Redacción
MÉXICO, D.F.
(proceso.com.mx).- El semanario Proceso informa a la opinión pública que a raíz
de la cobertura periodística y la coadyuvancia en las investigaciones
ministeriales llevadas a cabo por nuestro reportero Jorge Carrasco Araizaga en
el caso del asesinato de nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez
Pérez, hemos recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y
ex funcionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal
del periodista.
Desde el pasado
domingo por la noche, Proceso empezó a recibir informes acerca de una reunión
entre ex funcionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y de la
Procuraduría veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra
del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de
Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14.
La cita habría
tenido lugar en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, con la pretensión de
ordenar la búsqueda de información personal del periodista en todas las bases
de datos nacionales, además de dar con su paradero. Este semanario pudo
averiguar que en esa reunión se acordó el traslado de agentes del gobierno
veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y
Querétaro, para recabar datos relativos al periodista.
Este martes 16, la
información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó
una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión
de hacerle daño en caso de que se resista.
Los asistentes a
dicha reunión, según este informe, fueron enfáticos en “tener cuidado con las
cámaras” de seguridad pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se
encuentra “gente” del estado de Veracruz.
La Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la
Secretaría de Gobernación fueron puestas al tanto por este semanario de todos
los detalles relativos a esas juntas y sus supuestos participantes. Desde la
noche del lunes, estas autoridades activaron el mecanismo de protección a
periodistas en favor del reportero.
Proceso
responsabiliza al gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión que
pudieran sufrir a partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia,
el actual corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el
personal que colabora con este semanario en todo el país.
En el curso de hoy
martes, tanto el gobernador Javier Duarte como el mayor José Nabor Nava
Holguín, subsecretario de Seguridad Pública del estado, y Mario Delfín,
director de la Agencia Veracruzana de Investigación, negaron de manera tajante
haber tomado parte en las reuniones mencionadas y de las amenazas vertidas en
ellas.
En declaraciones a
Proceso, el mandatario y sus colaboradores se comprometieron explícitamente a
respetar el trabajo periodístico de la revista, de sus reporteros y del
corresponsal con sede en Xalapa, Noé Zavaleta. Duarte, adicionalmente, se
comprometió a que habría un respeto absoluto a la integridad física de Jorge
Carrasco.
(PROCESO/ Redacción/ 16 de abril de 2013)
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