Tras meses de agravios y sinsabores por la negligencia
de las autoridades estatales, los pobladores de los municipios de La Montaña,
la Zona Norte y la región Centro de Guerrero constituyeron sus propios
movimientos de defensa civil y arremetieron contra las bandas delincuenciales
que operan en ese entorno. El detonante fue el secuestro de Eusebio Alberto
García, comisario de Rancho Nuevo en Ayutla, la mañana del sábado 5 de enero.
Ahí, en esa localidad enclavada en la Costa Chica –donde la justicia no llega–, se activó el alzamiento civil.
Ezequiel Flores Contreras
CHILPANCINGO, GRO.-
Las regiones de La Montaña, Norte y Centro del estado de Guerrero están unidas
por un factor: el hartazgo por la creciente violencia en sus localidades y la
permanente inacción de las autoridades –e incluso su presunta complicidad– ante
la delincuencia.
El secuestro de un
comisario municipal el sábado 5 de enero y las constantes extorsiones en la
región de la Costa Chica, sobre todo en Ayutla de los Libres y Tecoanapa,
movieron a los lugareños a empuñar rifles, pistolas y machetes para enfrentar
de manera directa a las bandas criminales que operan en la región. La comunidad
decidió desplazar a las autoridades, emprendió una cacería de delincuentes y
tomó la justicia en sus manos.
Hasta el cierre de
esta edición los integrantes del Movimiento Ciudadano Contra la Delincuencia de
Ayutla tenían a más de una treintena de presuntos criminales en diversas casas
de seguridad habilitadas por ellos mismos donde los juzgarán, dicen, según los
usos y costumbres de los pueblos de la región.
El jueves 17, en la
Zona Norte, habitantes de los municipios de Iguala y Teloloapan también tomaron
las armas y se cubrieron el rostro con capuchas. Tras instalar un retén sobre
la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura del poblado de
Ahuehuepan, expresaron su desesperación por los secuestros y extorsiones que
comenten bandas criminales sin que nadie las detenga.
Fuentes oficiales
aseguran a Proceso que los delincuentes suelen exigir cuotas de cinco millones
de pesos a los productores de mango de esa zona –que se disputan La Familia
Michoacana y Guerreros Unidos– para dejarlos trabajar.
Cuatro días después,
el secuestro y asesinato del hijo del dueño de una ladrillera fue el detonante
para el alzamiento de indígenas nahuas del municipio de Tixtla, en la región
Centro. Desde entonces mantienen controladas las poblaciones de Atliaca y
Acatempa.
La madrugada del
martes 22, en el momento más candente, dos jóvenes que viajaban en una unidad
de transporte público fueron detenidos en uno de los retenes civiles. Uno de
ellos fue asesinado a tiros; el otro fue entregado a las autoridades
ministeriales.
Los habitantes de
Ayutla de los Libres y las otras regiones padecen por igual la violencia de los
caciques y bandas criminales que se disputan esos espacios políticos y el
control de la producción, venta y trasiego de drogas.
La pugna entre
sicarios de las organizaciones rivales ha dejado una estela de políticos
asesinados, algunos de ellos incluso han sido exhibidos por sus presuntos nexos
con el narco. La situación se exacerbó a raíz del descabezamiento, en 2009, del
cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cuya estructura criminal controlaba la
entidad e incluso tenía compradas a autoridades civiles y castrenses en los
estados de Guerrero y Morelos.
La caída de la
estructura de los Beltrán Leyva provocó que sus células locales, sintiéndose
desamparadas, recurrieran al secuestro y la extorsión como principal fuente de
ingresos.
En los últimos dos
años representantes de sectores productivos han denunciado la indiscriminada
ola de secuestros y extorsiones en las áreas urbanas y rurales de la entidad.
Esa situación,
señalan las cámaras empresariales, ha colapsado la economía en las principales
ciudades guerrerenses. Acapulco, afirman, es el ejemplo de la crisis política,
financiera y de inseguridad que hunde al estado.
El gobierno de Ángel
Aguirre Rivero ha sido omiso e indolente frente a las demandas. Admite incluso
que las estrategias de seguridad aplicadas desde la administración de Felipe
Calderón, en particular la Operación Guerrero Seguro (OGS), simplemente no
detienen la narcoviolencia, pese a que soldados, marinos y policías de los tres
niveles están presentes en las principales ciudades de las siete regiones
guerrerenses.
Primer alzamiento
En las principales
ciudades de la entidad la población expresa su malestar con marchas y protestas
pacíficas y denuncias públicas, aun cuando la mayoría no son atendidas. Pero en
las zonas rurales, donde los vínculos son más estrechos, la comunidad comienza
a desplazar a las autoridades y a expulsar a los criminales con sus propios
recursos.
El primer alzamiento
civil data de mediados de 2012, cuando habitantes de los municipios de
Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán y Cualac, en la región de La Montaña, cansados de
los secuestros y extorsiones indiscriminados tomaron las armas y confrontaron a
los delincuentes. El movimiento de autodefensa se extendió a Olinalá, otro
municipio de la misma zona.
El gobierno estatal
reaccionó de inmediato. Envió soldados y marinos para resguardar el entorno;
incluso repartió despensas y prebendas en las comunidades, pero no atendió los
reclamos ciudadanos que señalaban a las autoridades locales de tener presuntos
nexos con la delincuencia.
Los conflictos se
extendieron en la Costa Chica, la Zona Norte y la región Centro. En Ayutla de
los Libres y la comunidad indígena de Atliaca, municipio de Tixtla, donde dos
transportistas fueron asesinados. Ahí, dicen los pobladores, la justicia
simplemente no llega.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso
1891, ya en circulación)
(PROCESO/ Ezequiel Flores Contreras /
26 de enero de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario