“Lleva en sus ojos toda la mezcla de la rabia, de la
duda y la tristeza tiene que pagar con el olvido lágrima de puerto y de
destierro”:
Dice el Inmigrante, León Gieco.
Juan Proal
Ardelio Vargas
justificó con cinismo por qué mandó a la Policía Estatal de Puebla a agredir
reporteros y fotoperiodistas: “Cuando estoy operando tengo que estar cuidando
la integridad de mi gente, y bueno, si no se identifican y si no sé quiénes
son, pues con la pena, mano, pues yo estoy operando y yo tengo que apoyar tanto
la integridad física de mi gente como la operación que estoy realizando” (sic).
El entonces
Secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Puebla justificó así
la utilización de la fuerza pública contra periodistas que el 23 de agosto de
2011 cubrían un acto de represión contra campesinos del municipio de
Chignahuapan.
El pasado 15 de
enero el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Ardelio
Vargas Fosado titular del Instituto Nacional de Migración (INM). Es decir, un
policía que se ha caracterizado por su vocación represiva, falta de conciencia
respecto a los derechos humanos y con amplia trayectoria en sectores de
inteligencia y espionaje político, será el encargado de preservar la integridad
de los cerca de 400 mil centromericanos que anualmente cruzan México para
llegar a Estados Unidos (cifra de la Organización Internacional para las
Migraciones).
Ardelio Vargas era
conocido como “el comisario” cuando fue alcalde de Villa Juárez (Xicotepec de
Juárez), Puebla, en el trienio 1987-1990.
“Se comportaba más como un policía que como el presidente municipal”, recuerdan
los lugareños (Proceso, 1582). Su mejor ejemplo para forjar ese carácter fueron
sus tíos Abraham y Melitón Fosado, conocidos como “La Sonora Matancera”,
caciques de la región que controlaban las fincas cafetaleras bajo una amenaza
que se volvió célebre en la región: “Te compro tu finca o se la compro a tu
viuda”.
En los noventa,
Vargas comenzó a formar su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen), del que fue delgado en Chiapas y Oaxaca. Entre 2000 y 2005
fue director de Investigación y Seguridad del CISEN y durante el último año del
gobierno de Vicente Fox fue Jefe del Estado Mayor de la Policía Federal
Preventiva (PFP). También fungió como Comisionado de la PFP. Al ejercer estos
cargos tuvo injerencia en la coordinación de los operativos represivos de
Atenco y Oaxaca, donde se documentaron encarcelamientos injustos, arrestos con
exceso de violencia, violaciones sexuales, secuestros y delitos de lesa
humanidad. Además, Vargas también fue titular de la extinta Agencia Federal de
Investigaciones.
El poblano está
orgulloso de su trayectoria. “Soy policía, mis hijas están muy orgullosas de
que su padre sea policía”, declaró al periódico La Jornada en una entrevista
publicada el 22 de enero pasado.
Vargas presume su
vocación de policía y cabe decir que no es un policía bonachón. A su paso por la Secretaría de Seguridad
Pública utilizó la violencia contra los civiles como recurso cotidiano. El caso
más indignante fue cuando ordenó a sus subordinados la represión violenta de
ahorradores defraudados por las casas Sitma e Invergroup, quienes se
manifestaban pacíficamente. Muchos adultos mayores resultaron heridos y otros
más encarcelados.
En su intento por
pintar de legitimidad su gobierno, una de la primeras acciones del presidente
Enrique Peña Nieto fue otorgar al sacerdote Alejandro Solalinde el Premio de
Derechos Humanos 2012 por su labor en defensa de los migrantes
centroamericanos. En ese acto, el mandatario declaró que su gobierno se
caracterizaría por el respeto a los derechos humanos y propiciar un clima de
tolerancia. La designación de Ardelio Vargas corrobora que ese galardón fue
únicamente un acto de propaganda, una estrategia para limpiar la maltrecha
imagen del presidente emanado del PRI.
