para la dolce vita”.

Los agentes policiacos trasladaron inmediatamente al detenido y lo ingresaron para ficharlo y levantar un certificado médico en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); posteriormente fue llevado a Ciudad Constitución e internado en el Centro de Reinserción Social de aquella población.

A diferencia de otros detenidos, el extranjero no sufrió “sabadazo”, pues ese mismo día fue la audiencia y casi de manera exprés le fue fijada la fianza, solo que no salió hasta el pasado 4 de junio, es decir, cuatro días después porque “no tenía dinero para pagar la fianza”, según expuso uno de los trabajadores del juzgado a ZETA.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, consideró que la detención de Marcelletti es una prueba de que “ya no hay intocables”, porque aun y cuando haya sido liberado está sujeto a un proceso penal que en su momento arrojara responsabilidades y tendrá que pagar lo que legalmente corresponde al adeudo del agua.

— ¿Por qué el juzgador dejó libre a “El Italiano” si según el Código Penal vigente en el estado ya establece como delito grave el despojo después de que entró en vigencia en el 2011?, preguntó este Semanario al presidente del Tribunal de Justicia, Daniel Gallo.

“Bueno, por la sencilla razón de que el delito se cometió entre el 2005 y 2010, y la elevación del delito de despojo a grave fue hasta el 2011 y, luego entonces, la ley no puede ser retroactiva”.

Sobre la detención, Giuseppe Marcelletti Pandolfi dijo que “no daría declaraciones a la prensa”, cuando fue abordado por reporteros al salir de prisión. En tono molesto, solo comentó que dejaría el caso en manos de su abogado e inmediatamente contestó una llamada telefónica.

“El Italiano” enfrentará el proceso penal desde afuera de la cárcel, y el viernes de cada semana tendrá que ir a firmar el libro de control de procesos desde San José del Cabo hasta Ciudad Constitución. El extranjero no podrá salir del país bajo ninguna circunstancia.

Sobre estos hechos, el abogado Ruy Lara Diez, integrante del Colegio de Abogados de Los Cabos, consultado por ZETA, dijo que “el delito de despojo –y después de la última reforma publicada en el 2012— está tipificado como delito grave, siempre y cuando, sea cometido por dos o más personas o quienes se dediquen en forma reiterada a promover el delito o se acredite su reincidencia”.

El litigante expuso que, según el artículo 314 Bis del Código Penal Vigente, “la persona que cometa este delito se hará acreedora de 5 a 9 años de prisión y pagará una multa hasta por 600 días de salario mínimo vigente”.

“A partir de dos personas el delito se convierte en grave, sobre todo cuando usen como método la violencia física, moral, furtividad o el engaño”, comentó y expuso que “la Ley no es retroactiva, y si ‘El Italiano’ cometió el delito entre el 2005 y 2010, es correcto que no aplique en esta caso, aun y cuando apenas hasta hoy se esté juzgando el caso y el cual desde su punto de vista no reúne los requisitos establecidos por la Ley, porque se trata de una sola persona y se trata de alguien que fue acusado antes de que entrara en vigor el nuevo Código Penal”.

— ¿Y la fianza?

“Bueno, la fianza se fija en base a la conducta procesal, multa y reparación del daño para garantizar el pago de la afectación probada hasta ese momento, y el juez debe de tomar en cuenta algún dictamen pericial del daño, y si no lo hubiera, entonces tiene que irse con las pruebas que obren en el expediente”.

El abogado finalmente comentó que cualquier acusado tiene derecho a la libertad bajo caución, siempre y cuando, no haya cometido un delito tipificado como grave.

La millonaria venta

Pero apenas salió de la prisión Marcelletti Pandolfi puso a la venta su cadena hotelera denominada Posadas Las Flores.

“El Italiano” colocó un letrero en la página www.rightmove.com.uk donde aparecen publicadas fotografías de sus hoteles en Punta Chivato, Loreto y La Paz.

La reconocida compañía Right Move creada en el año 2000, como una empresa conjunta entre las cuatro agencias de bienes raíces más grandes de Inglaterra: Halifax, Countrywide PLC, Royal & Sun Alliance y Connells, establece que las propiedades están rodeadas de “un mar azul zafiro, playas de arena blanca y decenas de palmeras con sombra en el Mar de Cortés”.

De acuerdo al anuncio, el hotel de La Paz es ofertado en 3 millones de dólares, el de Loreto en 5 millones de dólares y el de Punta Chivato en 6 millones de dólares.