CONFESOS LIBERADOS

La opacidad y negligencia en el proceder de las autoridades, deja como consecuencia la exhibición de las víctimas a su suerte.

 

ZETA Ezenario

Después de haber pasado por un largo proceso criminal, aunado al desgaste físico, emocional y económico que dejó secuelas en sus vidas y la de sus familias, víctimas de delitos enfrentan ahora otra angustia: sus agresores fueron liberados por “irregularidades” en los procesos legales.

De acuerdo al acta de averiguación previa 2384/10/202/AP, José Luis Castellón Castillo, de 49 años, fue acusado en enero de 2011 de violación equiparada agravada y abuso sexual en contra de una menor de edad.

María Isabel Beltrán apoyó a su hija a levantar una denuncia en contra de quien fuera su pareja sentimental ante la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales. Según declaraciones de la menor, asentadas en la causa penal número 0706/2010, el padrastro abusó de ella sexualmente infinidad de veces, desde que tenía 11 años (actualmente tiene 18). Lo hacía cuando su mamá no estaba, o estaba ocupada.

La joven se hartó cuando su madre empezó a hablar cosas positivas de su pareja ante sus hermanas y ella. Decía que José Luis había sido un buen padrastro, que siempre las había respetado  y que bien pudiera “haberse conseguido una pareja que las hubiera maltratado o abusado de ellas”; fue entonces cuando la menor confesó que su agresor le había faltado al respeto.

El sábado 20 de noviembre de 2010, la joven confesó o a su madre que desde que contaba con 11 años, José Luis le había empezado a tocar su cuerpo, sus senos y piernas, al poco tiempo abusó sexualmente de ella, cuando sus hermanos y ella acudían a casa de su victimario los fines de semana.

Según declaraciones de la joven, la última vez que se abusó de ella, fue seis meses antes de la denuncia. Contaba con 17 años.

María Isabel le preguntó a su hija el motivo por el cual no le había dicho nada, contestándole que no quería hacerle daño, ya que al enterarse de lo que José Luis le hacía, no le fuera a creer, pensando que lo iba a preferir a él como pareja, que a ella como hija.

El certificado ginecológico dictaminó que la menor “no estaba embarazada clínicamente, no presentaba signos de contagio venéreo y no presentaba lesión anal. El himen se encontraba no íntegro, el desgarro es: no es reciente. Sí presenta lesiones extra-para-genitales”.

El dictamen en materia psicológica concluyó que la menor presentaba afectación emocional en relación específica con los hechos referidos, generándole un cuadro depresivo.

El 14 de enero de 2011, al agresor se le dictó auto de formal prisión como probable responsable de los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual. La Juez Segundo de lo Penal, María de Jesús López, dictó que José Luis Castellón Castillo era penalmente responsable de la comisión del delito de violación y abuso. La sanción: 16 años, ocho meses de pena privativa de la libertad, y una multa de 220 días (9 mil 952.80 pesos).

Sin embargo, el acusado apeló la sentencia y sorpresivamente, el licenciado Carlos Castaño González, magistrado de la Quinta Sala, lo liberó.

Tanto la víctima como la familia se encuentran preocupados por la liberación del agresor, por lo que solicitaron una explicación pública de lo ocurrido en el caso.

ZETA requirió información de la causa penal ante la Procuraduría de General de Justicia en el Estado (PGJE), siendo la respuesta oficial por parte control de procesos:

“En agosto de 2012, se dictó sentencia de 16 años de prisión a José Luis Castellón Castillo, el indiciado apeló el caso ante el Tribunal Superior de Justicia que lo dejó en libertad. La PGJE va a recibir las constancias para revisar el sentido de la resolución porque apenas Control de Procesos fue notificado”.

Otro caso donde la autoridad ha actuado con negligencia, es el del joven Juan Carlos Guzmán Gálvez -causa penal 893/2009-, quien en enero de 2011 fue privado de su libertad y golpeado con tal saña, que perdió la movilidad del dedo índice de su mano izquierda. El agresor, Diego Alberto López Sosa, de 25 años, fue señalado e identificado plenamente, pero la autoridad actuó con opacidad y lo detuvo varios meses después.

