SinEmbargo
México.- Si uno se
atiene a las estadísticas oficiales sobre el número de personas que mueren por
hambre en México, se infiere que en los tres primeros meses de lo que va de
2013 han fallecido en nuestro país 2 mil 70 mexicanos, lo que significa que a
lo largo y ancho de la nación está dejando de existir en promedio una persona
cada hora por no tener los recursos suficientes para comprar comida.
Esa impactante y
conmovedora estadística se obtiene con base en los datos que aportó el
presidente Enrique Peña Nieto cuando, el pasado 21 de enero, dio a conocer la
Cruzada Nacional contra el Hambre. En esa ocasión el político mexiquense
destacó que en 2011 habían muerto en México 11 mil personas por desnutrición;
es decir, dicho en un lenguaje sencillo y directo: por hambre.
Sin embargo,
especialistas en el tema como el investigador del Colegio de México (Colmex),
Julio Boltvinik; la diputada panista y ex titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), Beatriz Zavala Peniche, y Armando Contreras Luna,
secretario de Alianzas y Relaciones Políticas Nacionales del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideran que la
cifra podría ser mucho más elevada.
Lo mismo opinan
Adolfo Sánchez Almanza, del Centro de Investigaciones Económicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la diputada del PRD, María
del Socorro Ceseñas Chapa, dado que ese número fue obtenido por la Presidencia
de la República de los datos generador por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), una institución que basa sus estadísticas por las
defunciones que registran las instituciones de salud oficiales, sin
contabilizar los fallecimientos de mexicanos que se dan en las localidades más
recónditas del país, donde no hay centros médicos asistenciales.
En este contexto, la
titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles
Berlanga, ha dicho que el problema de la pobreza y el de la desigualdad social
es una de las principales preocupaciones del Gobierno. Pero todo apunta a que
la brecha entre los menesterosos y la elite que concentra la riqueza cada vez
será más ancha y, en consecuencia, la cifra de fallecimientos por hambre
continuará incrementándose.
Esto se infiere por
la apatía que manifiestan tanto el Gobierno como los poderes fácticos para
abatir de tajo la creciente desigualdad que frena el progreso y la justicia
social, consideran expertos en el tema.
La Cruzada contra el
Hambre es una medida de corte asistencialista que, desafortunadamente, fallará
como tantos otros programas oficiales aplicados en los últimos 70 años para
acabar con la pobreza, opinan los críticos. Como argumento recuerdan que en
1944 se instrumentó el Programa de Abasto Social de Leche. En 1971 se impulsó
el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). En 1972 se pusieron en
marcha, a través del Instituto Nacional Indigenista (INI), los albergues
escolares en comunidades indígenas. En 1975 comenzó la entrega de desayunos
escolares. En 1980 se dio el banderazo al Programa de Abasto Social. De 1989 a
1994 se aplicó el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). En 1997 se
impulsó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) y en 2002
nació Oportunidades.
Pero si esas medidas
mitigaron en cierta medida la pobreza, lo cierto es que en siete décadas la
cifra de menesterosos se extendió a 52 millones, lo que significa que 46% de la
población nacional carece de la alimentación necesaria para sobrevivir,
mientras que en contraste, conforme a cifras de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), México es actualmente el segundo país con más número de
billonarios en América Latina, sólo superado por Brasil con 30 billonarios. En
nuestro país hay 11 billonarios; es decir, uno por cada 10 millones de
habitantes.
En el estudio de la
CEPAL, elaborado por Andrés Solimano y Juan Pablo Jiménez, se afirma que la
concentración del ingreso y el patrimonio en una pequeña minoría acentúa la
desigualdad social, y que el ejemplo de legitimación social de la concentración
del ingreso es el llamado de billonarios, como Warren Buffet, de incrementar
sus contribuciones pero, en contraste, “ningún billonario latinoamericano
comparte públicamente esta propuesta”.
Las medidas y
proyectos que hasta el momento ha impulsado el Gobierno, como la aprehensión de
la lideresa Elba Esther Gordillo y la aprobación de la reforma en materia de
telecomunicaciones, de ninguna manera benefician directamente al estómago y a
los bolsillos de las grandes masas.
