Reforma/ Especial
México, DF.- Al
menos 100 comunidades de 20 municipios de Guerrero han decidido hacer justicia
por su propia mano, en una estrategia de autodefensa que la semana pasada
provocó la muerte de un presunto delincuente.
Ante la ascendente
ola de violencia en la región, cada vez más comunidades se declaran en
autodefensa y, armados, impiden el acceso a sus localidades para protegerse de
la delincuencia organizada.
El fenómeno no es
nuevo en Guerrero: en el marco de las campañas electorales de 2012, los
habitantes de los municipios de Huamuxtitlán, Cualác y Xochihuehuetlán
rescataron a 18 personas que habían sido plagiadas casi de forma simultánea,
uno de ellos candidato priísta a presidente municipal. Los pobladores
retuvieron al Alcalde de Huamaxtitlán, acusado de tener nexos con el crimen
organizado, desarmaron a los cuerpos policiacos e incendiaron patrullas. Tres
de los presuntos plagiarios fueron salvados por elementos del Ejército cuando
la comunidad los iba a linchar.
En diciembre, 30 comunidades
del municipio de Olinalá constituyeron un cuerpo policiaco para defenderse de
las bandas de delincuentes y se integraron a la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC), cuyo sistema de justicia emplea el concepto de
“reeducación” de los delincuentes.
La toma de protesta
de los nuevos policías se realizó en el marco de la ceremonia por el 38
aniversario de la muerte del guerrillero Lucio Cabañas.
En 1995, habitantes
de la Costa Chica y la Montaña fundaron la Policía Comunitaria, que protege hoy
a 77 comunidades de 12 municipios.
Este año el fenómeno
se ha agudizado: el 5 de enero, pobladores de Ayutla de los Libres y Tecoanapa,
en la Costa Chica, montaron retenes en las vías de acceso a sus pueblos y se
presentaron como policías comunitarios que ejercían esta acción ante la falta
de garantías de protección por parte del Gobierno estatal.
Desde ese día los
vigilantes, auspiciados por la Unión de Pueblos Organizados del Estado de
Guerrero (UPOEG), han montado operativos contra la delincuencia, establecieron
un toque de queda y suspendieron las clases en más de 30 escuelas, advirtiendo
que regresarán a la normalidad hasta que se erradique la presencia del crimen
organizado. Han detenido a más de 40 supuestos delincuentes.
Al menos 300
elementos del Ejército y de las policías Federal y Estatal arribaron al
municipio para vigilar de manera conjunta con los pobladores armados.
Habitantes de
Tonalapa, Coatepec, Tixtla y Ahuehuepan también instalaron retenes en la
región. En este último ya surgió un grupo autodenominado Movimiento
Revolucionario de Pueblos Unidos.
A la estrategia
implementada por la Policía Comunitaria se han unido en los últimos días
pobladores de las cabeceras municipales de San Marcos, Florencio Villarreal,
Copala, Cualác y Cuautepec.
En Atliaca,
municipio de Tixtla, la madrugada del 22 de enero un presunto delincuente fue
muerto a tiros por el grupo de pobladores que asumió su autodefensa.
El 21 de enero el
Gobierno de Guerrero entregó patrullas, uniformes y dinero para balas a un
representante de la CRAC. El coordinador regional de la organización, Pablo
Guzmán Hernández, señaló que a algunos de sus miembros nos les agrada la
legitimación del Gobierno.
LINCHAMIENTOS
La estrategia de
autodefensa no es nueva en el país ni exclusiva de Guerrero.
Tan sólo en los
últimos cinco años, expresiones de esta naturaleza se han dado en Hidalgo,
Puebla, Jalisco e incluso en la Ciudad de México y su zona metropolitana.
En Hidalgo, a
finales del 2008, los indígenas del Valle del Mezquital asumieron su propio
resguardo y crearon una policía comunitaria en Ixmiquilpan, con la que además
de perseguir a los presuntos delincuentes, determinan el castigo y la forma de
reparación del daño.
