Reforma
México, DF.- Las
bancadas del PAN y PRD en el Senado buscan “amarrarle” las manos al gobierno
del Presidente Enrique Peña Nieto para evitar el uso electoral de los programas
sociales.
Ambos partidos impulsan
una reforma para evitar la impunidad de los funcionarios públicos y corregir
los vacíos legales a través de medidas preventivas, correctivas y
sancionatorias.
El coordinador del
PRD, Miguel Barbosa, detalló que el proyecto de modificación al Artículo 134 de
la Constitución incluye la creación de contralorías ciudadanas, medidas legales
para separar del cargo a los funcionarios involucrados en actos ilegales –para
que puedan ser investigados– y la creación de un “modelo inhibidor” para que
las penalidades correspondan a la gravedad de cada delito.
“Actualmente, las
decisiones sobre los programas sociales vienen desde el poder y lo que buscamos
es que se consulte a los ciudadanos, que no pase lo que ocurrió con la Cruzada
contra el Hambre, donde no le preguntaron a nadie. Propondremos la creación de
cuerpos consultivos, de observatorios ciudadanos”, dijo en entrevista sobre la
iniciativa que plantearán en la primera sesión de la Comisión Permanente.
“Además, cuando se
registren las irregularidades se debe actuar en el momento y no cuando ya pasó.
Por eso pedimos la separación inmediata del cargo, porque no se puede tener una
investigación en curso con el servidor público en funciones”.
El senador
perredista incluso reveló que, en el caso de Veracruz, existen versiones en el
sentido de que los funcionarios supuestamente cesados por Sedesol –por estar
involucrados en irregularidades electorales– aún laboran en sus puestos.
“Ése es un claro
caso de impunidad y la reforma pretende no dejar espacios, lagunas o salidas.
Que se actúe, que se responsabilice a los servidores públicos para que sean
sancionados administrativa y penalmente”, señaló.
Por su parte, el
coordinador del PAN, Ernesto Cordero, llevará este lunes al Pleno del Senado
una reforma constitucional para terminar con la discrecionalidad de la
Secretaría de Desarrollo Social en el manejo de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre.
Según el proyecto, a
través de un decreto Peña Nieto dejó a consideración de la dependencia la firma
de convenios con los municipios.
Sin embargo,
explicó, es necesario que se establezcan en la Constitución las obligaciones en
materia de concurrencia de los Gobiernos federal y estatal para garantizar el derecho
a la alimentación.
“Es decir, la
concurrencia queda a discrecionalidad de la titular de la Sedesol con los
presidentes municipales, razón por la cual cabe la posibilidad de que la
incorporación y desincorporación a veces podrá ser unilateral y otras
consensuada.
“Del carácter
discrecional y administrativo gubernamental de este Decreto, da cuenta que para
este año 2013, 400 de 2 mil 547 municipios y tres de 16 demarcaciones
territoriales del Distrito Federal tienen la posibilidad de firmar su incorporación
vía acuerdo o convenio”, señala en la iniciativa.
Cordero, quien firma
la propuesta junto con el senador Francisco López Brito, afirma que la reforma
constitucional será indispensable para definir en la ley mecanismos de
supervisión y evaluación de los programas que se aplican para garantizar la
alimentación.
Los panistas también
pretenden “revivir” la iniciativa que obliga al Gobierno federal a garantizar
perfiles imparciales y profesionales de los delegados federales de la Sedesol
en todo el país.
(ZOCALO/ Reforma/ 29/04/2013 - 04:03 AM)
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