El caso de la ex
lideresa magisterial fue ampliamente aplaudido y reforzó el proceso de
legitimación de Peña Nieto, mientras que la reforma a telecomunicaciones hace
pensar que representó un duro golpe al duopolio televisivo. Pero el hecho de
que la profesora duerma tras las rejas no significa necesariamente el fin de
los liderazgos sindicales corruptos. La mejor prueba de ello es que el
dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, continúa libre y
feliz de retratarse con Peña Nieto durante el pasado aniversario de la
expropiación petrolera, consideran políticos de la oposición.
La reforma a
telecomunicaciones no será otra cosa que la redistribución de los medios de
comunicación entre otros dos o tres acaudalados empresarios. Emilio Azcárraga
podrá tener su propia empresa telefónica y Carlos Slim poseerá una cadena
nacional televisiva. El tiempo dirá si dicha reforma se dio para abrir nuevos
senderos a la democracia y/o parafraseando a Jesús Reyes Heroles: reformar para
que todo siga igual.
No hay tal intención
de acabar con los monopolios, dicen legisladores del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN). Se preguntan: ¿qué va a
pasar con los Saba y su monopolio en la distribución de medicamentos? ¿Con los
pulpos camioneros? ¿Con las cadenas de supermercados que atomizan a los
pequeños tenderos? ¿Con los dueños de Maseca que acaparan la industria de la
masa en México? ¿Con los propietarios de cadenas radiodifusoras? ¿O con Germán
Larrea, propietario de ricas minas?, y un largo etcétera, porque faltaría
espacio para desglosar el número de monopolios que prevalecen en México.
Poco o nada importa
a los grupos fácticos el problema de la pobreza que embarga a la mayoría de la
población. Una prueba de ello, dicen, se apreció dos días después de que el
presidente Peña Nieto lanzó la Cruzada Nacional Contra el Hambre. En uno de los
programas estelares de Televisa, “Tercer Grado”, que conduce Leopoldo Gómez, el
tema de la Cruzada no fue abordado, pero los panelistas sí debatieron
acaloradamente el asunto del Consejo Nacional del PAN o el caso de la francesa
Florence, pero ni por descuido hablaron del hecho de que 23 mexicanos mueren
diariamente por hambre.
Tampoco al ícono de
los empresarios en México, Carlos Slim, le preocupa incluir en sus discursos y
en sus acciones el asunto de la pobreza. Su prioridad en estos momentos se
limita a multiplicar en los medios que acaba de comprar los derechos para
transmitir en toda América Latina los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que
se realizarán en Rusia en 2014 y los de Río de Janeiro en 2016, o difundir a
través de sus voceros en la prensa que ahora va por una cadena televisora.
Esos son los
negocios que le causan desvelo al propietario del Grupo Carso, un hombre que ha
producido su riqueza en una nación donde la mitad de su población “no cuenta
con recursos para comer tres alimentos al día”, de acuerdo con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Para el investigador
del Colegio de México, Julio Boltvinik Kalinka, uno de los especialistas más
connotados en el tema de la pobreza, “algo inmoral e injusto está ocurriendo en
el mundo, porque no se logran reducir los índices”.
Asegura que cuando
los gobiernos hablan de pobreza, por lo general mienten, y que en este sentido
Vicente Fox Quesada hizo “un arte” de eso e incluso presionó al INEGI para que
durante su gobierno disminuyeran los niveles de pobreza. A Felipe Calderón,
explica, ni siquiera le interesó ese problema.
Y menciona con
ironía: “Eso fue peor, creo que en muy pocas ocasiones sostenía acuerdos con
sus titulares de la Sedesol. En cambio a Fox le preocupaba que su gobierno iba
a ser juzgado por la forma en que evolucionara la pobreza, y con trampas hizo
que las cifras bajaran”.
Pero, cómo creer al
gobierno de Peña Nieto que con la Cruzada Nacional contra el Hambre se
resolverá con eficacia el problema del hambre en México, si cuando se dio a
conocer esta medida, los legisladores de la oposición y especialistas en el
tema de la pobreza colocaron en entredicho las bondades del programa.
La diputada panista
y ex titular de la Sedesol, Beatriz Zavala, y Armando Contreras, secretario de
Alianzas y Relaciones Políticas Nacionales del CEN del PRD, coinciden al
señalar que el programa estaba orientado a fortalecer la imagen de Peña Nieto,
“a darle legitimidad a su mandato, bajo un programa clientelar, que busca la
compra del voto aprovechando la miseria de millones de mexicanos”.