Cuando ocurrieron los hechos, Guzmán Gálvez ya no sabía a quien acudir, se sentía ignorado por la PGJE, ya que supuestamente no se podía ejecutar una orden de aprehensión porque la Procuraduría no ubicaba al victimario.

“Mi desesperación ha llegado a tal grado, que yo podría llevar a los ministeriales para que detengan a Diego, sé su domicilio personal, el de su madre y otros familiares, pero la autoridad no lo encuentra por ningún lado. Es vergonzoso”, aseguró.

La historia delincuencial de Diego Alberto no es un secreto, en noviembre de 2010 fue detenido junto con Bardo Garzón Tejeda por asaltar a una familia en su propio hogar, pero fueron detenidos con la ayuda de los propios afectados.

“A inicios de 2011 Diego me habló por teléfono para que lo acompañara a un mandado, la verdad no quería, pero fue tanta su insistencia que un día no me quedó de otra que acompañarlo, era el 11 de enero”, relató.

El agraviado acompañó al delincuente, pero como andaba “muy cansado”, le cedió las llaves de su camioneta Durango para que la condujera.

“Diego le dio rumbo a La Presa y se dirigió a un callejón muy oscuro, pero como yo no sospechaba nada, me quedé callado, luego de unos minutos me pareció sospechoso su comportamiento, pues detuvo la marcha del vehículo y comenzó a hablar por teléfono, lo hizo en dos ocasiones. De pronto un sujeto, que después me enteré que era amigo de Diego, de nombre David, me puso una navaja en el cuello y me bajó de la camioneta. Me comenzó a golpear con tanta saña, que yo esperaba que Diego me defendiera, cuando de pronto escucho su voz y también comienza a golpearme, hasta con piedras; entre los dos acordaron matarme, pues ya se les había pasado la mano. De pronto David me dejó caer una roca enorme sobre mi cabeza yo alcancé a meter la mano y me quebró el dedo índice, dejándomelo sin movilidad. Al ver que no me rendía y seguía manoteando, me pusieron una bolsa en la cabeza, me ataron de pies y manos y me subieron a mi camioneta, me robaron de mi cartera con 200 dólares y mil pesos”, refirió el afectado.

Transcurridos tres meses y después de dos operaciones en la mano y rostro, Guzmán acudió ante las autoridades para saber cómo iba su caso, llevándose una gran sorpresa: no había ningún reporte del suceso, pese a que la noticia fue cubierta y publicada por los medios de comunicación.

El 28 de agosto de 2012 se detuvo formalmente a López Sosa, bajo los delitos de privación ilegal de la libertad y robo con violencia, pero pocos fueron los meses que estuvo preso y, a finales de diciembre, salió en libertad.

“Yo estaba muy confiado en que Diego Alberto estuviera preso, aunque jamás hubo una reparación del daño, me conformaba con que estuviera detenido; pero hace poco me habló un amigo para decirme que había visto a Diego en su casa, con su familia. No podía creerlo”, expresó el entrevistado, quien aterrado, acudió ante las autoridades, específicamente con Bárbara Ojeda, encargada de Ministerios Públicos Adscritos a los Juzgados, quien  le confesó que por negligencias y omisiones en el proceso, el agresor había quedado en libertad.

“Es una burla lo que me hicieron, el Ministerio Público no hizo bien su trabajo, no actúo como debería y ahora me siento atemorizado. No hubo reparación del daño, que ascendía a cerca de 40 mil pesos, porque estas facturas no llegaron a mano es del Juez, por eso el Juez Primero de lo Penal, Francisco Molina, le dio la libertad a mi agresor”, precisó Guzmán Gálvez.

La opacidad y negligencia en el proceder de las autoridades, deja como consecuencia la exposición de las víctimas a su suerte, y ahora, temen por sus vidas.

(ZETA Ezenario/ febrero 11, 2013)