Un caso emblemático
es Cherán, Michoacán, donde sus habitantes sufrieron durante años el acoso de
los talamontes hasta que, en abril de 2011, un grupo de mujeres decidió
enfrentarlos. La comunidad echó al presidente municipal, prohibió hacer
propaganda política de cualquier partido de cara a las elecciones de noviembre,
y en enero del 2012 eligieron un consejo municipal autónomo.
En el mismo estado,
pero en la comunidad de Urapicho, en el municipio de Paracho, un grupo de
comuneros armados y encapuchados difundió en octubre de 2011 un video para
denunciar el acoso del crimen organizado y la omisión de las autoridades
locales. La comunidad colocó retenes en los ingresos al poblado y solicitó apoyo
al Gobierno federal.
Durante el 2012, en
el Valle de México y Puebla se sucedieron linchamientos y amenazas vecinales a
la delincuencia.
Cinco personas
fueron linchadas por vecinos de Chalco y Texcoco, y 17 más lograron ser
rescatados por cuerpos policiacos. En Puebla dos presuntos delincuentes fueron
linchados y tres más pudieron ser rescatados por los elementos policiacos.
Los mensajes que
advierten que los delincuentes que sean sorprendidos no serán remitidos al
Ministerio Público, sino que serán linchados por la población, se han
multiplicado en municipios como Coacalco, Melchor Ocampo y San Mateo Atenco, y
en delegaciones como Venustiano Carranza, Xochimilco e Iztapalapa.
GRUPOS ARMADOS
Otro caso destacado
de comunidades organizadas al margen del Estado mexicano para cubrir sus
necesidades básicas es el de los 38 municipios autónomos conformados por bases
de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde finales de 1994 en
Chiapas.
Las comunidades
están agrupadas por el Consejo Autónomo Municipal, cuyos representantes
integran a su vez uno de los cinco Caracoles, vigilados por el Comité
Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN.
El 21 de diciembre
del 2012, ante los reflectores internacionales que otorgaba el supuesto “fin
del mundo”, más de 40 mil miembros y bases de apoyo del EZLN caminaron por
cinco municipios en silencio para evidenciar su permanencia 19 años después del
levantamiento armado.
Otro caso es el de
San Juan Copala, Oaxaca: una parte de la comunidad triqui se declaró a partir
de 2007 municipio autónomo, pero los conflictos entre las distintas
organizaciones -Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); Movimiento de
Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y Unidad para el Bienestar
Social de la Región Triqui (Ubisort) –señalada como un grupo paramilitar–, han
generado un ambiente de violencia que ha obligado a comunidades completas a
dejar su territorio desde 2010.
Santa María Ostula,
Michoacán, es un ejemplo más: sus comuneros recuperaron alrededor de mil 300
hectáreas que estaban en manos de pequeños propietarios del poblado La Placita,
lo que ocasionó el asedio de grupos paramilitares y que la comunidad de Ostula
organizara su policía comunitaria tradicional y nombrara una guardia comunal.
Hasta 2011, 27 activistas fueron asesinados y cinco más fueron desaparecidos en
un periodo de dos años.
En paralelo surgen
esporádicamente grupos rebeldes. En los últimos cinco años, el Centro de
Documentación de los Movimientos Armados (Cedema) ha registrado comunicados
emitidos por al menos 17 grupos levantados en armas.
Uno de los más
activos es el EPR, que desde el 2 de diciembre repudió la llegada de Enrique
Peña Nieto a la Presidencia de la República.
“¡A impulsar la
resistencia popular y la autodefensa del pueblo!”, exhortaban en su comunicado.
‘No somos un Estado fallido’
El gobernador Ángel
Aguirre niega que Guerrero sea un ejemplo de Estado fallido, pero a lo largo de
la entrevista describe un estado al borde del colapso.
Sumido en una ola de
violencia, descomposición del tejido social y una fuerte presencia del crimen
organizado, Guerrero enfrenta además la pobreza ancestral: de sus 81
municipios, 46 deberán ser atendidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre,
pues un millón 443 mil guerrerenses viven en carencia alimentaria y 977 mil en
pobreza extrema.