Por su parte, Adolfo
Sánchez Almanza, del Centro de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó
que la Cruzada es insuficiente porque no se acompaña de medidas dirigidas a
combatir las causas de la pobreza que tienen relación “con el modelo económico
que tenemos y que genera esa pobreza”.
En reacción con las
críticas, la titular de la Sedesol, Rosario Robles, explicó que la selección de
los 400 municipios la había hecho la dependencia con base en las
recomendaciones del Coneval. Sin embargo, el director de Análisis de la Pobreza
del Coneval, Ricardo Aparicio Jiménez, puntualizó que la institución encargada
de medir la pobreza entregó al Gobierno un diagnóstico “pero no eligió los
municipios”.
En opinión de
Aparicio Jiménez, actuario y demógrafo, lo que hace falta en México para abatir
el problema de la pobreza es la instrumentación de una política fiscal
redistributiva, que comprenda, por ejemplo, “que pague más impuestos quien
cuenta con mayores ingresos”, o como sucede en naciones como Chile, donde las
transacciones en la bolsa de valores se hacen con el pago de impuestos, no como
sucede actualmente en México.
Comenta que en
México no se aplica una política redistributiva ante la oposición de expertos,
formados en el neoliberalismo, que consideran que la aplicación de una política
de ese tipo desalentaría la inversión y provocaría fuga de capitales.
Al presidente Peña
Nieto le corresponde evaluar si en el segundo periodo ordinario de sesiones del
Congreso de la Unión turnará ante los legisladores una iniciativa de reforma
fiscal que establezca las bases de una política redistributiva o si dicha
reforma se circunscribirá sólo a demandar un alza al IVA en alimentos y
medicinas.
Para la diputada del
PRD, María del Socorro Ceseñas Chapa, lo relevante es que el Ejecutivo federal,
antes de presentar una reforma que grave con IVA alimentos y medicinas, es que
transparente los esquema fiscales de privilegio que se les otorga a los
monopolios que no pagan los impuestos que debieran.
La legisladora
reprocha a la Secretaría de Hacienda la existencia de los llamados esquemas de
consolidación y privilegios fiscales, al tiempo que recuerda que en 2007 el
Gobierno perdonó casi 74 mil millones de pesos, de los 578 mil millones que
empresas de diversas ramas adeudaban, lo que equivalía a 25% de los 2 billones
260 mil pesos presupuestados para ese año. Es por eso que Ceseñas Chapa se
pronuncia por seguir el ejemplo de naciones donde los sectores con mayores
ingresos pagan un Impuesto Sobre la Renta (ISR), hasta de 50%, porque con ello
se ordenarían las contribuciones y aportaciones de quienes obtienen mayores
ingresos y así equilibrar los grandes abismos sociales.
Mientras los grandes
empresarios no contribuyan al fisco como deben y el Estado no regule el
mercado, cualquier acción para abatir el hambre no servirá. Por el contrario se
correrá el riesgo de que el comer sea un privilegio, mientras que unos cuanto
billonarios seguirán amasando sus fortunas, considera.
Además de los
diversos factores mencionados por estos expertos, también destaca el aumento de
la desigualdad social, que no solamente genera que miles de mexicanos mueran
anualmente por hambre, sino que es detonador de la violencia que lacera el
tejido social.
La violencia no es
exclusivamente la que se refiere a los grupos guerrilleros que se levantan para
combatir la injusticia social. Se presenta también cuando jóvenes pobres
prefieren enrolarse como sicarios en el mundo del narcotráfico, o cuando se
desintegra el núcleo familiar por penurias económicas y los hijos salen a las calles
a “trabajar”, y sufren rechazo e injusticias; o cuando madres de matrimonios
disfuncionales padecen acoso y sueldos paupérrimos en sus empleos, y luego
reciben agresiones de un marido atormentado por las frustraciones económicas.
Violencia se da
cuando los campesinos arriban a los centros urbanos para sobrevivir en
condiciones infrahumanas o la padecen los migrantes cuando soportan
discriminación y laboran jornadas infrahumanas, sin ninguna prestación laboral
ni social, consideran.
Ante este panorama
no queda más que brindarle el beneficio de la duda al gobierno de Peña Nieto,
que según el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, tiene el firme
“compromiso de aumentar el acceso a los derechos sociales a toda la población,
disminuir la pobreza y la desigualdad social”.
(ZOCALO/ Revista Visión Saltillo/ Redacción/
29/04/2013 - 04:05 AM)
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