Lejos de pacificar al país, lo ensangrentó. En vez de
cohesionar a las fuerzas federales que enfrentan la potencia de fuego y el
poder corruptor de la delincuencia organizada, Felipe Calderón dividió al
Ejército y a las corporaciones policiacas, además de confrontar al Poder
Judicial para mantener impunes a sus incondicionales y hundir a quienes consideraban
sus adversarios. Al seguir el hilo de la fabricación del caso del general
Ángeles Dauahare, se recorre toda esta trama de ilegalidades en que el ex presidente
basó su guerra contra el narco.
Jorge Carrasco
Araizaga
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Apenas ocurrió el cambio de poderes se empezó a evidenciar de
manera oficial que la violación al debido proceso fue una constante en el
gobierno de Felipe Calderón. Horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación liberara a la ciudadana francesa Florence Cassez, se empezó a
derrumbar otro de los grandes “éxitos” del sexenio pasado: La detención del
general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, el militar de más alto
rango acusado dentro de la “guerra al narcotráfico” del expresidente.
A la Procuraduría
General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam le resultará difícil
sostener las acusaciones de delincuencia organizada fincadas por su antecesora
Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y
el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de
los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón.
Por sus servicios en
la PGR, donde ha hecho parte de su carrera de servidor público, sobre todo en
el sexenio pasado, Calderón ascendió a Vargas Tirado al grado de coronel del
Ejército en la promoción de ascensos en las Fuerzas Armadas el pasado 20 de
noviembre, 10 días antes de que acabara su gobierno.
Requerida
judicialmente por el abogado defensor del divisionario, Ricardo Sánchez Reyes
Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de comprobar que el general retirado
fue protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el
gobierno de Calderón le enderezó la acusación de delincuencia organizada con la
finalidad de cometer delitos contra la salud.
En un escrito
entregado al juez Tercero de Distrito en Procesos Federales con sede en el
penal del Altiplano, en Toluca, Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, la PGR
le respondió al abogado que las declaraciones de los “testigos protegidos
colaboradores” no están corroboradas de manera convincente, salvo el hecho de
que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
Con el número de
oficio DGCPPAMDO/707/2013, difundido inicialmente por el periódico Reforma el
martes 22 de enero, la PGR aludió a los dichos de los testigos identificados
con las claves Jennifer y Mateo, quienes acusaron de oídas a Tomás Ángeles de
aprovechar sus distintos cargos de jefe militar para proteger a los Beltrán
Leyva.
El abogado Roberto
López Nájera, Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán El Grande, quien se
convirtió en colaborador de la PGR con el alias de Mateo, inculparon al general
en retiro sin que la dependencia a cargo de Marisela Morales corroborara sus
acusaciones, además de que sus declaraciones ministeriales fueron desvirtuadas
por el Ministerio Público federal en la averiguación previa para involucrar aún
más a Ángeles Dauahare.
El deslinde la PGR
sólo favorece al divisionario, quien en 2006 estuvo entre los considerados a
ser secretario de la Defensa Nacional con el propio Calderón, pero terminó
siendo subsecretario en los dos primeros años de ese gobierno. El juez dio
vista a los otros militares acusados para adherirse o no a ese reconocimiento
de la PGR.
Denuncia anónima
Desacreditados los
dichos de los testigos por la propia PGR, se debilita también la denuncia
anónima del 17 de marzo de 2010, que supuestamente se hizo vía telefónica a la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO, hoy SEIDO). Según esa “prueba” que quiso hacer valer la PGR en tiempos
de Calderón, militares con grados de generales y mayores colaboraban con la
organización de los Beltrán Leyva para realizar actividades de narcotráfico.
Esa fue la
justificación de la PGR para actuar contra los generales Tomás Ángeles, Roberto
Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, el mayor Iván
Reyna Muñoz y el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
La propia
procuradora Morales tuvo que desechar públicamente otra denuncia anónima en la
que se acusaba a Ángeles de haber facilitado el narcomenudeo cuando fue
director del Colegio Militar, entre 2000 y 2002.
Además en esa
denuncia lo acusaban de haber apoyado el extinto jefe del Cártel de Juárez,
Amado Carrillo, cuando fue secretario particular del secretario de la Defensa,
Enrique Cervantes Aguirre, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Esa supuesta
denuncia estaba fechada el 17 de mayo, un día después de la detención del
divisionario.
Otra pieza que se
desacomodó en el juego de la PGR fue la declaración ministerial del 15 de
agosto de 2012 de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, quien negó conocer y
haberse reunido con el exsubsecretario de la Defensa Nacional, como lo dijo
Jeniffer, mientras que Mateo no pudo corroborar las fechas en que supuestamente
se reunió y entregó dinero al acusado.
Con el caso del
general Ángeles derrumbándose en la PGR, el jueves 17 de enero el abogado
Ricardo Sánchez solicitó al juez “el cierre de instrucción” a pesar de que el 6
de enero el propio juez Tercero de Distrito en Materia Penal, en Toluca, le
había dictado auto de formal prisión junto a los coacusados, un hecho sin precedente
en la historia reciente del Ejército.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso
1891, ya en circulación)
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