2013 trajo una nueva
calamidad: la aparición de nuevos grupos de autodefensa que, haciendo valer su
propia ley, instalaron retenes, mantienen a 40 presuntos delincuentes en el
régimen de reeducación, detuvieron a otros seis y mataron a uno que intentó
escapar.
“En Guerrero las
instituciones están funcionando dentro de la normalidad, en lo que es su Poder
Legislativo, el Poder Judicial... en el Gobierno del Estado estamos
desarrollando programas, atendiendo muchos de los reclamos de la sociedad,
haciendo cosas que no se habían hecho como atender a madres solteras,
entregando uniformes en las escuelas...
“Yo no hablo de
Estado fallido, yo hablo de que ahí tenemos un problema serio, íntimamente
ligado a la pobreza y a la violencia, hablo de que se voltee a ver más al sur”,
comenta.
Al pedirle comparar
al Guerrero del 99 con el que le entregó su antecesor, Zeferino Torreblanca, el
ex priísta hace una mueca, piensa la respuesta y sentencia: “nunca pensé que me
encontraría una entidad como la que recibí. Muchos reclamos no fueron atendidos
ni escuchados. La presencia de grupos delictivos se dejó crecer. Cuando yo
llegué, en Acapulco los miembros de la delincuencia organizada se paseaban por
todos lados, iban y cerraban discos, reservaban restaurantes enteros... No
había centro de monitoreo, Policía Acreditable, centro de certificación de
policías...”.
Lejos de
desacreditar a la Policía Comunitaria que ha tomado el control de la seguridad
en 12 municipios de Guerrero, Aguirre elogia su trabajo.
Explica que esta
agrupación surgió en 1995 en el municipio de Malinaltepec. A él mismo, siendo
gobernador interino, le tocó otorgarles reconocimiento oficial y sus primeras
armas. Hoy en día, esta Policía cuenta con 800 elementos.
“En la medida en la
que estén dentro de un marco legal, es importante y benéfica la coadyuvancia
que den. Tenemos que reconocer que en estos pueblos ha habido una disminución
muy sensible de los delitos. Tal vez no tenga la capacitación de otras
policías, pero sí tienen un espíritu de transparencia y honestidad. Su labor es
admirable, es loable porque a veces ponen en riesgo sus propias vidas”,
comenta.
Pero la CRAC elegirá
un nuevo dirigente en los próximos meses y en ese contexto ha surgido la Unión
de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, que auspicia grupos civiles de
autodefensa que, con los rostros cubiertos, han instalado retenes para detener
a presuntos delincuentes. La UPOEG es dirigida por Bruno Plácido Valerio,
aspirante al liderazgo de la CRAC.
Aguirre admite
señales preocupantes: la desconfianza de estos grupos en los jueces,
ministerios públicos y policías municipales; su negativa a que el presidente de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos entrara a supervisar las llamadas
“casas de justicia”, donde hay 40 detenidos, y su afán de juzgarlos por su
propia cuenta.
NARCO Y POBREZA
El gobernador admite
la presencia de grupos criminales en su entidad; incluso reconoce que en
algunas comunidades, como lo constató personalmente hace unos días en el
municipio de Copalillo, estos grupos extorsionan a los propios alcaldes y
pretenden controlar el territorio.
“El tejido social se
fue poniendo en una situación de riesgo, porque descuidamos lo social, lo
productivo y, al mismo tiempo, las policías municipales no son confiables”,
apunta.
Niega que la
presencia del crimen organizado y la violencia puedan impedir que lleguen a ciertas
comunidades los apoyos sociales previstos por el nuevo gobierno en el marco de
la Cruzada “Sin hambre”.
Aguirre finca sus
esperanzas en la cruzada anunciada por Enrique Peña Nieto, pero mientras los
apoyos llegan, admite sin reparo: “hoy la condición en la que se vive en muchos
pueblos de Guerrero está para decir: ‘oiga gobernador, por lo menos lléveles
algo de comer’. Pese a todo insiste: “yo no hablaría de un Estado fallido”.
