EL GRAN RETO DE PEÑA NIETO

Dice Edgardo Buscaglia:

“El gran error del ex presidente Felipe Calderón no fue declarar la guerra a algunos grupos criminales, sino el no haber atacado los sistemas patrimoniales y financieros del crimen organizado que, con sus bolsillos intactos, continuaron sus operaciones violentas al tiempo que corrompían y sobornaban todos los niveles políticos y administrativos del estado”.

Miguel Ángel Vera

Ahora que Enrique Peña Nieto llega al poder —añade—, su gran reto es desmantelar esas redes patrimoniales y financieras, pero además identificar a la clase política que haya hecho pactos con narcotraficantes y así acabar con las redes de corrupción que existen en ese territorio.

Pero advierte:

“No obstante, la situación es más complicada de lo que en teoría parece, y aquí entra otra virtud de la clase política: negociar por la paz”.

Experto en temas de narcotráfico, seguridad y crimen organizado en el mundo, observa que mientras el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identifica y congela bienes patrimoniales y redes financieras de capos como Ismael el Mayo Zambada, Juan José Esparragoza Moreno el Azul, y familiares de Joaquín el Chapo Guzmán, el Gobierno de México deja operar a sus “empresas lícitas como si nada”, además de permitirles sus patrimonios, lo cual representa una gran omisión.

Buscaglia precisa que las redes financieras no solo las componen narcotraficantes, sino también políticos, empresarios, incluso, instituciones bancarias, como fue el caso de HSBC, que de 2007 al 2008 facilitó el lavado de dinero de unos siete mil millones de dólares procedentes de las ganancias del narcotráfico mexicano.

“Eso por una parte, además están las redes patrimoniales que los grandes capos poseen, y que son desde propiedades, hasta negocios, cuentas bancarias; ahí no se ha tocado a los grupos criminales, especialmente a los de Sinaloa”, sostuvo el analista.

El estado mexicano, fraccionado

De acuerdo con Buscaglia, el poder y el alcance de los grupos de narcotraficantes es tan poderoso que de ser grupos que se sometían al Gobierno, con las transiciones políticas del PRI al PAN, el Estado mexicano se fraccionó y fueron entonces los grupos criminales quienes gestionaron y capturaron al Estado.

“Fue cuando se invirtieron las reglas del juego; antes era la delincuencia organizada la que era gestionada, pero sucedió después que cada grupo criminal se adueño de cada parte del Estado, y ahora es el crimen organizado quien compite para que (el Estado) le opere a un grupo o a otro, convirtiendo al Gobierno mexicano en un rompecabezas en donde cada organización compite por un pedazo para consolidar rutas de tráfico y el mercado de actividades ilícitas”, comenta Buscaglia, quien al momento de ser entrevistado por Ríodoce, se encontraba en Italia dictando conferencias.

Añadió que las organizaciones criminales se consolidaban a través de miles de empresas legales con la cuales opera la delincuencia organizada para autofinanciarse sus operaciones, mismas que no han sido reprimidas.

“El Gobierno mexicano se ha enfocado en ir tras los capos, sin tocar sus bienes patrimoniales, lo que ha hecho que esos grupos es aplicar más dinero a su estrategia de corrupción para defenderse de los ataques del mismo Gobierno”, insistió Buscaglia.

Cártel de Sinaloa, el más protegido

Si bien es cierto, existen organizaciones delictivas que surgieron desde que el PAN arribó al poder, la Federación de Sinaloa fue la que más se consolidó en ese tiempo, y por tanto fue el grupo que más logró infiltrar no solo en los diferentes niveles de Gobierno, sino también en el terreno político y empresarial de todo el país.

“La prueba de ello está en la fallida estrategia de Calderón, que se dedicó a combatir con fiereza a adversarios (del cártel de Sinaloa), y a políticos que apoyaban a estos otros grupos criminales, lo cual significa que el Estado fue alcanzado en la mayor parte de sus fragmentos por el grupo sinaloense”, observó Buscaglia, quien es Investigador Principal de Columbia, en Nueva York.

Ejemplifica: “La detención de un funcionario que apoyaba a grupos adversarios del cártel de Sinaloa, demuestra que la Federación sinaloense fue la que más beneficios tuvo durante las administraciones panistas.

