Elba Esther Gordillo ostentó su desmesurada riqueza
inexplicable durante cuatro sexenios. Sin pudor exhibió propiedades inmuebles,
joyas y ropa costosas. Contra lo que presume el gobierno de Enrique Peña Nieto,
la investigación en la que se basó su consignación data de tiempo atrás. El
gobierno de Felipe Calderón, en una complicidad evidente, simplemente no quiso
actuar contra ella.
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- El gobierno de Felipe Calderón tuvo la información y no actuó. Por
lo menos desde 2010 se reportaron “movimientos inusuales” en las cuentas
personales y de las empresas en las que se depositaban recursos del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El principal nombre que sale a
relucir en esas operaciones es el de Elba Esther Gordillo Morales, pero no el
único. También está el del nuevo dirigente del sindicato, Juan Díaz de la
Torre.
La información de
las triangulaciones con el dinero del sindicato pasó por la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda cuando el titular de
esta dependencia federal era el ahora coordinador del PAN en el Senado y presidente
de esa Cámara, Ernesto Cordero Arroyo.
El gobierno Enrique
Peña Nieto no descubrió nada nuevo, tomó la información ya existente y fue
implacable contra la maestra: La acusó de dirigir “una organización criminal
dedicada al lavado de activos del SNTE”. Así la presentó la Procuraduría
General de la República (PGR) ante la justicia federal y le enderezó dos
delitos graves: Delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita “en agravio de la sociedad, la seguridad pública, la economía
nacional y el sistema financiero”, según el pliego de consignación, al que este
semanario tuvo acceso.
Con esos cargos, el
procurador Jesús Murillo Karam pide una pena que amenaza con tenerla en prisión
lo que le resta de vida. De 68 años, Gordillo tendrá que desacreditar las
acusaciones que se sancionan con 20 a 40 años de prisión, más una mitad por su
condición de servidora pública.
La UIF presentó en
la PGR una demanda al identificar operaciones ilegales con recursos del SNTE
por 3 mil 268 millones 339 mil 918 pesos con 60 centavos entre 2008 y 2012,
prácticamente durante todo el sexenio de Felipe Calderón; aunque en la
consignación la procuraduría aseguró que hubo operaciones dentro del sistema
financiero para distraer de sus fines lícitos recursos por cantidades iguales o
superiores a los dos mil 466 millones 631 mil 710 pesos con 10 centavos.
En su demanda penal
la UIF no incluyó a Gordillo y se limitó a señalar a los profesores Isaías
Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores y a Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, a
quienes acusa de recibir los recursos de dos cuentas del SNTE para depositarlos
en otras, personales y de empresas.
La PGR fue la que
decidió responsabilizar a Gordillo de ambos delitos al considerar que no sólo
conoció las operaciones sino que fue directamente beneficiada. Incluso le
adjudica haber dirigido una actuación delictiva como parte de una organización
jerárquica.
La UIF denunció que
las dos cuentas del SNTE utilizadas para las operaciones fueron la
5637017000001663 y la 5637017000003616, abiertas en Banco Santander. Ambas
acumulan 77% de las operaciones investigadas, equivalente a mil 976 millones
393 mil 241 pesos con 73 centavos.
La cifra es apenas
una mínima parte de lo que se manejó en esas cuentas entre 2009 y 2012: Registraron
ingresos por 30 mil 644 millones 780 mil 959 pesos con 20 centavos y retiros
por 30 mil 650 millones 107 mil 30 con 84 centavos.
También Díaz de la Torre
El nombre de Elba
Esther Gordillo Morales no es el único que aparece en el entramado para desviar
los recursos. En una de las cuentas que sirvieron para la triangulación de
fondos, la 5637017000001663, uno de los responsables de su manejo es el nuevo
presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre.
Designado dirigente
del sindicato la madrugada del 28 de febrero, en medio de la crisis por la
aprehensión, dos días antes, de la maestra, Díaz de la Torre es uno de los
responsables de esa cuenta abierta por el SNTE en el banco Santander el 29 de
enero de 1990.
De acuerdo con el
pliego de consignación de la PGR, el nuevo presidente del SNTE es desde
entonces responsable de la cuenta junto con otros dos de los hombres de
confianza de Gordillo, su exsecretario general en el sindicato, Rafael Ochoa
Guzmán y su exesposo Francisco Arriola Urbina, padre de la senadora del Partido
Nueva Alianza (Panal) Mónica Tzasna Arriola Gordillo.
Inicialmente también
estaban autorizados José Ángel Ibáñez Montes y María San Juana Cerda. Pero el
27 de abril de 2009 la propia Elba Esther les retiró ese privilegio. En un
escrito, la entonces presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE solicitó
al ejecutivo de cuenta de Banca de Instituciones Zona Metropolitana Santander
registrar sólo las firmas de Arriola Urbina, Ochoa Guzmán y Díaz de la Torre.
De esa cuenta se
desviaron al menos mil 341 millones de pesos, por lo que los movimientos que
registró entre 2009 y 2012 forman parte de la información que la PGR le entregó
a la justicia federal para acusar a Elba Esther Gordillo Morales, Isaías
Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez de
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Uno de los bancos
que reportó “movimientos inusuales” en las cuentas del entramado fue CI Banco.
Según la consignación ante el juez Sexto en Materia de Procesos Penales
Federales, Alejandro Caballero Vértiz, esa institución emitió reportes
inusuales de las cuentas abiertas por Gremio Inmobiliario El Provisor (GIP) y
Asistencia Empresarial San Ángel SA de CV, dos de las firmas creadas para las transferencias
del dinero del SNTE.
Los reportes
corresponden a movimientos inusuales realizados sólo en ese banco entre 2010 y
abril de 2011 en las cuentas que abrieron José Manuel Díaz Flores e Isaías
Gallardo Chávez. La PGR también entregó “reportes de análisis de operaciones”
de una de las cuentas abiertas por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez en banco
Santander.
Exfuncionarios de la
PGR y de la UIF aseguran a Proceso que las operaciones inusuales son reportadas
de inmediato por las instituciones bancarias a la propia Unidad de Inteligencia
Financiera, por lo que la información sobre los movimientos con los recursos
del SNTE debieron ser conocidos en su momento por Hacienda o la propia PGR. “La
información se pudo quedar desde entonces en la UIF o en la PGR”, dicen.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en
Proceso 1896, ya en circulación)
(PROCESO/ Jorge Carrasco Araizaga/ 2 de marzo de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario