Caso Familia Ríos Fimbres
Hace 3 años, el
periodista Alejandro Matty realizó el primer reportaje relacionado con el tema
de Radiación en los hogares de Sonora, vía familia Ríos Fimbres y otras más del
Sur de Hermosillo, donde denunciaban la presencia de Cobalto 60 en las varillas
con las que construyeron las viviendas del sector, donde presumiblemente han
muerto m(Dossier Político /Jesús Ortega / 2013-01-27)Más de 100 vecinos y
enfermado a otro centenar más de cáncer y otras afectaciones en la salud.
La señora Dulce
María Fimbres y el señor Jesús Ríos León revelaron a Dossier Político que “las
autoridades locales ahora quieren justificar su apatía e indiferencia con que
nuestro problema es un asunto psicosomático, cuando estamos muriendo por la
gran cantidad de material tóxico en nuestro organismo, por eso vamos a Tucson
(Arizona)”.
Lamentaron la
irresponsable declaración del secretario de Salud en Sonora, Bernardo Campillo,
quien aseguró que enviaron a la colonia Altares una brigada “especializada” en
radiación y no detectaron la presencia de ese material.
“Tenemos los
resultados del laboratorio Analítica del Noroeste, S. A. de C. V. donde
certifica que tenemos concentraciones de material tóxico como Cadmio, Arsénico,
Cromo, Molibdeno y Manganeso”, aseveró el señor Ríos León.
La indiferencia
Desde enero, la
familia Ríos Fimbres expuso su caso a las autoridades mientras que éstas, aún
permanecen inmersos en la indiferencia y la apatía oficial que han mostrado a
lo largo de más de 20 años por atender y solucionar esta crítica problemática
de salud pública que estaría diseminada en territorio sonorense.
El señor Jesús Ríos
León declaró que desde el pasado 25 de octubre del 2002 adquirió la vivienda
marcada con el número 3 de la calle Manuel Rivera Zamudio de la colonia
Altares, Sección Franciscanos y que al paso de 5 años, en noviembre del 2007,
se vieron en la necesidad de internar a Dalia María, una de sus hijas, por una
inflamación en el cuello.
Después del chequeo
médico practicado por personal del Hospital Infantil del Estado de Sonora
(DIF), se detectó un absceso por lo que el día 20 de noviembre de ese 2007 la
intervinieron quirúrgicamente para extraerlo.
La preocupación y la
sospecha de la existencia de material radiactivo en la vivienda de la familia
Ríos Fimbres, los llevó a solicitar la intervención del entonces secretario de
Salud en el Estado, Manuel Robles Linares, a través de Arbitraje Médico en
diciembre del mismo año.
El daño
En enero del 2008,
un nuevo absceso en el cuello de la menor Dalia María propicia una segunda
operación y una serie de estudios Gamma gama de glándula tiroides que le son
practicados día 15 de ese mes en la Clínica del Noroeste, mismos que
continuaron hasta el 20 de junio y el día 26, le practican una biopsia.
Para el 9 de
septiembre de ese año, nuevamente es sometida a una operación por tiroides y el
20 de octubre, el personal médico del DIF les notifica que la región operada de
la menor está infectada con células cancerosas.
Al certificar la
enfermedad de su hija –la segunda de tres hijos-, los señores Dulce María
Fimbres y Jesús Ríos León recurren a varios hospitales y clínicas de la Ciudad
para someter a la menor al delicado tratamiento médico y el 23 de octubre le
realizan estudios de triglobulina; un día después, tomografía axial de tórax y
TAC de cuello.
El día 28 de
octubre, por tercera vez es operada de urgencia derivado de las complicaciones
de la enfermedad por lo que los análisis clínicos constantes no se hacen
esperar y durante todo el mes de noviembre, la joven va de lugar en lugar hasta
el primero de diciembre, cuando en el hospital CIMA le es practicado un rastreo
gamma gama.
Durante 10 días se
encuentra en observación y el día 10 de ese mes, recibe una dosis de 150 mCi de
Radio y Yodo; todo diciembre, Dalia María padece los estragos de las células
cancerosas que cada vez, dañan su cuerpo.
Las pruebas
En enero del 2009,
el señor Jesús Ríos León realiza un monitoreo especializado (con un
Centilómetro y Gueiger) de detección de radiación en su vivienda donde detectó
altas concentraciones tóxicas en paredes y piso, por lo que decide informar a las
autoridades de la presencia tóxica en su vivienda que a la postre, ha dañado la
salud de su familia.
“En la casa
comenzamos a pensar que hay radiación al momento que a la niña se le dio un
tratamiento de Yodo radiactivo que no le hizo efecto, además de que todos
empezamos a sentir síntomas de agotamiento, pero no sólo en la familia, sino
también en vecinos que están afectados.
No podemos decir que
la situación es la misma que la de nosotros, pero sí semejante; yo cuando me di
cuenta de la radiación me di a la tarea de investigar y utilizo el equipo de
detección y lo paseo por la casa y vi, que en la parte de los ´castillos’, se
notaban anomalías muy fuertes, entonces el aparato empezó a ´chillar´ y supe
que había radiación”, apuntó.
