Redacción/ Proceso
MÉXICO, D.F.,
(apro).- “México atraviesa un momento inédito de desgaste institucional. Veo a
las instituciones debilitadas y en muchos casos incapaces de alcanzar lo que la
Constitución les exige”, afirmó el subprocurador de Derechos Humanos de la
Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes.
El único militante
activo del Partido Acción Nacional integrado al gobierno priista, criticó
también la guerra contra el narcotráfico lanzada por el ex presidente Felipe
Calderón que dejó poco más de 65 mil muertos:
“Hay también un
rompimiento del tejido social y también una debilidad de los derechos humanos,
derivado de los índices de violencia que son inéditos en nuestro país. Vivimos
los estragos de una política que se orientó unilateralmente a combatir a los
grupos criminales sin una visión integral”.
El país, dijo,
necesita una justicia restaurativa. “El momento inédito que estamos viviendo,
no tengo empacho en calificar que se trata de una grave crisis humanitaria si
tomamos en cuenta por ejemplo, la dimensión de las desapariciones en México”.
Durante los trabajos
para la integración del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018,
correspondientes a la mesa Los Derechos Humanos en el Nuevo Bloque de
Constitucionalidad, García Cervantes, una y otra vez se mostró implacable al
hacer el recuento de los daños que provocó la guerra de Calderón en su paso por
la Presidencia.
“La estructura
formal de las dependencias encargadas de la seguridad y la procuración de
justicia fue transformada para únicamente servir al objetivo de combate a la
criminalidad con resultados poco efectivos, creció el número de organizaciones
delictivas; los índices delictivos aumentaron y se diversificaron; los
homicidios dolosos crecieron y la desaparición de personas tuvieron un aumento
alarmante”.
García Cervantes
insistió en que hay instituciones que se encuentran claramente debilitadas y
carentes de todas las capacidades que el momento demanda y sólo encontrarán la
fuerza e impulso que hace falta en la participación de la sociedad, dijo ante
integrantes de organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas.
Ante esta realidad,
explicó que la respuesta gubernamental ha incluido reformas a la Constitución
para promover un mayor andamiaje para proteger los derechos humanos, para dotar
de un nuevo sistema de justicia penal.
(PROCESO/Redacción/ 9 de abril de 2013)
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