Solalinde se refirió
a la llegada de Vargas al INM: “La designación de un policía implica el mensaje
de que en el país los derechos humanos pasan a segundo término (…) Si se
requiere un alma nueva, un rostro nuevo para el INM, se debe poner a una
persona versada en derechos humanos, con solvencia moral, pero jamás poner a un
policía (…) Toda la retórica, todas las palabras que hacían que diéramos al
menos el beneficio de la duda al nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, todo se
desploma al poner a una persona que es policía”.
La simulación del
nuevo gobierno federal se desmorona. El 13 de enero pasado, Osorio Chong se
reunió con familiares de personas desaparecidas por la violencia que ha
sacudido al país. Se comprometió ante los deudos: “Buscaremos a todos los
desaparecidos”. Días después el que desapareció fue Osorio Chong, quien dejó
plantados a los familiares en una cita previamente acordada.
El nombramiento de
Ardelio Vargas parece estar directamente relacionado con la política alentada
por Estados Unidos de reprimir los movimientos migratorios a su país,
utilizando los rostros más crudos de la violencia policial. Uno de los
antecedentes directos de esta práctica fue el Plan Sur, lanzado en 2001 durante
la administración de Vicente Fox, cuando se le encargó al INM poner en marcha
actos de agresión contra los centroamericanos.
Los migrantes son el
alimento de las bandas delictivas, los policías corruptos, polleros y agentes
migratorios. Sufren comúnmente represión, secuestros, tortura, violencia sexual
por parte de autoridades federales, estatales, municipales y miembros del
crimen organizado. Tan sólo en el sexenio pasado se reportaron entre 70 mil y
120 mil migrantes desaparecidos, de acuerdo con Human Rights Watch, Amnistía
Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tal vez el caso más
alarmante, por ser dado a conocer en los medios de comunicación, fue el
homicidio a manos de “Los Zetas” de 58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría
centroamericanos, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Los integrantes de
la caminata Por la Defensa y Dignidad han responsabilizado directamente al INM
de tener nexos con la delincuencia organizada. El sacerdote Solalinde ha
respaldado esa versión: “El INM, por más que lo quieran maquillar, está
podrido, está invadido por el cáncer de la ambición. En la dirección hay otra
práctica con cierta ética, pero en provincia, y sobre todo en la ruta
migratoria, la delincuencia organizada, los cárteles, sobre todo Golfo y Zetas
y policías, no van a soltar a los agentes de migración”.
La designación de
Ardelio Vargas Fosado por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto apunta a que
la violencia contra los centroamericanos no sólo va a continuar, sino que será
más aguda. Si realmente la administración federal quisiera velar por los
derechos de los migrantes habría nombrado al frente del INM a una figura con
peso moral y trayectoria en su defensa de las garantías individuales. No fue
así.
Vargas, según su
historia de vida, llegará a reprimir, a ejercer mano dura contra los indefensos
centroamericanos. Veremos con más frecuencia actos de humillación, golpizas y
vejaciones contra ellos.
Los representantes
de refugios para migrantes reportaron que en los últimos meses se ha
incrementado hasta en ocho veces el flujo de centroamericanos por México,
principalmente por la crisis continua que azota a las naciones
latinoamericanas. Los hondureños no se han repuesto del golpe de estado de 2009
y la zona, en general, sigue siendo un paraíso de la depresión, el desánimo y
la inseguridad.
Sumergidos en
tierras de corrupción, impunidad, desempleo y desesperanza, los
centroamericanos y los mexicanos aún ven en “el sueño americano” la única vía
para acceder a una vida medianamente digna. Pero en su viaje cargan con la
muerte a cuestas. Los esperan, como hambrientas aves de rapiña, “Los Zetas”,
los policías y los agentes migratorios. La llegada de Vargas Fosado sólo
reitera que, en materia de política exterior, el gobierno mexicano seguirá
exigiendo a Estados Unidos (de dientes para afuera) el respeto para los
derechos humanos de sus habitantes, pero solapará que se cometan los más viles
maltratos contra sus vecinos del sur.
Twitter: @juanpabloproal
(PROCESO/ Juan Pablo Proal/ 25 de enero de 2013)
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