No obstante, en opinión de Buscaglia, cayeron varios capos con Calderón, incluso del grupo de Sinaloa, el desmantelamiento real (que eran las redes financieras y patrimoniales), nunca ocurrió, y es aquí donde la estrategia de Peña Nieto va a tener que basarse, de lo contrario la violencia va a continuar como ocurre en algunos estados, en donde los capos son tan poderosos que permean al Estado, lo cual trae como consecuencia que la gente considere andar armada para defenderse.

“Lo primero que tiene que hacer la nueva administración es desmantelar esas redes, pero también mostrar que habrá una consecuencia penal contra funcionarios y políticos corruptos, aunque por ahora no se ve que Peña Nieto se vaya a enfocar en encabezar una política de esa magnitud”, consideró Buscaglia.

La clase política, el enfoque

El analista señaló que en Brasil, el expresidente Lula Da Silva, y la actual presidente Dilma Rousseff, han encabezado una limpia encarnizada contra funcionarios corruptos, puesto que han permitido que 38 de los políticos más poderosos de ese país sean procesados, incluso, veinte ya han sido sentenciados, entre ellos uno de los colaboradores más cercanos a Lula.

“Eso en México ni siquiera ha empezado, y por ahí debe de arrancar la estrategia de Peña Nieto, y mientras no se vea un procesamiento penal de los políticos de más alto poder, sean de Sinaloa o de donde sean, la estrategia de control territorial de Peña Nieto no va a funcionar”.

Ante tal situación, el también doctor en Jurisprudencia y Política Social por las universidades de Illinois y Berkeley, consideró que la administración de Peña Nieto opte mejor por atacar únicamente a los grupos que causen más problemas a la sociedad, o que atenten contra ella.

“Esto no quiere decir que van a dejar de perseguir a los grupos que no estén bendecidos, sino que se van a enfocar en los grupos que generen más violencia; en esa medida el Estado va a tratar de detenerlos, que es como ocurre en países desarrollados como Alemania”, observó Buscaglia.

Estados Unidos, el gran patrón

Para Buscaglia, Estados Unidos no dicta precisamente las estrategias contra del crimen organizado que encabeza México, pero en la mayoría de los casos sí influye en las decisiones que se toman en el gabinete de este país.

El investigador toma como ejemplo el caso del general Augusto Moisés García Ochoa, que al momento de que se le señalaba como fuerte candidato para ocupar la Secretaría de la Defensa, el embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, se entrevistó con asesores de Peña Nieto para decirles que García Ochoa “no podía ser secretario debido a una serie de sospechas que tenían respecto a sus nexos con el crimen organizado”.

“Eso es una intromisión directa, y casos como esos son muchos y han sucedido durante años, y de esa forma Estados Unidos dicta o presiona para que se hagan las cosas como les parece, que va desde la captura de ciertos cabecillas del crimen organizado o bien, en la designación de un personaje para el gabinete, por lo tanto, hay una intromisión directa, a veces para bien, y otras para mal”, observó.

No obstante, aclaró Buscaglia, no siempre la presión de Estados Unidos logra su objetivo, como fue el caso de la ex procuradora Marisela Morales, que al país del norte le hubiera encantado que ella continuara su labor como procuradora porque se entendían muy bien, pero finalmente se dio el cambio”.

EU no negocia con narcotraficantes

Luego de los escándalos generados por las “condenas suaves” con que Estados Unidos castiga a narcotraficantes de alto nivel que son extraditados desde México, Buscaglia consideró que la “negociación” no se da como tal, sino que aprovecha los procedimientos penales que ellos tienen para otorgarles beneficios durante el juicio.

“Ello se traduce en condenas menos severas, y no el resultado de una negociación corrupta”, observó.

Estos “acuerdos”, se dan una vez que el acusado acepta cooperar con las autoridades de ese país y accede a entregar a elementos de su organización, o bien, mediante estrategias de infiltración de agentes dentro de una organización para poder neutralizarla.

Por eso cuando saltan estos casos, parecería que Estados Unidos coopera con un grupo, sino que es el resultado de condenas menos severas, o bien otorgamiento de estatus de testigo protegido, o de testigo colaborador, todo ello da como resultado beneficios procesales, penas menores, siempre y cuando otorgue material de importancia para desmantelar a una organización”.

(RIODOCE.COM.MX/Miguel Ángel Vega/  febrero 10, 2013)