Redacción
MÉXICO, D.F.
(proceso.com.mx).- La organización Artículo 19 lamentó la manera en que las
autoridades de Veracruz han conducido la averiguación penal del asesinato de la
periodista Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en esa entidad,
ocurrido el 28 de abril de 2012.
En un comunicado
difundido esta noche, Artículo 19, organización que por más de 20 años ha
trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo,
destaca que en el caso del homicidio de Regina Martínez “estamos muy lejos de
conocer la verdad jurídica”.
El director
ejecutivo de Artículo 19 en México y Centroamérica, Darío Ramírez, detalla en
ese escrito las dudas que tienen sobre dicha investigación, entre ellas, el por
qué no se investigó el trabajo periodístico de Regina Martínez, el por qué la
fiscal del caso no esperó los resultados de la investigación que abrió la PGR sobre
la posible tortura a que fue sometido Jorge Hernández Silva, El Silva, quien
fue sentenciado a 38 años de prisión y por qué, sin existir una sola prueba
científica que coloque a El Silva en el lugar y momento del asesinato se le
acabó inculpando.
A continuación se
reproduce de manera íntegra el comunicado de Artículo 19.
Las sospechas sobre
la efectividad de las investigaciones a cargo de las autoridades veracruzanas
finalmente fueron confirmadas. En el marco del primer aniversario del asesinato
de la periodista Regina Martínez, el Juzgado Tercero de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz emitió una sentencia que desecha el
posible vínculo de los hechos con el ejercicio periodístico de la víctima. De
esa forma y como en otros casos de periodistas asesinados en Veracruz, las
autoridades estatales se empeñan en vincular los hechos con delincuencia común
y asuntos de índole personal.
Durante la
administración del gobernador Javier Duarte, han sido asesinados en Veracruz 9
periodistas, teniendo su profesión como el posible móvil de los hechos. Sin
embargo la evidencia apunta a lo contrario, Veracruz es hoy una de las zonas
más peligrosas para ejercer el periodismo en el mundo.
“Lamentamos la
decisión y la manera en la que fue conducido todo el proceso penal en el caso
de Regina Martínez”, asegura el director ejecutivo de ARTICLE 19 en México y
Centroamérica, Darío Ramírez.
“Nuestras sospechas
se fundan en la opacidad con la que se manejo el proceso, así como el desaseo
con la que fueron omitidas o evaluadas pruebas potencialmente determinantes
aportadas por los coadyuvantes de la investigación. Estamos muy lejos de
conocer la verdad jurídica del asesinato de Regina Martínez a pesar de la
sentencia emitida recientemente”, puntualiza Darío Ramírez.
Es importante
destacar que la jueza Beatriz Rivera Hernández, adscrita al Juzgado Tercero de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, es quien en 2011 sujetó a
proceso y determinó prisión preventiva contra dos tuiteros que difundieron
información sobre supuestos hechos delictivos, considerándolos probables
responsables del delito de terrorismo equiparado y sabotaje. La jueza Rivera Hernández
ha demostrado desde entonces su cercanía con el gobierno de Javier Duarte y su
desdén por la protección del derecho a la libertad de expresión.
De manera puntual y
tomando en cuenta los estándares establecidos en la Declaración Conjunta de los
Relatores de 2012 sobre los delitos en contra de la libre expresión, ARTICLE 19
plantea las siguientes 4 dudas:
•La revista Proceso, como coadyuvante de la
investigación, ofreció todos los trabajos periodísticos de Regina Martínez
publicados en ese medio y su agencia de noticias entre 2011 y 2012, los cuales
fueron incluidos en el expediente de la averiguación previa. ¿Por qué esta
información no fue debidamente investigada por la Procuraduría veracruzana?
•Jorge Antonio Hernández Silva, el ahora sentenciado por
el asesinato de Martínez, argumentó que la confesión hizo fue producto de
presiones, amenazas y tortura. La Fiscalía Especial para Delitos en contra de
la Libertad de Expresión de la PGR, en tanto coadyuvante de la investigación,
aplicó el Protocolo de Estambul a Silva como dicta la legislación nacional e
internacional en estos casos. ¿Por qué la Jueza decidió no esperar los
resultados antes de dictar la sentencia?
•No existe una sola prueba científica que coloque a
Hernández Silva en el lugar y momento del asesinato. De las 8 huellas
dactilares extraídas de la escena del crimen, ninguna corresponde a Hernández
Silva.
•Durante el curso de las investigaciones fue patente
la pretensión de las autoridades veracruzanas de “litigar” el caso de Regina
Martínez en los medios de comunicación, con filtraciones interesadas de
información difamatoria, así como con campañas en las redes sociales a través
de usuarios falsos.
(PROCESO/ Redacción/16 de abril de 2013)
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