AHORA DELINCUENCIA IMPONE TOQUE DE QUEDA EN GUERRERO
Habitantes de la cabecera
municipal de Tixtla de Guerrero denunciaron que presuntos delincuentes
impusieron un toque de queda que contempla el cierre de establecimientos
comerciales.
La medida es
implementada desde el viernes 25, a partir de las 22:00 horas, y se enfoca en
el corredor gastronómico ubicado en la periferia del poblado, sobre la
carretera federal que conecta a la Región Centro con la Montaña, explicaron
habitantes que pidieron el anonimato.
Al respecto,
señalaron que un grupo de sujetos armados que se desplaza abordo de una
camioneta negra tipo Suburban está recorriendo esta importante área de
actividad económica y ordena el cierre de negocios y que ninguna persona
circule por la zona.
“Están advirtiendo
que van a agredir a quien no acate el toque de queda”, aseguró uno de los
ciudadanos tixtlecos entrevistados este sábado.
También reprocharon
la actitud de las autoridades locales que, afirmaron, no están haciendo nada
para proteger a la ciudadanía.
El toque de queda
impuesto por la delincuencia en la cabecera municipal de Tixtla, está
relacionado con el movimiento de autodefensa armada que implementaron indígenas
nahuas de las comunidades de Atliaca y Acatempa desde el lunes 21, indicaron.
Esto debido a que en
el poblado de Tixtla se asienta una célula del crimen organizado que opera
impunemente y realiza secuestros y extorsiones en esta zona de la Región
Centro, ubicada a 15 minutos en auto de la capital guerrerense, señalaron los
afectados.
Los entrevistados
afirmaron que este grupo delincuencial prácticamente fue expulsado de las
comunidades indígenas de Atliaca y Acatempa, donde los pobladores, hartos de la
ola de secuestros y extorsiones, decidieron armarse para enfrentar directamente
a los criminales.
Por ello hicieron un
llamado a las autoridades para que restablezcan la seguridad en Tixtla y no
intervengan a destiempo ante el hartazgo ciudadano por la impunidad y violencia
que persiste en la entidad.
Surgen ‘policías civiles’ por Falla en el Gobierno
Tal parece que otros
estados del país pretenden imitar lo que ha sucedido a últimas fechas en el
estado de Guerrero, donde comunidades han tomados las armas para defenderse de
la delincuencia.
Recientemente,
diferentes comunidades rurales y urbanas se han visto obligadas a tomar la
seguridad en sus manos, lo que evidencia una ausencia del Gobierno, afirmaron
especialistas.
“Estamos frente a un
problema en el que el Estado está ausente, donde las normas gubernamentales no
operan, donde la ley y la Policía están desmontadas, están en retroceso o
existen poderes paralelos”, advirtió el sociólogo y antropólogo Roger Bartra.
“Es un fenómeno
propio del atraso y la miseria que han desencadenado decenios de corrupción
estatal y mal Gobierno”.
Las Policías
comunitarias, la organización vecinal para colgar mantas en las que se amenaza
a la delincuencia, los linchamientos y el surgimiento de municipios autónomos
dejan ver, según los especialistas, el colapso de las instituciones del Estado en
muchas regiones del País.
“La justicia por
propia mano es un fenómeno que denota insuficiencia de respuestas
institucionales eficaces ante el delito y muestra la exasperación de diversos
sectores de la población.
Cuando el Estado
falla en lo elemental, propicia fenómenos de autodefensa”, señaló el jurista
Diego Valadés.
En tanto, el
politólogo Luis Rubio subrayó que, cuando la comunidad tiene que organizarse
para protegerse, queda en evidencia que la autoridad sólo es formal, pero no
real.
Expertos opinan que
todo esto se debe a que la sociedad cada vez cree menos en la justicia y al
verse superada por la delincuencia prefiere defenderse aunque signifique
arriesgar la vida.
(ZOCALO/Reforma/ Especial/ 27/01/2013
- 06:10 AM)
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