MÉXICO,
D.F. (Proceso).- El chanchullo jarocho descubierto y denunciado
penalmente por el PAN puso en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto.
En un principio, la estrategia oficial pretendió desactivar la bomba
política ocasionada por la presunta utilización de recursos de la
Sedesol destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre para favorecer
a los candidatos del PRI en Veracruz, mediante la destitución de
funcionarios de nivel medio, el espaldarazo presidencial a Rosario
Robles y el intento por minimimizar el escándalo en los medios de
comunicación.
La estrategia no funcionó y el gobierno se vio obligado a
rectificar.
La denuncia penal presentada por el PAN el martes 16
consta de 50 cuartillas y está sustentada en 13 horas de grabaciones de
audio y video que muestran de manera contundente y probatoria la
existencia de una red de complicidad entre los tres niveles de gobierno
para la compra de votos.
Ambos documentos revelan que los principales
implicados en dicha trama de corrupción político-electoral son el
gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y la secretaria de Desarrollo
Social, Rosario Robles, contra quienes el PAN ha demandado juicio
político por haber utilizado recursos públicos de programas sociales con
fines electorales. Las bancadas del PRD y el PT en la Cámara de
Diputados se sumaron a la demanda panista.
Al mismo tiempo, los
presidentes del PAN y del PRD manifestaron su inconformidad con la
reacción del gobierno ante la denuncia del chanchullo jarocho y se
negaron a asistir a la presentación de la reforma financiera, prevista
para el martes 23 a las 10 de la mañana en Palacio Nacional.
A las dos
de la mañana de ese día, Presidencia dio a conocer un comunicado en el
cual se informa de la suspensión de las actividades públicas
relacionadas con el Pacto por México, “con el fin de abrir un espacio
para el diálogo franco que permita superar los desencuentros”.
El
gobierno afirma que no escatimará esfuerzos para asegurar que el pacto
“continúe siendo un instrumento eficaz de cambio”.
La
rectificación presidencial fue acertada y oportuna, pero no es
suficiente. Su declaración del “No te preocupes, Rosario”, emitida el
sábado 20 en Chiapas, tuvo la intención no sólo de apoyar a su
secretaria, sino de minimimizar la perversa intención de intercambiar
beneficios sociales por votos, lo cual, además de ser un delito
electoral, ofende la dignidad ciudadana.
Es necesario que la denuncia
del PAN se lleve hasta sus últimas consecuencias con el fin de castigar a
los responsables y evitar el uso corrupto de recursos públicos
destinado a los 7.4 millones de mexicanos que padecen hambre.
La
investigación judicial debiera estar a cargo de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE),
dependiente de la Procuraduría General de la República, que a su vez
depende de la voluntad del Ejecutivo. ¿Irá a fondo la investigación?
No
es casual que la mayoría de los delegados de la Sedesol nombrados hasta
ahora provengan de comités estatales, congresos locales y federal, así
como de gabinetes de los estados gobernados por el PRI, sin experiencia
en programas de desarrollo social.
Entre ellos destaca el caso del
conocido operador político Pedro de León Mojarro, quien coordinó la
campaña presidencial de Peña Nieto en Zacatecas y fue nombrado por
Robles coordinador de los delegados de la Sedesol en los estados (El
Financiero, 10/IV/13). Ello revela una probable estrategia de corrupción
electoral a escala nacional.
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1904 de la revista Proceso, ya en circulación.
/ 29 de abril de 2013)
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