El
turbio caso del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, es
emblemático de la impunidad que impera en México. Cuatro años del
“accidente” han transcurrido y, apenas, un balbuciente gobierno federal
vuelve a prometer lo mismo que la administración calderonista: justicia.
Las nuevas tesis de un grupo de padres afectados son implacables: el
siniestro fue “provocado”, y ello ocurrió por causa de la corrupción.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Cuatro años después del incendio en la guardería ABC,
la exigencia de justicia no ha sido cumplida por ninguna autoridad para
los padres de los 49 niños muertos y más de 70 afectados. “Este es el
imperio de la impunidad y con este gobierno tengo pocas esperanzas”,
expresa desilusionado Abraham Freijo, miembro del Movimiento 5 de Junio.
Durante
todo este tiempo los papás de los niños muertos y afectados por el
incendio de la guardería de Hermosillo, Sonora, han buscado con marchas,
mítines, juicios populares, demandas, cartas, entrevistas y hasta con
peticiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se investigue
y se castigue a los responsables del hecho.
Hasta el momento, sin
embargo, no se ha logrado nada. De las 29 personas procesadas por su
presunta responsabilidad, sólo Delia Irene Botello Amante,
excoordinadora zonal de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), permanece presa en el Centro de Readaptación Social
(Cereso) de Hermosillo, porque no tiene derecho a fianza.
Ahora
existe una nueva línea de investigación, basada en una sospecha que se
manejó entre los padres de los niños de la guardería desde el principio y
que ya sigue la Procuraduría General de la República (PGR), la cual
apunta a la responsabilidad del exgobernador Eduardo Bours Castello.
De
acuerdo con el documento entregado a la PGR por la agrupación Manos
Unidas por Nuestros Niños, el incendio en la bodega aledaña a la
guardería ABC que servía de almacén de la Secretaría de Hacienda estatal
“fue intencional” y fue ordenado por funcionarios del gobierno de
Bours.
Con base en la investigación que hizo este grupo, integrado
por padres de los infantes fallecidos y lesionados, el incendio
ocurrido el 5 de junio de 2009 “no se trató de un hecho accidental ni
fortuito”, sino que fue “ordenado y dirigido” por Juan Carlos Lam Félix,
quien se desempeñaba como secretario técnico del poder ejecutivo local
en el gobierno de Bours.
Según el documento, cuya copia tiene
Proceso y el cual fue entregado al procurador general de la República
Jesús Murillo Karam el 17 de abril, el siniestro tuvo como propósito
“destruir información documental relacionada con la deuda de $ 10,
000,000,000.00 (Diez mil millones de pesos) generada en ese sexenio por
el Plan Sonora Proyecta, que fue el principal programa de obras de ese
gobierno”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1910 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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