...Y en represalía los policías comunitarias instalan retenes.
CHILPANCINGO,
Gro. (apro).- Al menos 200 policías comunitarios mantienen retenidos
desde el mediodía a un comandante y cuatro agentes de la Policía
Ministerial Estatal (PME), así como a José Luis Bernabé Fernández,
secretario de acuerdos del Juzgado Mixto del Tribunal Superior de
Justicia, en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, en la región de
la Costa Chica.
Es por ello que el gobierno de Ángel Aguirre
ofreció acudir a San Luis Acatlán a una mesa de negociaciones, que
comenzaría este jueves 9 a las diez de la mañana, tal como demandó la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La
acción encabezada por los coordinadores de la casa de justicia de San
Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo y Raúl de Jesús Cabrera, surgió en
respuesta a su detención junto a cuatro policías comunitarios la noche
del lunes en Acapulco.
No obstante, todos ellos salieron libres
“bajo reservas de ley”, luego de que el Ministerio Público federal no
acreditó el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército
que les imputaron infantes de Marina, soldados y policías federales que
participaron en el operativo contra los civiles armados.
Reportes oficiales consultados por Apro
indican que el hecho se registró cerca del mediodía, cuando los
policías comunitarios irrumpieron en la comandancia de la PME en este
municipio indígena de la Costa Chica, donde detuvieron y desarmaron al
comandante José Juan Ortiz Piza y cuatro de sus elementos.
Enseguida,
los cuatro agentes, el jefe policiaco y el secretario de acuerdos
fueron trasladados a la sede de la casa de justicia de San Luis Acatlán,
donde permanecen resguardados por al menos 200 policías comunitarios
armados.
Los integrantes de la policía comunitaria y dirigentes de
la CRAC demandan la presentación de autoridades del gobierno de Aguirre
Rivero en este municipio, denominado como “territorio comunitario”,
para que se comprometan a no detener a miembros de esta organización
conformada en 1995 y que se ha encargado de poner en marcha un sistema
de seguridad pública y de impartición de justicia paralelo al
institucional.
(PROCESO/EZEQUIEL FLORES CONTRERAS/ 8 de mayo de 2013)
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