Acudió a la Unidad
Municipal de Protección Civil a reportar el hecho y fue hasta marzo que pidió
la intervención del entonces subdirector de Protección Civil Municipal,
Francisco Matty Ortega, para solicitarle al Departamento de Geología de la
Unison que certifique la existencia del material peligroso.
La Sener
El señor Ríos
manifestó que “la Universidad se da a la tarea de investigar y me dicen que sí
hay radiación y que se deben hacer estudios posteriores; entonces ahí, con
apoyo del comandante Trujillo de Protección Civil del Estado, nos ponemos en
contacto con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia, entonces
vino el día 12 de octubre y hace el estudio.
Pero después de un
tiempo nos dan una respuesta absurda, después de explicarles las afectaciones
que estamos sintiendo llegan con una prepotencia sugiriendo que nosotros
habíamos enfermado a la niña”.
Por su parte, la
señora Dulce María dijo que tenían entendido que la CNSNS “tenía la última
palabra, que era la máxima autoridad en el oficio y que si la radiación en la
casa no rebasaba el doble de la de afuera, no existe riesgo para la salud de
las personas pero en el estudio de la Comisión sale que afuera da 10 y adentro
40
Expresó que aún
esperan respuesta de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia
desde el 12 de octubre del año pasado, “pero ésta no ha llegado, no nos han
mandado ni un acta ni un oficio por eso ahora decidimos hacer pública nuestra
situación para haber si así las autoridades nos atienden”.
Más casos
En un domicilio de
la colonia Valle del Marqués vive la familia del niño Alán, quien perdiera la
vida el pasado mes de julio del 2008 a consecuencia de las varillas
contaminadas con las que se construyó su vivienda.
La señora Leticia,
madre del menor, se solidarizó con la familia Ríos Fimbres pues conoce el
penoso peregrinar por el que atraviesa por la enfermedad de dos de sus hijos,
Dulce y Jesús y el recuerdo reabrió sus heridas.
Derivado de las
investigaciones realizadas por Dossier Político, los efectos dañinos a la salud
de quienes habitan y/o habitaron este sector de la Ciudad revelan que la
presencia de altos grados de toxicidad radiactiva en sus hogares es,
principalmente, la causa de malformaciones físicas y fisiológicas en centenares
de recién nacidos, niños y adultos.
Como segunda razón,
los vecinos del Sur de Hermosillo consideran que es la gran variedad de
desechos químicos que fueron enterrados en el Cytrar, que el pasado 19 de
noviembre cumplió 11 años de haber sido clausurado por las autoridades
federales pero que aún, las más de 350 mil toneladas de material tóxico ocultas
en el lugar, estarían contaminando el ambiente y la salud humana.
Durante más de dos
décadas, las autoridades de los tres niveles de Gobierno han mantenido total
hermetismo en el tema pese a los resultados de los estudios realizados por
especialistas del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora y
diversas empresas internacionales que se han interesado en esta problemática
social y que advierten, del permanente peligro de muerte.
La radiación
El 14 de diciembre
de 1983, miles de toneladas de varilla radiactiva contaminada con Cobalto 60
fueron utilizadas por las empresas Falcón de Juárez, Fundival, S.A. localizada
en Gómez Palacio, Durango; Alumetales, S.A. de C.V., de Monterrey, N.L.;
Duracero, S.A. de C.V., de San Luis Potosí, S.L.P. y el principal comprador de
chatarra del Yonke Fénix, Aceros Chihuahua, S.A. de C.V. (Achisa),
principalmente para construcción.
A 30 años de ese
incidente de impacto internacional, del cual las autoridades omitieron
información a la opinión pública por presunta corrupción y tráfico de
influencias con las grandes compañías acereras del País y del extranjero, la
radiación ya afectó a varias familias sonorenses, como a la familia Ríos
Fimbres, de la colonia Altares, de Hermosillo, que presenta diversas
enfermedades y un lamentable caso de cáncer.
La familia afectada
reveló a Dossier Político que desde el pasado 2007, comenzaron las afectaciones
a la salud de sus tres hijos, caso que han presentado ante las autoridades de
los tres niveles de Gobierno quienes hasta el momento, han dado largas al
asunto al mostrar indiferencia hacia los afectados que, al parecer, ha dejado
la varilla contaminada con la que la constructora edificó su vivienda, que
aseguran, no es la única.
La carga
A mediados de enero
de 1984, una alarma del laboratorio nuclear de Los Álamos, en Estados Unidos,
se activó, alertando del paso de un camión con toneladas de varilla procedente
de la fundidora Aceros Chihuahua, S.A. de C.V. (Achisa).
Para febrero del
mismo año, se produjeron un total de seis mil 160 toneladas de varilla y tres
mil 470 toneladas de material en proceso (billet, redondo, liso, etc.) que se
diseminó por el Sur de la Unión Americana y en 16 Estados del País:
Chihuahua, Sonora,
Baja California Norte, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato,
Morelos, Hidalgo, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Durango, Baja
California Sur y Aguascalientes; durante el mes de enero de 1984, se exportó a
Estados Unidos tanto varilla para construcción, como bases metálicas para
mesas, fabricadas ambas a partir del material contaminado.
(DOSSIER POLÍTICO/ Jesús Ortega /28 DE ENERO 2013)
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