Con resolución de Corte quedó sin efecto manifiesto de
impacto ambiental
La máxima instancia del Poder Judicial consideró que
este grupo de yoremes no acreditaron el carácter de autoridades tradicionales,
sin embargo determinó reconocerles el derecho de instar a la autoridad
jurisdiccional, en este caso a la Secretaría del Medio ambiente y Recursos
Naturales, Semarnat, para que previo a la autorización del proyecto de impacto
ambiental del acueducto, deberán otorgar garantía de audiencia a la comunidad
yaqui.
José Luis Jara / Dossier Politico
Con la resolución
que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador de Sonora
está obligado a parar la construcción del acueducto independencia, por una
sencilla razón: quedó sin efecto el manifiesto de impacto ambiental del
proyecto y sin este documento básico, no se puede continuar una obra porque no
tiene el respaldo legal.
Tomas Rojo y otros
compañeros de la comunidad Yoreme de Vícam, estuvieron en la sesión del pleno
de la Suprema Corte de Justicia en la ciudad de México. Les quedó claro que esa
fue la principal conclusión a la que llegaron con la resolución que tomaron los
magistrados, en la que confirmaron la protección de la justicia concedida por
el juez 10 de distrito a miembros de la tribu yaqui.
Este grupo de la
comunidad interpuso un amparo contra la construcción del Acueducto
Independencia, emprendida por el gobernador sonorense Guillermo Padrés, el cual
fue sometido a revisión por la suprema corte.
La máxima instancia
del Poder Judicial consideró que este grupo de yoremes no acreditaron el
carácter de autoridades tradicionales, sin embargo determinó reconocerles el
derecho de instar a la autoridad jurisdiccional, en este caso a la Secretaría
del Medio ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para que previo a la
autorización del proyecto de impacto ambiental del acueducto, deberán otorgar
garantía de audiencia a la comunidad yaqui.
Este punto es
importante para los yaquis y el resto de comunidades indígenas que enfrenten un
problema similar, dijo Tomás Rojo, porque se establece por la suprema corte
todo un protocolo para atender a las comunidades originarias
En el pleno de este
miércoles, los ministros resolvieron consideraron que la operación del
acueducto Independencia sí puede afectar a este grupo originario,
principalmente en relación con los derechos de disposición de agua de la presa
La Angostura, que por decreto presidencial del 30 de septiembre de 1940,
pertenece a la tribu yaqui.
En el pleno se
recordó que las personas de esta comunidad pueden disponer cada año agrícola
hasta la mitad del caudal que se almacena en esa obra para fines de riego
agrícola. Y se autorizó a sus núcleos de población la disposición del recurso
en la medida que sus tierras lo requieran.
En el protocolo para
atender a la comunidad yaqui, los ministros
de la corte señalaron que no bastaba que la autoridad responsable pusiera el
proyecto a disposición del público a través de diversos medios de difusión o la
realización de una consulta pública, dada la calidad indígena de la comunidad a
la que pertenecen los quejosos.
De acuerdo a lo
señalado por el Juzgado 10 de distrito, instancia que concedió el amparo, este
protocolo debe hacerse de manera adecuada y a través de sus representantes
tradicionales, a fin de respetar sus costumbres y tradiciones.
De acuerdo a la
corte, la autoridad competente deberá ponderar los intereses sociales en juego,
tanto los afectados como de los beneficiados por la obra, quedando en aptitud
de decretar, en la medida de sus facultades, las acciones necesarias para
resarcir o aminorar las eventuales afectaciones que deriven de la operatividad
del acueducto.
Para Tomás Rojo,
esta resolución que beneficia a la comunidad yaqui, va a trascender al resto de
las comunidades originarias del país, en virtud de que se estableció un
protocolo, donde se deberá respetar los usos y tradiciones de la comunidad
indígena, para tratar los problemas relacionados con ellas.
La consecuencia
principal de esta resolución de la suprema corte, consideró Rojo, es que el
gobierno de Guillermo Padrés debe parar el robo del agua de la presa del
Novillo y esperar la sentencia, que se dará en unos diez a 15 días, para
reparar el procedimiento.
Tomás Rojo y otros
compañeros de la comunidad yoreme de Vícam estuvieron en el pleno de la suprema
corte. Celebraron la resolución que tomó y hasta ellos llegaron los comentarios
que hizo el secretario de gobierno del estado de Sonora, Roberto Romero, quien
señaló que esta resolución no detendrá la obra del acueducto.
Tomás Rojo dijo: las
cosas hay que tomarlas de quien viene. No tiene que venir un ministro de la
corte a decirle al secretario de gobierno lo que tienen que hacer, porque ellos
tienen sus mecanismos para trabajar.
Lo que tiene que
hacer el funcionario y el gobernador Guillermo Padrés es acatar la ley y parar el robo del agua.
Ahora hay otro
panorama con la nueva administración federal, consideró, porque ya no habrá
complicidad entre dos gobiernos panistas, como la había entre Guillermo Padrés
y Felipe Calderón.
(DOSSIER POLITICO/ José Luis Jara / 2013-05-09)
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