Patricia Dávila/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación
previa por el caso Florence Cassez, la ciudadana francesa que fue liberada el
pasado 23 de febrero luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
consideró que se violó el debido proceso durante el juicio.
En dicha
averiguación se encuentran relacionados elementos de la extinta Agencia Federal
de Investigación (AFI), como presuntos responsables de obstrucción de la
justicia.
El subprocurador de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la
dependencia, Ricardo García Cervantes, informó que la averiguación previa está
bajo su mando y que el fiscal encargado del caso valorará si cita a declarar a
Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, quien estuvo a cargo de
la AFI cuando ocurrieron los hechos.
Entrevistado al
término de su participación durante los trabajos para integrar el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, García Cervantes mencionó que la indagatoria se basa
en la denuncia de hechos que presentó la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH).
Detalló que la
investigación a quienes violaron las garantías de Florence Cassez –liberada el
pasado 23 de enero, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le
concedió un amparo– no sólo incluye a policías de la desaparecida AFI, sino
también agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO).
Precisó que será un
juez federal quien en su momento determine si el delito por el que se les acusa
ya prescribió.
El 8 de diciembre de
2005, Florence Cassez y su novio, Israel Vallarta, fueron detenidos por
elementos de la AFI, acusados de secuestro.
La captura se
realizó durante un operativo orquestado por la Secretaría de Seguridad Pública,
cuyo titular, Genaro García Luna, admitió posteriormente que se trató de un
montaje para los medios de comunicación.
En su informe,
presentado el pasado 14 de marzo, implicó a 21 servidores públicos, entre ellos
al propio Genaro García Luna, en la simulación del operativo en el que la
extranjera fue presentada como capturada in fraganti , escenificado hace siete
años para las cámaras de Televisa, así como otras “omisiones” de García Luna
(quien luego fue nombrado secretario de Seguridad Pública), “viciaron el
procedimiento penal respectivo, lo que trascendió en su resultado (la
liberación de Cassez) y agravió a las víctimas (de los secuestros que se le
imputaron)”.
Al realizar esta
“escenificación ajena a la realidad”, se abunda, los involucrados “omitieron
desempeñar sus cargos con la debida diligencia y pasaron por alto los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos”, todo lo cual puede ser “constitutivo de
delito”.
Dicho “montaje ajeno
a la realidad”, con el que se representó la captura de una banda de presuntos
plagiarios, entre los que se encontraba la ciudadana francesa, presentándose
los hechos como si fueran verídicos, implicó, según el titular de la CNDH, Raúl
Plascencia, “un engaño a la sociedad”, además de que, al contaminar el proceso
penal seguido contra los acusados, propiciando que a Cassez se le liberara “no
por inocente, sino por violaciones al debido proceso”, las autoridades
implicadas privaron a las víctimas de secuestro del derecho al acceso a la
justicia y, por lo tanto, a la reparación del daño.
(PROCESO/ Patricia Dávila/ 9 de abril de 2013)
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