Mes y medio después de que Felipe Calderón dejara Los
Pinos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la “liberación
inmediata” de Florence Cassez, con lo que echó por tierra el caso emblemático
del calderonismo montado por el superpolicía Genaro García Luna y sus
colaboradores con el apoyo del duopolio televisivo. Queda pendiente el castigo
a los responsables de las irregularidades, pero del caso se desprende una
importante consecuencia natural: con su fallo,
la Corte pone en jaque al sistema persecutorio mexicano, basado en los
abusos policiacos y en la violación sistemática de los derechos humanos de
presuntos o verdaderos culpables.
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Retardada, ya sin presiones desde el Poder Ejecutivo, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación se pronunció contra el abuso de poder del
gobierno de Felipe Calderón. Después de casi dos años los ministros de la
Primera Sala echaron abajo uno de los casos emblemáticos de la actuación del ex
presidente panista y del que fuera su secretario de Estado favorito: Genaro
García Luna.
El miércoles 23,
desde el máximo tribunal del país salió la orden de liberación inmediata de la
ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, de 38 años, presa
durante siete y acusada de delincuencia organizada y secuestro en un proceso
viciado desde su origen.
Ya con Calderón
fuera del poder y García Luna en el extranjero, la posición que prevaleció en
la Corte la expresó el ministro Arturo Zaldívar, cuya propuesta de resolución
fue por la que se inclinó la Primera Sala: En el caso de la ciudadana francesa,
la policía, el Ministerio Público y los jueces actuaron de manera equivocada.
La Suprema Corte
quiere hacer de ese criterio una tendencia para que los tribunales federales
vigilen que se respete el debido proceso. “Si las cosas no se hacen bien en la
policía y el Ministerio Público, la gente va a salir libre”, dijeron a Proceso
funcionarios del máximo tribunal.
Por tres votos a
dos, la Primera Sala ordenó la libertad inmediata de Cassez por las violaciones
constitucionales y procesales cometidas por García Luna en su decisión de
encarcelarla por su participación en el supuesto secuestro de tres personas.
Reiteró lo dicho en marzo del año pasado, cuando abordó por primera vez el
caso: En su detención se violaron el principio de presunción de inocencia, el
derecho consular y el debido proceso a causa del “efecto corruptor” del montaje
televisivo preparado por García Luna y sus hombres más cercanos.
La Corte no se
manifestó sobre la responsabilidad o inocencia de Cassez, aunque al invalidar
el proceso y la sentencia en la práctica la dejó como no culpable.
Aun cuando el
“superpolicía” de Calderón esté fuera del país, tras la decisión de la Corte
aparece como uno de los primeros ex funcionarios del sexenio calderonista a los
que se les pueden fincar responsabilidades por esas violaciones, junto a sus
principales colaboradores, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, ahora empleado
del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.
Las
responsabilidades pueden ser administrativas, civiles y hasta penales. Pero en
su debate los ministros no fueron explícitos. Tampoco se espera que la Corte dé
vista al Ministerio Público.
La decisión está en
la Procuraduría General de la República (PGR), que podría iniciar de oficio una
investigación contra los responsables del montaje televisivo sobre la detención
de Cassez, el personal del Ministerio Público que le dio fe a esas actuaciones
y hasta de los propios jueces y magistrados que tampoco vieron esas
irregularidades y la condenaron a 60 años de prisión.
El gobierno de
Enrique Peña Nieto aún no ha decidido qué hacer, aunque el procurador Jesús
Murillo Karam dijo el viernes 25 que las violaciones señaladas públicamente por
los ministros “podrían constituir un delito”, mientras que el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió un día después del fallo
de la Corte a que “en cuanto haya un señalamiento público oficial, nosotros
también lo haremos con la investigación correspondiente”.
Lo que nadie vio
A diferencia de
marzo de 2012, cuando el caso de Cassez se trató por primera vez en la Primera
Sala y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se pronunció por castigar a los
responsables de las violaciones, el miércoles 23 los ministros no se refirieron
a quienes deberían responder.
Todos los caminos
llevan a García Luna de forma directa y por extensión a quien fue su jefe,
Felipe Calderón. Su abogado, Alonso Aguilar Zínser, evitó hacer comentarios sobre los escenarios
en que puede quedar el ex secretario de Seguridad Pública, quien ya está
marcado por su fracaso ante Cassez.
De acuerdo con el
constitucionalista y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Elisur
Arteaga, a partir de la resolución de la Corte, funcionarios del poder
Ejecutivo y Judicial están involucrados en las graves violaciones cometidas
durante el proceso judicial contra Cassez.
En el caso de García
Luna considera que puede ser demandado por la vía penal, de acuerdo con la
fracción segunda del artículo 109 de la Constitución. Según esa disposición,
los delitos cometidos por cualquier servidor público serán perseguidos y
sancionados en los términos de la legislación penal.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso
1891, ya en circulación)
(PROCESO/Jorge Carrasco Araizaga/26 de enero de 2013)
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